La obstinada reforma tributaria

Si bien hay complacencia en el Gobierno tras la reciente aprobación del primer trámite legislativo del proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria a fin de costear la reforma educacional anunciada por el Presidente de la República en su mensaje del 21 de mayo último, también hay preocupación en amplios sectores de la ciudadanía porque se desconocen los criterios y mecanismos para distribuir los mil 200 millones que se pretende recaudar.

Además, nada se sabe respecto de qué va a suceder con aquellos planteles que claramente están lucrando con la educación ¿Se les aumentará la tasa del impuesto de primera categoría a un 20%, para las utilidades que perciban o devenguen durante el año calendario 2012, tal como establece el proyecto? ¿Van a tener los mismos derechos que los otras instituciones de educación, a la hora de impetrar beneficios del Estado? ¿Operarán los mecanismos de control?

Esta obstinada reforma tributaria nos mantiene en un mar de dudas, de allí que resulta particularmente pertinente poner el énfasis en aquellos criterios fundamentales para distribuir los recursos que se recauden.

En el ámbito de la educación superior, al menos se debe tener presente que las universidades del Estado cumplen una función de movilidad social imprescindible en un país con altos niveles de inequidad en la distribución de la riqueza. Este no es un dato menor si se considera que tal función es realizada por instituciones a las que suelen ingresar, en su mayoría, estudiantes talentosos provenientes de los tres primeros quintiles de la población.

Si realmente aspiramos a eliminar las desigualdades socioeconómicas y, al mismo tiempo, favorecer la calidad en la formación académica, debemos tener presente que no todas las universidades del sistema de educación superior chileno pueden demostrar logros vinculados con la movilidad social, la calidad de su docencia, el impacto nacional e internacional de sus investigaciones y compromiso con el desarrollo de la cultura.

Históricamente, las universidades del Estado han posibilitado la movilidad social en un marco de excelencia y calidad con estas características y ello las diferencia, de modo decisivo, de otros planteles que reducen el quehacer universitario sólo a mera docencia.

El desarrollo de nuestro país, en su sentido más profundo, requiere de universidades que cuenten con los recursos necesarios para seguir realizando una tarea que va más allá de la simple instrucción. Es por esta razón que al momento de analizar los criterios de asignación y distribución de financiamiento, habrá que tener presente la función de movilidad social de las universidades del Estado, junto con su contribución a la formación de profesionales y ciudadanos, al desarrollo de la ciencia, la tecnología, las humanidades, la cultura y las artes.

No da lo mismo diferenciar necesidades y establecer prioridades de apoyo económico dentro de un sistema de educación superior en el que sólo algunos planteles pueden demostrar una condición auténticamente universitaria. Está claro, entonces, que a la hora de asignar y distribuir los recursos destinados al desarrollo de las instituciones de educación superior, se deberían considerar, al menos, factores como la  inclusión social, el nivel socioeconómico de sus estudiantes y la excelencia académica.