Los datos preliminares del cuestionado Censo de 2012 muestran que la presencia en Chile de personas nacidas en el extranjero apenas supera el 2% de la población, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Paraguay, Venezuela o Costa Rica, donde los y las migrantes son más del 4% del total de sus habitantes, lejos todavía de los países europeos o Estados Unidos, donde superan el 12%.

De ahí que la reciente y muy difundida preocupación acerca de su masividad y la amenaza que ella representaría para las oportunidades laborales de los chilenos resulta del todo infundada. Más si se considera que por lo general ocupan espacios o nichos laborales que para nosotros, los chilenos, resultan poco atractivos.

Distintos estudios realizados en el país ponen en evidencia las dificultades que tenemos para relacionarnos con la diversidad y, en particular, con quienes provienen de países vecinos. Discriminación, xenofobia y racismo son expresiones que como sociedad debemos ser capaces de erradicar, bajo el entendido que las múltiples formas en que se expresan tales actitudes suponen tanto la vulneración de derechos como su flagrante violación.

De ahí que el foco de los actuales candidatos presidenciales, quienes aspiran a conducir los destinos del país, debiera estar en la forma en que como sociedad avanzamos hacia el respeto de los derechos humanos de todos y todas. Si algo hemos aprendido luego de la traumática experiencia de la dictadura, es el momento de ponerlo en práctica.

Rolando Poblete Melis
Coordinador académico Magíster en Educación Inclusiva
Universidad Central

En lo que sigue, intentaré hacer una proyección —a modo de hipótesis— de la convocatoria que puede tener la primaria. Los datos que se usan para este análisis son la participación en las primarias realizadas en Chile desde 1993 y las cifras de abstención manifestadas en las últimas municipales cuando se inaugura la inscripción automática y el voto voluntario.

La primera primaria realizada en Chile fue en mayo de 1993 y enfrentó a Frei y Lagos con el objetivo se elegir al candidato presidencial de la Concertación. Fue un evento cerrado a “adherentes y militantes” con un universo electoral de 608.569 electores. De ese total, los votos emitidos llegaron a 388.018. A su vez, el total de válidos llega los 385.733 electores.

La cifra de votos emitidos —similar a los votos válidos— representa el 4,8 % del padrón electoral nacional, el 5,2 % de los votos emitidos a nivel país y el 9,6 % de la votación de Frei. Si analizamos los datos en función del universo habilitado para la primaria —que supera los 600 mil electores— vemos que esa cifra representa el 7,5 % del total de los inscritos a nivel nacional. Sin embargo, a la primara sólo concurre el 64% de los habilitados.

La primaria Zaldívar-Lagos realizada en mayo de 1999 es la que más electores ha convocado. Se trata, de una primaria abierta y ciudadana que tuvo una participación —en votos válidos— de 1.386.326 electores. Una cifra que representa el 17,1 % del padrón electoral nacional, el 19,1 % de los votos emitidos a nivel país y el 41 % de la votación de Lagos en primera vuelta y el 37 % en la segunda vuelta.

La primaria de abril del 2009 entre Frei y Gómez fue abierta y ciudadana. Sin embargo, la modalidad indica que se realizará por zonas —según regiones— y en días distintos. No obstante, sólo se realizó en la Región de O’Higgins y Maule. Los votos válidos llegaron a los 61.843; que representa el 0,75 % del padrón electoral del país y el 6,3 % del total de los inscritos a nivel regional. La votación de la primaria —regional— representa el 0,86 % de los votos emitidos a nivel nacional y el 7 % de los emitidos a nivel regional.

En relación a la votación de Frei a nivel nacional en la primera y segunda vuelta, la participación en la primaria representa el 3 % y el 1,9 % respectivamente. En relación a la votación de Frei a nivel regional en la primera y segunda vuelta, la participación en la primaria representa el 19,5% y el 13,9 % respectivamente.

La referencia más cercana es la primaria municipal del 2012; en la que los votos válidos alcanzan los 313.817 electores para 148 comunas. La cifra representa el 2,3 % del padrón electoral, el 5,4 % de los votos emitidos y el 13% de la votación en alcaldes de la Concertación y el PC.

¿Qué dicen estos datos?

Lo primero que surge, es que no hay un patrón regular de participación en las primarias —según total de inscritos, total de habilitados, total de emitidos y votación del candidato elegido en primaria— que nos permita hacer proyecciones claras y confiables.

No obstante, la Concertación —en función de los datos presentados— no puede llevar menos de lo que convocó en las pasadas municipales y lo que ha convocado en primarias presidenciales anteriores —incluida la del 2009—. Dadas las características de la coyuntura, debe, a lo menos, tener una votación de 600 mil electores. A ello, hay que sumarle el aporte que debe llegar del PC, de la Izquierda ciudadana, del MAS y de los ciudadanos independientes. En lo grueso, y a modo de hipótesis, planteo que la oposición debería convocar en torno a los 800 mil y un millón de electores.

A esta cifra, hay que agregar la convocatoria del oficialismo. No hay datos que permitan hacer proyecciones. No obstante, del propio sector, surge la cifra de 400.000 electores.

En consecuencia, la participación en la primaria presidencial del 30 de junio puede alcanzar una cifra que oscila en torno a 1.2 y 1.4 millones electores.

Esta cifra, la podemos complementar con la participación electoral de las municipales del 2012. En dicha elección votó un total de 5.8 millones de electores. En esta primaria —dadas, las características de la coyuntura—, no va votar más del 50 % de ese total; es decir, 2.9 millones. Si, vota el 40 % del total de los que lo hicieron en la municipal, la cifra llegaría a 2.3 millones. Si, vota el 30 %, la cifra llegaría a 1.7 millones. Si, vota el 20 %, la cifra llegaría 1.2 millones -1.160.000 electores-. Si, vota el 10 %, la cifra llegaría a los 580.000 electores.

Estimo, por tanto, que votara en esta primaria una cifra que oscila entre el 20 % y el 30 % de los que votaron en octubre; es decir, entre 1.2 y 1.7 millones.

Ahora, sólo queda por observar cómo se va manifestar en esta primaria la crisis actual de la política; que he llamado la “crisis del triple pack”: participación, representación y legitimidad.

Esta transversalidad da cuenta de algo concreto. Hace bastante rato que la transversalidad del Congreso nacional dejó de ser correlato de la diversidad de la sociedad. Gracias al sistema binominal y a las barreras de entrada para conformar partidos políticos regionales –en la práctica es imposible fundar una colectividad estrictamente regional siendo la unidad mínima tres regiones contiguas- en el Parlamento existen grupos sobre representados, que bloquean iniciativas que la sociedad demanda con todas sus fuerzas. Es así que en un acuerdo de este tipo, la preeminencia (con honrosas excepciones desde el lado femenino) de la mirada desarrollista por sobre una realmente sustentable no da garantías de representatividad. Todo esto, sin considerar que los mayores beneficiados con la actual redacción de la legislación de concesiones eléctricas (que el gobierno espera aprobar esta semana en el Senado) son Endesa y Colbún, ya que el principal escollo de HidroAysén es precisamente la transmisión.

¿No se pudo ver la posibilidad de hacer diferenciación entre mega proyectos, tan resistidos por la ciudadanía, y proyectos sustentables? Porque desde hace bastante tiempo que en Chile y el mundo entero existen las legislaciones diferenciadas. Pero más allá de estas disgresiones, la alegría de los dueños de las renovables no convencionales por el avance del proyecto 20-20 (que ahora debiera llamarse 20-25) y, en especial, de la ley que agiliza las concesiones eléctricas muestra cuánto nos falta para entender la profundidad de lo que llamamos sustentabilidad.

Ya en 2008 discutíamos sobre la pertinencia de instalar hidroeléctricas pequeñas al interior del Parque Nacional Puyehue. Y más de alguien dijo en la ocasión “no entiendo a las organizaciones, quieren minicentrales y se oponen a ésta que es sustentable”. Tal es el problema que se percibe cuando se escucha a los empresarios de las ERNC alegres porque avanza el proyecto que agiliza las concesiones eléctricas, a pesar que ésta entrega a perpetuidad las servidumbres a las empresas eléctricas, que vulnera el Convenio 169 de la OIT al exigir consulta a las comunidades indígenas sólo previo a la construcción, que pone en riesgo el patrimonio natural al no explicitar que eléctricas deben buscar alternativas cuando sus trazados pasen por parques nacionales y otras áreas protegidas. O cuando limita el derecho a presentar reclamaciones sólo a los dueños de los terrenos y no a todos los afectados, permitiendo además el fraccionamiento de las solicitudes, lo que vulnera la actual legislación ambiental. “Es lo que necesitamos” se les ha escuchado decir.

La pregunta de fondo es: ¿es sustentable un proyecto que se construye, por muy ERNC que sea, pasando por sobre los derechos de terceros? Es algo similar a lo que ocurre cuando se asume que el uso del agua con fines de generación eléctrica es positivo en sí mismo. El problema son las variables que se consideran al tomar las decisiones. Hoy se mira casi esencialmente a la fuente, en circunstancias que es preciso incorporar la magnitud, la localización, el desarrollo económico y social local. De otra forma, cualquier alternativa que entreguemos para los desafíos energéticos del país será más de lo mismo. Podemos impulsar la energía eólica, pero ¿gigantescos parques en Reñaca, Iquique o La Serena donde las comunidades dependen del turismo de sus playas? O también geotermia, pero ¿en los géiseres del Tatio, lugar considerado sagrado por las comunidades indígenas? Incluso energía termosolar, pero ¿pavimentando el desierto de Atacama con tales infraestructuras? O una minicentral hidroeléctrica, pero ¿en un parque nacional cuya integridad el Estado se ha comprometido a resguardar?

El tema no es oponerse a cuanto proyecto existe. Es promover un diálogo previo que permita que intervenciones tan sensibles cumplan con determinadas características que lo armonicen con las comunidades y ecosistemas involucrados. Si los dueños de las ERNC no se hacen cargos de estos conceptos, más que una visión de principios vinculada a la construcción de un país más justo y equitativo pareciera que simplemente se instalaron en el rubro por ser un muy buen nicho de mercado. Y eso no es buscar la sustentabilidad, eso es simplemente querer hacer negocios.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

Los resultados de esa estrategia fueron —qué duda cabe— soporíferos; pero hay que reconocer que tuvo el mérito permitir que la derecha se mostrara, contra lo que ha sido su tradición, disciplinada y unida.

Todo el mundo sabe, por lo demás, que los debates pueden ser decisivos; pero mucho más por los errores que se cometen que por los aciertos que se puedan tener. En ese sentido, el debate de la Alianza fue todo un éxito porque en él no ocurrió ¡nada!

Poco sentido tendría, sin embargo, comentar un episodio cuyos efectos prácticos en vistas a la primaria fueron nulos, si no fuera porque ese episodio permite analizar lo que un amigo mío llama la ‘cultura de la no confrontación’.

Porque el conflicto es parte constitutiva de las relaciones humanas; y la paz que se deriva de rehuirlo a toda cosa es una paz artificial y, en esa misma medida, efímera. Ahí donde no hay roce, dificultad (e incluso pelea), no hay vida.

No se trata de legitimar la violencia o el ataque artero. Aristóteles decía que “cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”.

Mis expectativas para el debate eran ésas: presenciar una confrontación con la agresividad propia de una actividad de ese tipo; y, a la vez, con la agresividad justa. Expectativas que claramente fueron defraudadas por una puesta en escena insulsa y profundamente aburrida.

La confrontación es condición sine qua non de cualquier relación sana. No hay otra forma de llegar a acuerdos genuinos y permanentes en el tiempo; ni otro camino para aceptar que los desacuerdos también existen y son naturales dentro de un vínculo normal.

Renunciar a la confrontación no es, como parece, apostar a la unión; sino dar por perdida, de antemano, la posibilidad de entenderse de verdad o de asumir las diferencias, si es que ellas no se pudieran superar.

Renunciar a la confrontación es, en definitiva, renunciar a la razón; desconfiar de su posibilidad humanizar la lucha y de sacarla del ámbito del mero canibalismo.

La estrategia de la Alianza para el debate desactivó, probablemente, los riesgos más graves que se corrían ese día. Por una parte, el de ser acusada de no ofrecer garantías mínimas de gobernabilidad. Pero privó también a sus candidatos y al conglomerado de ofrecer un espectáculo de categoría.

Que los precandidatos oficialistas no hablen de derechos laborales sino de empleo, no es una novedad para quienes nos hemos acostumbrados a escuchar de nuestras autoridades que lo importante es tener un trabajo, sin importar si te alcanza para vivir o si te permite prosperar en la vida. Lo que realmente debiera llamar la atención, es el empecinado silencio que los precandidatos de la Concertación le dedican a temas como el ingreso mínimo, la subcontratación laboral, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

Más aún, cuando el último gobierno de la Concertación fue el único de todos ellos que no presentó un proyecto de reforma laboral para corregir los nudos pinochetistas del Código del Trabajo. Fue durante esa administración que Codelco se negó a cumplir con lo resuelto por la Dirección del Trabajo, en orden a internalizar a miles de trabajadores contratistas que ilegalmente se desempeñaban en forma permanente para la estatal. Fue durante esa administración que una ministra del Trabajo pidió públicamente a quienes estuvieran desempleados, que no salieran a buscar trabajo porque de esa forma aumentarían los índices de desempleo. Fue esa administración la que decidió llamar a una comisión de expertos para que propusieran una reforma laboral, en vez de enviar directamente un proyecto de ley realmente reformador al Congreso Nacional, pese a que el gobierno tenía mayoría en ambas cámaras y los temas laborales son de quórum simple, o sea, no se requiere cambiar la Constitución para lograr su aprobación. En fin. La deuda es inmensa y las explicaciones brillan por su ausencia.

Todo esto resulta aún más irritante cuando la Presidenta de aquel entonces y su ministro de Hacienda, corren ahora como precandidatos. No recuerdo haber escuchado a ninguno de ellos alusión alguna a los derechos laborales, a las condiciones de trabajo, a los sueldos, a los sindicatos, a las largas jornadas de trabajo, a la inestabilidad laboral, en fin, a todo lo que ocurre en la selva en que vive la inmensa mayoría de quienes deben trabajar para vivir. En cambio, sí les he escuchado hablar de crecimiento, productividad, innovación, competitividad, como si a todos nos preocupara más el rendimiento empresarial que subir los salarios. ¿Pero por qué les va a importar a los trabajadores el crecimiento económico si con eso no suben sus sueldos? ¿Qué importa aumentar la productividad si las ganancias se las va a llevar la empresa y no los que trabajan para ella?

¿Qué te pasó Michelle, que nunca enviaste la reforma laboral? Aún no empezaba la crisis económica de 2009, ibas por tu tercer año de gobierno y nunca la enviaste, pese a tener mayoría en ambas cámaras ¿Por qué en tus discursos nunca le hablas a los trabajadores? ¿Por qué nunca pronuncias la palabra “sindicato”, ni la palabra “retribución justa” que, dicho sea de paso, está en la Constitución? ¿Qué piensas del ingreso mínimo mensual que va a proponer el gobierno? ¿Es poco, es mucho, es adecuado? ¿Qué vamos a hacer con los bajos salarios generalizados, Michelle, que el país crece y crece y los salarios de la inmensa mayoría no cambian? ¿Eso te preocupa? ¿Habrá un nuevo trato para los trabajadores en un eventual gobierno tuyo? ¿Vas a presentar una verdadera reforma laboral, sí o no?

Partamos por decir que Longueira acierta el punto cuando plantea la necesidad de modernizar la legislación migratoria. Y es que la normativa vigente es de 1975, fue concebida bajo la lógica de la seguridad interior del Estado y es anterior a la actual conformación de Chile como un país receptor de migrantes. Donde yerra el candidato es en ignorar que ya hay un proceso que está en marcha, pues el gobierno del que formó parte hasta hace un mes, envió hace 15 días un proyecto de ley migratoria con el que se busca reemplazar el documento de 1975. Digamos de paso que este proyecto más que modernizar la legislación, la convierte en un instrumento para el reclutamiento en el extranjero de mano de obra barata y con precarias garantías en cuanto a los derechos. El proyecto promete además, incrementar la migración irregular en virtud de restricciones que chocan con la realidad. Es sabido que legislar desde la ignorancia genera siempre consecuencias no buscadas. Y es que igual que Longueira quienes redactaron el documento tienen que estudiar un poco, o al menos informarse.

La imagen de los migrantes que proyectó el candidato se basa en el prejuicio, muy extendido en la sociedad por cierto, de que los migrantes constituyen una carga para la sociedad, y que perjudican a ciudadanos chilenos en el empleo y los servicios públicos. Longueira planteó directamente que los migrantes copan empleos que podrían ser para chilenos, ocupan los servicios públicos de salud y saturan el sistema educativo. Es cierto, que hizo la precisión y se refirió a los migrantes “ilegales”, refiriéndose en realidad a aquellos trabajadores extranjeros cuyos empleadores no han tenido el buen gusto de hacerles un contrato de trabajo para que puedan optar a un permiso de trabajo.

Y es que en Chile cualquier persona que entre como turista puede optar a acceder a un permiso de trabajo temporal si consigue un contrato. Si consideramos además que Chile no exige visado para el ingreso de turistas, al menos para ningún país de la región, es bien probable que la cantidad de migrantes en condición irregular sea mínima. Chile entrega facilidades como pocos países del planeta para que los ciudadanos extranjeros puedan acceder a permisos de trabajo. Que lo hagan o no depende exclusivamente de la  voluntad de quienes los emplean. Ahora, claro está que si contáramos con el “mejor censo de la historia”, podríamos saber con exactitud cuantos migrantes están en esta situación, con una simple resta.

Lo que hace Longueira es poner en práctica algo que la ultraderecha europea viene haciendo desde hace décadas: convertir a los migrantes en un “chivo expiatorio”. Normalmente los migrantes se utilizan para justificar la decadencia en la calidad de los servicios públicos en función de promover su privatización. Longueira sin embargo no es tan sofisticado, busca como mucho asegurar que no se le sigan escapando los votos en la derecha profunda de este país. Cabe precisar que el efecto que tiene este tipo de operación en países como Francia o España es significativo pues cuentan con tasas de migración que superan el 10 %, sin embargo en Chile, es poco probable que tenga algún efecto si consideramos que la tasa de migrantes llega como mucho al 2 % de la población. Para ser precisos el dato oficial generado por el ministerio del Interior estima para 2011 poco menos de 350 mil migrantes.

Sería bueno que el candidato explicara cómo es que los 350 mil migrantes que residen y que cuentan con una tasa de actividad superior a la de chilenos, o sea que van menos al colegio, se enferman menos (por su edad) y trabajan más, van a saturar los servicios públicos, que con su trabajo y los impuestos que pagan contribuyen a sostener. O cómo es que los empleos de los chilenos en las regiones del norte del país se van a ver afectados por esta masa desbordante, si más del 70 % de esos 350 mil trabajadores extranjeros reside de la Región Metropolitana hacia sur. Y que en cualquier caso, el único estudio realizado en Chile al respecto, por D. Contreras, J. Ruiz-Tagle y P. Sepúlveda del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, muestra que la concentración de migrantes en determinados sectores y empleos no solo no reduce el salario de los chilenos sino lo incrementa. Como va a explicar también Longueira que su ex colega y compañera de partido, la ministra del Trabajo Evelyn Matthei (a la que seguramente si invitaron a la discusión de la ley migratoria) viene defendiendo la necesidad de traer trabajadores temporeros desde el extranjero porque los chilenos ya no quieren ser explotados en el campo. Una idea que está a punto convertirse en ley, para el pesar de la población migrante que llegue a Chile en los próximos años y sea empleada en el campo por periodos acotados, sin contar con la posibilidad de acceder a una ciudadanía digna.

Pero Longueira ni de esto se entera. A cambio, ofrece el siguiente dato: están llegando migrantes no solo de Perú y Bolivia sino que han empezado a llegar de Ecuador y Colombia, algo que según sus palabras puede constituir una amenaza para que los chilenos puedan disfrutar de los beneficios del desarrollo. Que le explique al candidato a otro de sus ex colegas, el ministro de salud Jaime Mañalich, por qué se le ocurrió decir, citando un estudio del Banco Mundial que solo entre 2014 y 1015 Chile necesitará 2 mil médicos para que los servicios de atención primaria municipal puedan seguir funcionando. Situación que en regiones es sustantivamente más crítica que en la capital. Actualmente la atención primaria en Chile es cubierta en un 30 % por médicos extranjeros, la mayoría ecuatorianos y colombianos. A lo mejor, Longueira piensa que ahí está el problema de la salud en Chile. Podría proponer expulsarlos y obligar a los médicos chilenos a trabajar en los municipios pobres de Chile, en una de esas mejora la atención y bajan nuestras tasas de mortalidad.

Tampoco se entera Longueira que muchas mujeres y hombres chilenos pueden acceder al mercado de trabajo, gracias a que una mujer peruana o boliviana está cuidando, alimentando y criando a sus hijos en la casa. El candidato no parece entender que los migrantes que viven con nosotros ya son parte de nosotros. Ya no están más afuera, y que el desarrollo del que habla, depende en una porción cada vez más importante del sacrificio que estos trabajadores y trabajadoras realizan cotidianamente. Es más, si miramos los niveles de educación los migrantes latinoamericanos contribuyen más que los chilenos al desarrollo de los chilenos. Según la encuesta Casen de 2009 la escolaridad de los migrantes ecuatorianos es de 13,1 años, la de argentinos (sorpresa: segundo colectivo de migrantes en Chile) de 12,5; la de peruanos de 11,7 y la de chilenos de 11,1. ¿Pero cómo, no que los migrantes eran una masa de ilegales que nos quitan el trabajo y limitan nuestro desarrollo? No, lo migrantes latinoamericanos que residen en Chile son más educados que los chilenos. Son más capital humano que nosotros, ergo, más funcionales al desarrollo. Y es que para información del candidato los migrantes que llegan a Chile y a cualquier parte del mundo son personas que están por sobre la media de sus países, no son ni los más pobres, ni son los más miserables, aunque en las sociedades de destino se los trate como tales. Así que ya se sabe, si queremos aumentar el nivel medio de educación en Chile (un dato que podría lucir bonito en un informe de la OCDE) traer migrantes de los países andinos es una buena estrategia.

Mucha ignorancia mostró el candidato de la situación en Chile y desinformación del resultado que han tenido las políticas migratorias restrictivas en otros países. Basta con mirar lo que ha ocurrido en Europa o Estados Unidos en los últimos años en que se han endurecido las políticas de acceso y dificultado las de integración. Para sintetizar este tipo de políticas ha traído cuatro consecuencias: una reducción de los migrantes que ingresan; un aumento en el número de migrantes muertos en el intento; un encarecimiento de los costos del desplazamiento; y al contrario de lo que se espera, un incremento de la tasa de irregularidad. Es decir entran menos, mueren más, se mejora el negocio del tráfico, y los que entran lo hacen en peores condiciones. Si este es el camino que tiene en la cabeza Longueira más barato y más eficiente es poner directamente cañones y metralletas en los pasos fronterizos y dispararle a todo lo que se mueva.

No es casual que Estados Unidos luego de décadas de políticas restrictivas esté ad portas de regularizar (“amnistiar” se dice en Chile, igual que se dice de los violadores de derechos humanos), a 12 millones de migrantes. O que en España según datos de la Guardia Civil, pasaran de morir en 1 de cada 7 migrantes que llegaba por mar en 1997 a morir 1 de cada 3. Y es que la intensificación de los controles en el Estrecho de Gibraltar  llevó a los migrantes (a los traficantes) a buscar una nueva ruta, desde Mauritania a la Islas Canarias, lo que implicó viajar en bote ya no 60 kms. sino 800 kms. Este es el gran logro de la política migratoria europea de los últimos años. Ahora, más allá de los muertos, que nunca llegaron a ser un problema para la salud o el empleo en España o Italia, los vivos que lograron llegar lo hicieron mayoritariamente en condiciones de irregularidad, y es que está escrito en el destino de las políticas migratorias restrictivas: reducen la migración pero aumentan el trafico, la muerte y la irregularidad.

En fin, en un mundo donde el capital y las mercancías se globalizan, y los Estados incentivan con histeria su fluidez, resulta paradojal que se busque reprimir con la misma ansiedad la circulación de trabajadores. Me parece que hay que detenerse un poco a reflexionar  y a discutir. Porque el fondo del asunto es que la migración no tiene que ver primeramente ni con del desarrollo, ni con el empleo, ni con la seguridad interior de Estado, sino con los derechos que tienen las personas de migrar y de acceder a la ciudadanía en igualdad de condiciones una vez que residen en la sociedad. Es de esperar que en la discusión parlamentaria en torno a la nueva ley migratoria esté presente el principio de los derechos humanos, antes que el interés superior del Estado, la voluntad de la industria agrícola, o los temores infundados que desde la ignorancia han venido en buena hora a hacer explícitos.

[…] en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo quien gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. (p. 19)

En principio, Guzmán no está diciendo aquí nada que un político o politólogo realista no sepa, o no pueda suscribir. Porque la política, así lo entendían entre otros Max Weber, Carl Schmitt y el mismísimo Lenin, no es cuestión de sueños de visionarios sino, primordialmente, de poder y de fuerza. Y las Constituciones, por su carácter de “leyes fundamentales”, lo ponen en evidencia de manera eminente: son “fundamentales” porque, a su vez, no tienen ni podrían tener a su vez un fundamento legal (porque entonces habría una Constitución por sobre la Constitución, y así hasta el infinito).

O sea, una Constitución es el punto preciso en el cual una cierta fuerza, un cierto poder —un estado de excepción— se transmuta en un ordenamiento legal que, de una u otra manera, llevará siempre la marca del “pecado original” que estuvo en su origen. Y esto, nuevamente en principio, es independiente de la manera como la Constitución se haya gestado. Porque aún la más impecable Asamblea Constitucional concebible no estará integrada por ángeles, sino por seres humanos. Y éstos lucharán en ella por traducir sus convicciones —aquello en ellas que no es negociable; aquello que ninguna de las partes en disputa dejaría librado a la mera aritmética electoral— en un diseño de la cancha, valga la metáfora de Guzmán, que haga que “los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”.

Pero Guzmán, también como político realista, se da cuenta, y lo deja registrado en el mismo artículo, que para que la Constitución no sea un tema de permanente disputa —en otras palabras, para que la excepción deje paso a la normalidad— debe tener lo que llama un “carácter reversible”. Escribe:

[…] por su contenido libertario, la nueva institucionalidad es esencialmente reversible […] si en definitiva la nueva institucionalidad, o alguno de sus aspectos, no interpretaran a la mayoría de los chilenos, siempre quedará abierta la posibilidad de su enmienda. (p. 21)

Pero hasta aquí llega el realismo. Porque en ese momento Guzmán dice creer que la Constitución que él y su círculo están elaborando será tan excelente, que nadie en verdad querrá cambiarla: que esa “reversibilidad esencial”, como también la llama, “será difícil por la adhesión libre que ella será capaz de generar”. Ignoro, y para efectos de esta reflexión es irrelevante, si Guzmán cambió súbitamente de parecer. La cuestión de fondo es que, finalmente, la dictadura y los constituyentes del ’80 no confiaron en absoluto en esa supuesta “adhesión libre”, de modo que incorporaron a la Constitución  los cerrojos que todos conocemos (el binominal, los quórums inverosímiles, etc.) que hacen que la “reversibilidad esencial” de Guzmán sea en la práctica imposible.

¿Qué estuvo en ese momento, ya no en la mente de Guzmán, sino en lo que se suele llamar eufemísticamente “la mente del legislador”? Conjeturo que una forma de perversidad: el deseo de jugar y hacer jugar un juego perverso. Porque la combinación “desigualdad de la cancha más irreversibilidad” determina que no haya disputas políticas normales; que la atención, para seguir con la metáfora de Guzmán, se dirija inevitablemente, no las jugadas ni al resultado de los partidos, sino al diseño de la cancha, a las reglas que establecen cuales jugadas son o no válidas. Es decir, bajo la Constitución del ’80, en Chile no existe una manera socialmente válida de establecer si una determinada política es o no acertada, racional, conveniente. Porque, por más irreflexiva y pobremente concebida que tal política sea, sus promotores podrán siempre culpar de su fracaso al empedrado, a la cancha. Es decir, y aquí la perversidad del asunto se hace patente, el juego, así concebido, termina abarcando también a sus opositores radicales: a éstos, y pienso particularmente en los más jóvenes, el aprendizaje de la racionalidad política se les torna dificultoso, poco menos que imposible. En otras palabras, la Constitución del ’80, en la medida en que determina que ningún cambio substancial es realizable, genera la ilusión de que cualquiera, en esencia, lo es: de que lo único que se interpondría entre la realidad y los sueños sería un obstáculo artificial erguido por una dictadura odiosa. En otras palabras, la perversidad del “padre” tiene como contraparte la permanente infantilización del “hijo”: éste siempre puede culparlo a él (a sus reglas) por su fracaso.

¿Y qué pasa por el lado de los acérrimos defensores de la Constitución del ’80? Éstos, lo adviertan o no, son perversos consumados. Porque si bien se presentan como el partido del orden, al aferrarse a una “ley fundamental” inamovible, no dejan en último término a los opositores-y ésta es una pieza fundamental del juego- otro camino que el de “las malas” (“El problema constitucional chileno es algo que tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”, ha dicho Fernando Atria en entrevista en este mismo medio, caracterizando acertadamente la situación). Es decir, la política extrasistema, que quisiera ir contra el juego, se transforma paradójicamente una parte de él: en una jugada al límite de un juego que, él mismo, propicia jugadas al límite. Así, y aquí radica la perversión consumada, en Chile, como en la novela de Chesterton El hombre que fue jueves, el partido del orden y el de la revolución permanente coinciden.

Jaime Guzmán consideraba que mediante la combinación de juego sesgado y reversibilidad, la nueva institucionalidad política haría posible que “por primera vez en su historia nuestra Patria pueda disfrutar de una democracia de masas” (pp. 19-20). Y, durante dos décadas, su pronóstico se cumplió: hemos tenido elecciones de Presidentes, parlamentarios, concejales y alcaldes; partidos políticos —esto Guzmán también lo previó— que, primarias mediante, se ven obligados a deponer sus ideologías en favor de la “democracia de masas”; libertad de prensa bajo las limitaciones que impone la concentración de la propiedad de los medios; educación superior masificada que, al no formar élites, no amenaza la estabilidad política; acceso al consumo, a la industria cultural, al fútbol y a la farándula. Pero todo hace pensar que esta fase “normalizadora” ha terminado, y que estamos entrando a la fase perversa.

En ella, todo aquello que parecía ejemplar del modelo chileno —estabilidad, crecimiento económico, democracia— puede esfumarse velozmente. En su lugar, es posible prever que tendremos lo que en verdad, bajo la Constitución del ’80, siempre hemos tenido, aunque nos haya costado entenderlo: un permanente estado de excepción (“estado de excepción” es, precisamente, aquél en que la “ley fundamental”, la soberanía, está en juego). Es decir, una situación en la cual, cada vez con mayor frecuencia, una minoría carente de ideas sólidas y de fuerza política efectiva —el juego, ya lo he dicho, lo impide; tampoco están los tiempos para eso— podrá, sin embargo, mantener en jaque permanente al sistema, perturbando su funcionamiento, desestabilizándolo. Y que dará lugar a la jugada opuesta, que también el perverso juego contempla: la salida de los esqueletos del clóset; la represión brutal que encuentra, una vez más, la oportunidad propicia para su goce.

¿Es posible evitar este escenario? La misma perversidad del juego, que confunde normalidad y excepción, podría abrir un resquicio para ello. Porque, así como convierte a la política anti-sistema en parte del juego (lo cual descarta que ella pueda abolirlo), también hace posible pensar que la misma demanda de estabilidad que dice encarnar, se podría volver contra él: más aún, cuando la inestabilidad en principio deriva, no del contenido mismo de la Constitución del ’80 sino, paradójicamente, de los cerrojos que impiden su Jaime-Guzmaniana “reversibilidad”. ¿Porque, en realidad,  a quién le podría interesar que este juego, que garantiza inestabilidad permanente, se prolongue? Descontados los genuinos perversos -los pinochetistas acérrimos que aún se albergan en la UDI y RN- me atrevo a decir que a nadie.

Por cierto, los individuos no necesariamente son conscientes de sus genuinos intereses. Hay atavismos, inercias de por medio. ¿Podrán, por ejemplo, los empresarios, interesados en la estabilidad política, entender que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que anuncia el caos de triunfar la oposición en las elecciones del 2013 es, él mismo, su representante, su agente?

De cuestiones como ésta depende que Chile pueda salir del estado de excepción y, modestamente, emprender el camino hacia una normalización bajo genuinas premisas liberales (hacia una “transición a la democracia” que, en verdad, nunca tuvo lugar). Porque en estas condiciones cualquier otra cosa (soñar, por ejemplo, con una versión chilena del “socialismo del siglo XXI”) es continuar jugando el perverso juego de la Constitución del ’80. La oposición, si entiende que éste es el único camino posible, tiene hoy la oportunidad histórica de convocar a un amplísimo arco de fuerzas en pro de una nueva institucionalidad política: un arco del cual quizás incluso los lectores de Jaime Guzmán, si realmente lo leen en vez de recibir sus supuestos mensajes venidos del más allá, no tendrían por qué restarse.

El ajuar finlandés es una maravilla. Es una caja que trae todo lo que necesita una familia que debe cuidar a un recién nacido. Inclusive la propia caja sirve como cuna porque trae un colchón que se adapta perfectamente y que permite sostener los sueños de los bebés durante sus primeros meses de vida. No trae mamaderas porque se promueve la lactancia materna ni pañales desechables porque se fomenta la ecología. Sí trae libros porque impulsa la educación.

El ajuar llegó a Chile en formato de caja durante el gobierno de Bachelet para ser entregado a todas las mujeres que dieran a luz en el sistema público. ¿Pero llegó porque es una gran política pública o porque es una caja?

A propósito de esto recordé varios mítines políticos en los que me ha tocado participar y cómo los y las dirigentes cerraban siempre sus discursos espetando a la autoridad (diputado o alcalde) frases como: (SIC)”¡Porque hace cuánto tiempo que no se aparece por la villa con una cajita de mercadería que sea!”

Las políticas públicas en Chile se podrían resumir en gran parte en este ir y venir de cajas (de mercadería, con pañales o de bonos de asistencia para comprar parafina, que tienen la misma lógica de las cajas) entre las autoridades y los dirigentes vecinales. Es como en la famosa escena de la película “Caluga o Menta”, cuando una mamá en una población de Santiago, luego de la visita del alcalde, le dice a su hijo (parafraseando)  “¿Cuándo vas a entender? Si vienen a darnos pasto, pasto queremos, si vienen con bicicletas, bicicletas queremos…”

En definitiva, el problema no es la “importación” de la caja-ajuar finlandés, sino cómo en Chile se transforman las políticas públicas en artefactos públicos sin sentido. Porque en Finlandia ese ajuar es un reflejo del sistema general de protección social. Simboliza que ninguna mujer se queda atrás, que ningún niño es olvidado, que todos partieron en la misma caja, con los mismos libros y pañales y que todos pueden llegar a las metas que quieran y puedan, porque el Estado y el resto de la sociedad están ahí por si te enfermas, por si fallas.

Pero, ¿cómo es nacer en Chile? Los estudios de Michelle Sadler nos hablan sobre lo habituales que son la discriminación y violencia que sufren las adolescentes parturientas en los consultorios; los estudios de Gonzalo Leiva nos informan la cantidad de cesáreas innecesarias que se realizan y, en la misma línea, sobre los miles de galones de “relleno” o “fórmula” que se da a los recién nacidos sin ningún miramiento más que el niño no se muera.

Chile, con sus importaciones de cajas y sus bonos, parece más un auto enchulado que un país coherente con los propios deseos y necesidades de sus habitantes. De la técnica a la política, del asistencialismo a la democracia. Tal vez la próxima vez no nos quedemos en la caja y copiemos el sistema completo.

Daniel Flores C., Director Área de Estudios, Instituto Chileno de Estudios Municipales, U. Autónoma

La ciencia económica, por su parte, define conceptualmente los bienes públicos según dos características: la de que no generan rivalidad en su uso o consumo y la de que quienes los proveen no pueden excluir a nadie de su goce. El ejemplo más típico de un bien publico puro es un faro, de cuya luz puede aprovecharse un número indeterminado de personas, sin que deban rivalizar entre sí para aprovecharlo, y sin que su dueño tenga la posibilidad de excluir a nadie de utilizarlo. Es decir, resulta imposible cobrar por ello. Por eso los particulares no construyen faros y debe hacerlo el Estado.

El que ofrece el bien o servicio denominado educación con un carácter privado puede convertirlo en un bien público. El Estado lo ofrece como tal en los niveles básico y medio. Y no sólo el Estado. Yo, por ejemplo, he convertido las entradas de este blog, que en tantos sentidos son educacionales (pues enseñan algunas cosas a sus lectores), en un bien público. Cualquiera puede acceder a él, sin limitación y sin pago. No hay en este blog rivalidad (salvo la que se genera entre sus comentaristas o entre éstos y el autor, como es fácil comprobar); ni hay exclusión, pues no se priva a nadie de acceder a él. Pero en cualquier momento yo podría convertirlo en un bien privado, limitando el número de quienes lo leyeran o cobrándoles por hacerlo.

Y en la práctica lo más frecuente es que la educación sea un bien privado, pues quien ofrece educar por lo común limita la matrícula, lo que es característico de la rivalidad en el goce del bien; y cobra por el servicio que ofrece, es decir, excluye a quienes no paguen. Y, de hecho, la mayoría de la población prefiere pagar por lo mismo que el Estado ofrece dar gratuitamente. Por algo será.

En cuanto bien, la educación es inmaterial, es decir, un servicio. No es ciertamente un bien de consumo, como ha dicho alguien, pues no se agota en su primer uso; ni siquiera es un bien de consumo durable, de los que se agotan sólo después de varios o muchos usos. En realidad, es un bien de capital, pues sirve para producir otros bienes. El típico ejemplo de que es preferible, en lugar de darle un pescado a un hombre pobre, enseñarle a pescar, prueba que la educación es un bien de capital: habilita a las personas para producir otros bienes. O a producir el mismo bien, en el caso de quienes enseñan pedagogía, es decir, enseñan a educar.

En fin, frecuentemente se dice que “la educación es un derecho”. Lo es en cuanto alguien se lo reconozca al que lo imnvoca. En Chile hay derecho a la educación prebásica, básica y media gratuitas. El problema se presenta cuando se exige el “derecho a una educación pública de calidad”, pues hay fuertes argumentos para demostrar que la educación “de calidad” se logra cuando ella no es “un derecho” ni es “un bien público”, y ése es el tema central en el debate de hoy, en el cual juega un rol central el concepto que se tenga sobre el valor de la libertad personal en nuestra sociedad.

Esto no se queda en la anécdota. Hace unos meses un titular de un diario de circulación nacional decía lo mismo: “Indisciplina y poco respeto son dos debilidades de nuestras aulas”. Nada que no supiéramos, pero ahora respaldado por un estudio. Esto es serio porque la educación se entrega y se recibe, o se pierde, en la sala de clases.

Éste no el “el” problema de la educación chilena. La educación tiene muchos problemas, y basta uno de ellos para que echar por la borda toda solución a los demás problemas (un auto con un sólo neumático desinflado no anda mucho mejor que uno que tiene planos los cuatro). Pero el problema de la indisciplina en los colegios recibe poca atención, y mientras no se arregle, de poco y nada sirven las soluciones al resto de los problemas.

Es comprensible que se pase por alto la falta de disciplina. El tema de la educación lo trajeron a la atención pública los mismos estudiantes, y es natural que sean muy críticos de todo pero poco de sí mismos. Además, la manera de plantear el problema ha sido extremadamente desordenada, indisciplinada y hasta irrespetuosa.

Pero sobre todo, no es un problema que se resuelva con plata (que es el tema principal del debate), sino con cambios de conducta, que son difíciles. Es más fácil cambiar el sistema entero que cambiarse a uno mismo – y a los cercanos. Pero si cambia el sistema sin que cambien los modos de actuar todo cambiará para que todo siga igual.

Ahora, el problema de la indisciplina y falta de respeto es un problema de autoridad. No se resuelve solamente con castigos, aunque la razón a veces necesite de la fuerza para imponerse a la irracionalidad. Probablemente tenga que ver con la concepción que tiene de sí mismo el estudiante, del lugar que ocupa en la sociedad, de su entorno familiar –sobre todo de la imagen paterna, de sus aspiraciones para el futuro y la relación que tiene su educación con ellas. Tiene que ver también con el conflicto entre las pasiones humanas en quien todavía no es capaz de controlarlas, y con el bien hacia el cual hay que dirigir a la persona joven y por lo mismo, incompleta.

Pero no se habla de esto, es más fácil hablar de lo que se puede medir, de números y dinero: todavía no se vislumbra la superación del esquema que pone la cantidad por sobre la cualidad.