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Columnas

17 de septiembre de 2012

Casen: un abuso de la fe pública

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Ex ministro de Hacienda. Precandidato presidencial.

Enfrentados a la evidencia de las manipulaciones a las que fue sometido el análisis de los datos de la Casen 2011, el ministro Joaquín Lavín y quienes están ejerciendo como sus voceros han intentado cerrar el debate arguyendo que la metodología aplicada fue validada como correcta por la Cepal.

El gobierno pretende presentar dicho argumento como impecable. No lo es. Lo invalidan dos elementos que se han conocido porque economistas y medios de comunicación han bregado para conseguir una respuesta a las múltiples dudas que deja este proceso. Dos asuntos que hacen sospechar que no solo hubo un abuso comunicacional, si no que se abusó también de la buena fe de la Cepal para alcanzar conclusiones que no tienen sustento técnico.

El primer punto se refiere a la inclusión en el cuestionario de una pregunta nueva, la hoy célebre y11, que consulta por los ingresos de familiares no remunerados desocupados e inactivos. Las nuevas versiones de las encuestas suelen incluir preguntas nuevas. La clave es que consulten por las mismas cosas, de modo de mantener la comparabilidad de los resultados a través del tiempo.

Cepal, en su trabajo técnico, inicialmente decidió no incluir la y11 al computar la tasa de pobreza, precisamente por razones de comparabilidad. El resultado global, sabemos hoy, arrojaba una tasa de pobreza del 15,0 %. La clave era la exclusión de la pregunta y11.

Lo que se sabe hasta el momento sobre estos dos puntos es muy inusual y preocupante. Y, dado todo lo anterior, las afirmaciones reiteradas del gobierno de que todos los aspectos técnicos de la encuesta están claros son patentemente falsas. Tales afirmaciones tienen el claro propósito de confundir a las personas que no conocen los detalles técnicos y dar por cerrada una polémica que dista mucho de estar resuelta.

Entonces el gobierno hizo algo inédito: le devolvió su informe a la Cepal. Reclamó e insistió hasta que, al cabo de un proceso cuyos detalles todavía son opacos, Cepal emitió un segundo informe con la cifra de 14,4 %. Así, más de 120 mil pobres quedaron fuera de la estadística por secretaría.

Este proceso fue altamente irregular. Juan Carlos Feres, el encargado del proceso en Cepal, hoy renunciado, afirmó el 11 de septiembre en el CEP que se sintieron “algo presionados” cuando el gobierno les pidió recalcular la pobreza incorporando la pregunta y11. “No teníamos toda la tranquilidad para operar”, resaltó, aludiendo a la premura con que les exigieron la información.

Dado lo anterior, no queda claro por qué Cepal accedió a la exigencia del gobierno. No puede haber sido porque una decisión u otra importaran poco en el cálculo final de la pobreza. Incluir la pregunta y11 a petición del gobierno bajó la tasa de pobreza en 0,6 %. Dicho de otro modo: casi toda la mejora reportada por el gobierno se debe a esta pregunta.

La Cepal también deja claro en su informe que el comportamiento de los ingresos reportados en la pregunta y11 es bastante atípico. El argumento del gobierno es que estos ingresos se capturaban en la categoría “otros ingresos” y que lo único que hace la y11 es añadir más detalle a la pregunta respectiva. De ser así, los datos de la actual Casen y las anteriores serían comparables. Pero resulta que, según consta en el informe Cepal (nota 11), el monto reportado en 2011 es 12 veces mayor que el reportado en 2009. Lo que resulta especialmente peculiar, dado que entre el 2006 y el 2009 el monto reportado bajo “otros ingresos” había caído fuertemente.

Según informa Ciper (y nadie lo ha desmentido hasta el momento), Cepal habría accedido a incluir la pregunta y11, y así reducir la tasa de pobreza, porque el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) le habría garantizado que en los pretest efectuados el comportamiento de los ingresos reportados en y11 no era preocupante.

Pero ocurre —y este es un dato clave— que el MDS nunca entregó la ficha técnica de dichos pretest (especie de encuesta pequeña previa) a la Cepal. Nadie en Cepal los vio, y al parecer hicieron fe en las afirmaciones de los funcionarios del gobierno. Pero Andrés Hernando, ex director de Estudios del MDS, declaró que él tampoco conoció estos pretest y sus resultados. Y tampoco hay evidencia que el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, encargada de llevar a cabo la encuesta, haya efectuado dichos pretest.

Finalmente, no deja de ser curioso que, al entregar la base de datos de la encuesta el 7 de septiembre, el MDS haya omitido los datos de la pregunta y11. Todo lo anterior es extremadamente preocupante. La Cepal al parecer accedió a la petición del gobierno de cambiar la cifra de pobreza sobre la base de datos de peculiar comportamiento, y de pretest que nadie aún ha podido ver.

La duda es evidente: ¿Existen esos pretest? Si es así, ¿quién los hizo? ¿Garantizaban la comparabilidad de las preguntas?

Para clarificar este asunto, es imprescindible que el gobierno entregue a la brevedad: a) los datos de la pregunta y11; b) la ficha técnica y los resultados de los pretest; y c) todas las minutas, memorándums o e-mails que se intercambiaron con la Cepal como parte de este proceso.

El segundo aspecto sospechoso es el tratamiento del bono de 10 mil pesos que se entregó a 541 mil personas en noviembre de 2011, justo cuando se hacía el trabajo de campo de la Casen. Este bono se computó mal en la encuesta. Y no se hizo porque la Cepal así lo ordenara, como ha querido dar a entender el gobierno.

El estándar de vida de una familia depende de los ingresos que recibe todos los meses. Si le llega una plata sólo una vez en el año —como era el caso con el bono en cuestión— corresponde dividir el monto por 12 para alcanzar el equivalente mensual. Esta es la práctica normal. Pero no es lo que hizo el actual gobierno.

En el encuentro del CEP del 8 de agosto, el profesor Dante Contreras y yo le preguntamos repetidamente al ministro Lavín como se había tratado el bono. No obtuvimos respuesta alguna.

Sólo en días posteriores, diversos voceros de gobierno admitieron que efectivamente el monto del bono no se había dividido por 12. Argumentaron que ello había sido por decisión de la Cepal. Pero el informe emitido por ese organismo muestra una realidad muy distinta. Allí la Cepal menciona un “problema de diseño del cuestionario” que impide separar aquellos ingresos que deben ser mensualizados de aquellos que no. También, por problemas de diseño, resultaba difícil separar en las respuestas de los encuestados, los ingresos correspondientes a este bono de otros bonos y transferencias, que requerían tratamientos distintos.

Ante ello, el informe de la Cepal concluye que existían cuatro alternativas: a) mensualizar el ingreso global declarado por concepto de Asignación Social; b) no mensualizar estos ingresos; c) excluir de la medición de ingresos el monto declarado; y d) “imputar” correctamente el monto del bono usando información administrativa externa a la Casen 2011.

Sabemos por su entrevista en Ciper que el director de Estudios del MDS, Andrés Hernando, era partidario de la opción de no contabilizar del todo estos ingresos, y que así se lo hizo saber tres veces al ministro Lavín. Sin embargo, la opción escogida fue otra: mantener los ingresos reportados y no mensualizarlos. Como dice claramente la Cepal en su informe, “ese criterio implica aceptar un cierto grado de sobreestimación del ingreso mensual por este concepto, y por ende la subestimación de la pobreza reportada”.

¿Cuánto pesó el incorrecto tratamiento del bono en la medición de la pobreza? La subsecretaria del MDS ha afirmado que el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza habría sido mayor en sólo 0,1 %. Una vez más, esta información es inexacta. La Cepal informa que la diferencia habría sido de 0,15 %, lo que utilizando las normas convencionales de aproximación es 0,2 %. La diferencia no es grande, pero la inexactitud una vez más nos revela la intencionalidad con que ha actuado el ministerio.

Lo que se sabe hasta el momento sobre estos dos puntos es muy inusual y preocupante. Y, dado todo lo anterior, las afirmaciones reiteradas del gobierno de que todos los aspectos técnicos de la encuesta están claros son patentemente falsas. Tales afirmaciones tienen el claro propósito de confundir a las personas que no conocen los detalles técnicos y dar por cerrada una polémica que dista mucho de estar resuelta. Al revés: mientras más detalles salen a la luz pública, más evidente parece que el gobierno actuó mal, abusando de la buena voluntad de la Cepal y de la fe pública.


 

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