1) De todos los aspectos que generaron críticas de SOPA y PIPA (derechos de los usuarios, libertad de expresión, restricciones a los usos justos y la creatividad, daño a la actividad económica de Internet, etc), ¿cuál te parecía el más relevante?

Destacaría dos, de distintos niveles. El primero tiene que ver con la mecánica de este tipo de tratados. Desde un tiempo a esta parte la estrategia de las empresas titulares de derechos pareciera ser influir a nivel internacional en tratados o convenios comerciales que se negocian secretamente. SOPA y PIPA, a nivel local en Estados Unidos, y TPP y ACTA a nivel internacional son convenios comerciales cuyos términos de negociación están ocultos para el público en general, incluyendo al resto de los poderes del Estado.

El segundo tiene que ver con que todas estas iniciativas tratan de entender las nuevas tecnologías e internet fundamentalmente como un lugar opaco que cuyas prácticas hay que regular con severidad para resguardar mecánicas de negocio de la era previa a internet. Así, otros derechos que ven en internet una zona segura y de fácil desarrollo, como la libertad de expresión, termina cediendo a favor de intereses comerciales vinculados a la explotación de los derechos de autor. Todas estas iniciativas pretenden, por la vía legal, resolver un problema que es básicamente de mercado, económico, como es el intercambio de archivos en internet o lo es lo que la industria denomina piratería.

2) ¿Cómo se gestó la participación de Derechos Digitales en la carta enviada por organizaciones de derechos humanos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos? ¿Están planeando nuevas actividades o iniciativas?

Nosotros entendemos que los problemas derivados de la sobreprotección de los derechos de autor en el entorno en línea no son sólo locales. Son problemas y desafíos globales. Así, hemos entendido que la única manera de hacer frente a esta tendencia es tender redes y establecer alianzas con otras organizaciones sociales que, desde el interés público, pretenden establecer un sistema de derechos de autor equilibrado, que al mismo tiempo que proteja a los autores no lo haga a costa de los derechos del resto de los ciudadanos. Hoy somos parte de varias redes de activistas internacionales con presencia en Estados Unidos y en OMPI con el fin de poner los temas que en estos días han tenido tanta exposición a propósito de SOPA, en la agenda legislativa.

3) En conexión con lo último, ¿cómo ves el panorama futuro de la legislación para regular Internet en Estados Unidos y el resto del mundo? ¿Crees que va a haber un consenso en el corto o mediano plazo para que se logren legislaciones de compromiso?

Es difícil responder aquello. Se me ocurren dos ideas. La primera es que la tendencia normativa internacional a nivel comparado ha sido que cada vez que hacemos cambios a nuestras leyes de derechos de autor son reformas que apuntan a aumentar los estándares de protección y no los de acceso. A aumentar las penas, los delitos, las infracciones y los derechos y no aumentar con la misma energía la protección y difusión del dominio público y de las excepciones y limitaciones que, por ejemplo, favorezcan a bibliotecas y discapacitados. Visto así, y tomando en cuenta las recientes medidas en España y Francia, el panorama no parece ser muy alentador.

La segunda idea es que esto en algún momento tiene que parar. La denominada guerra contra la piratería ha tenido costes importantes en los últimos veinte años y no ha bajado ni en un punto los intercambios de archivos en internet. Es más, en muchos casos los gastos judiciales y derivados del lobby superan con creces las pérdidas que la propia industria dice tener a propósito de la piratería. Hace algunos meses se publicó un estudio que encargó el gobierno británico (el Review of Intellectual Property and Growth) respecto de las políticas de derecho de autor del futuro. El informe Hargreaves, denominado así por el nombre del profesor encargado de hacerlo, concluyó, entre otras cosas, que las normas de derecho de autor han respondido más al lobby de la industria que a la respuesta frente a la evidencia empírica.

Tengo la esperanza que en algún momento tengamos un debate en serio respecto de los derechos -en general- en internet y en particular de los derechos de autor. Hoy tenemos leyes que nos dicen a todos que somos piratas. Esto no sucede porque un día por la mañana despertamos todos con un parche en el ojo y una pata de palo, sino que sucede porque de un momento a otro -con la emergencia de internet- nuestras leyes se hicieron absurdas. Y por eso tenemos que cambiarlas.

4) ¿Qué te parece el proyecto de ley OPEN, actualmente en el senado de Estados Unidos? ¿Te parece que, efectivamente, no afecta la estructura y seguridad de Internet como hacía SOPA, y que establece medidas efectivas o al menos aceptables para proteger la propiedad intelectual e industrial en Internet?

OPEN, a diferencia de SOPA, es una propuesta que ha sido de debate abierto y además pretende, entre otras cosas, apuntar a medidas que efectivamente ataquen el intercambio comercial a gran escala de productos protegidos por derecho de autor, junto con entregarle más atribuciones a organismos públicos. Hoy ha sido apoyada por una serie de importantes empresas de internet, aunque tengo mis dudas respecto de si tendrá piso político para terminar el trámite legislativo. De todas maneras creo que es un buen primer paso para comenzar a debatir con algo más de seriedad y calma asuntos extremadamente complejos y sensibles desde el punto de vista de nuestros derechos en internet.

5) ¿Cómo sería para ti una legislación adecuada para regular estas materias?

Una legislación adecuada debiera ser una legislación equilibrada. Que proteja los derechos de los autores -cuyos intereses no son necesariamente los de la industria que dice defenderlos- pero al mismo tiempo no lo haga a costa de los derechos del público. Esto, que parece muy general, es importante porque me parece que en todo este debate hemos escuchado más la voz de entidades de gestión colectiva e industria del entretenimiento que a los creadores en general. Una ley que proteja a los autores debiera escuchar también la opinión de académicos, investigadores, fotógrafos, bibliotecarios y usuarios de tecnología en general. Adicionalmente, una legislación adecuada debiera descansar en evidencia empírica. ¿Cuál es el verdadero costo de la piratería en internet? ¿Quiénes se ven perjudicados? ¿Cómo, en qué magnitud? ¿El hecho que nunca antes en la historia del país haya tanta gente que esté dispuesta a pagar por ir a ver shows en vivo, tendrá algo que ver con la democratización del acceso y las nuevas tecnologías? Además, una normativa decente de derechos de autor debiera hacerse cargo de los problemas vinculados de la sobreprotección del derecho de autor. Hacerse cargo, por ejemplo, de las obras huérfanas, ese conjunto enorme de obras cuyo plazo de protección no ha expirado pero que se hace muy difícil poder conocer su titularidad. Si hoy una editorial quiere  editar una antología de la mejor poesía chilena de la mitad del siglo XX, se va a encontrar con un problema importante para conseguir los derechos aún no expirados. La opción es o publicar exponiéndose a que aparezca un heredero con ganas de demandar o desistir de la publicación. El problema de esto no es que hoy no se edite el libro. El problema es que cuando en unos años más las nuevas generaciones quieran saber qué poesía se escribía en Chile en la mitad del siglo XX no van a tener fuentes donde consultar. Y de este problema nuestras leyes de derechos de autor no se hacen cargo.

6) Finalmente, ¿qué semejanzas o diferencias ves entre esta barrida contra las nuevas formas de compartir contenido que permite Internet y las de la década anterior, como Napster? ¿Crees, efectivamente, que quienes apoyaban SOPA y PIPA “no entienden la Internet”?

Creo que eso es un error. SOPA, PIPA, ACTA y TPP no existen por ignorancia. Nuestras leyes de derecho de autor no están sobredimensionadas producto de ceguera legislativa. Existen por la enorme influencia de la industria del software, de la música y del cine sobre nuestros legisladores. La experiencia del caso SONY, donde la industria del cine intentó ilegalizar la distribución de los grabadores de VHS caseros en Estados Unidos, Napster, Grokster, la DMCA y las propuestas legislativas actuales muestran como la industria reacciona frente a la emergencia de condiciones distintas a las que vieron crecer sus negocios. La ley de derechos de autor se ha convertido -paradójicamente, al igual que en sus inicios- en un instrumento de control de mercado y de control para la circulación de bines culturales a favor de una industria particular.

No es casual que Lawrence Lessig, uno de los más influyentes pensadores y escritores críticos al derecho de autor actual, esté hoy dirigiendo un centro encargado de estudiar la corrupción en el sistema político.

Hay personas que cuando no se ven empujadas a hacer algo, gravitan inevitablemente hacia el televisor, otros derivan hacia internet o hacia juegos de computador. Al parecer algunos tienen como opción predeterminada la búsqueda de noticias esperando que algo ocurra que interrumpa el aburrimiento (ese afán de novedades que menciona Heidegger). Unos pocos hacen deporte en cada momento libre y otros escuchan música. Siempre están los que se desesperan o se ven invadidos por una especie de angustia cuando se ven enfrentados a un período de tiempo sin nada que hacer.

Hacia dónde va sola la imaginación cuando no está sujeta manifiesta qué es lo que hay dentro de una cada uno: dónde está su tesoro, qué quiere de su vida. Es triste comprobar que para algunos no hay nada de eso, cuando hay tiempo libre sólo quieren un escape del aburrimiento que, en el fondo, les produce la vida misma. Es el vacío existencial de una vida sin sentido.

Es poco el tiempo libre pero de vez en cuando lo hay. Suele haberlo más abundantemente en enero y febrero. Para quien vive en función de factores externos estos tiempos libres pueden llegar hasta provocar ansiedad y a la vez tedio. No en vano hablaba el psiquiatra Viktor Frankl de la “neurosis del domingo”.

Sumergirse en alguna cosa que sea un escape de la realidad, como lo es jugar días enteros un juego de computador, hacer zapping durante horas mientras la mente está en blanco o simplemente no saber pasar un buen rato sin emborracharse, es una señal de que es el momento de pararse frente a la propia vida, mirarla a la cara y preguntarse qué se espera de ella, qué proyecto se tiene, cuál es su sentido.

La respuesta nunca será inmediata pero la búsqueda ya es el comienzo del encontrarla. No es fácil hacer esto tampoco: es desagradable examinarse a uno mismo y darse cuenta de que no se está completo, de que se vive a medias. Es tentador buscar algo que ahogue el silencio que necesita la reflexión para no tener que pasar por este desagrado (¿de ahí la ubicuidad de la música a alto volumen?). Pero una vida así sería una vida vivida casi en vano.

Para no embarcarse en esta difícil tarea sin compañía se puede buscar algún apoyo como El ocio y la vida intelectual de Pieper, El Principito de de Saint Exupery o el mismo Hombre en busca de sentido, de Frankl. Una película como El Estudiante de Roberto Girault también puede ser un buen punto de partida. No es tanta cosa, en vacaciones puede hasta sobrar el tiempo.

* Publicado en El Sur de Concepción

El agua se transformará en un tema político sensible en el próximo tiempo. Chile está llegando a una situación crítica.

Constatamos una débil coordinación institucional, una escasa regulación y la ausencia de un plan estratégico para afrontar los nuevos desafíos en materia de recursos hídricos.

Es esencial materializar un cambio en las instituciones y fortalecer la regulación pública. Es indispensable la creación de una comunidad de aguas subterráneas, el cambio de las normas legales existentes, una coordinación institucional para controlar la calidad del agua, al mejoramiento de los sistemas de medición y monitoreo, la instalación de una gestión integrada de los recursos hídricos, planes maestros en cauces naturales y la revisión del sistema de derechos de aguas.

El agua se torna escasa

Varios estudios recientes así lo advierten. Uno de ellos es “Charting Our Water Future”, con perspectiva al 2030, preparado por el “Water Resources Group”, uno de los principales centros de investigación globales, patrocinado por la International Financial Corporation del Banco Mundial. Consultaron a 300 expertos en aguas del mundo y arribaron a importantes conclusiones. He aquí algunas: Primero, que la información disponible es insuficiente, lo que coincide con el informe del Instituto de Ingenieros de Chile.

Segundo, si el actual patrón de uso del agua no cambia, no se podrán resolver los problemas que se avecinan. Hacen una proyección al 2030: la demanda por agua en el mundo crecerá de 4.500 millones de m3 a 6.900 millones de m3; un tercio de la población, la mayoría en los países en desarrollo, vivirá en cuencas cuyo déficit es mayor del 50%, y los problemas  más importantes emergerán en India, África de Sub-Sahara y China.

Tercero, analiza  cuatro países. En India muestran que, por la expansión de las clases medias y el cambio de sus dietas, se producirá un aumento de 0,74 a 1,5 trillones de m3, o sea, al doble en 30 años; China aumentaría el consumo de 0,62 a 0,8 trillones de m3, debido a la instalación de nuevas plantas térmicas y nucleares; Sao Paulo, en Brasil, cuya población llegará a 35 millones en 2030, encara desafíos mayores; ya posee problemas serios de desabastecimiento, traen agua de cuencas adyacentes, y el grueso del agua servida no es tratada. Y en Sudáfrica llegan a la conclusión de que por no tener acuíferos, y lluvias bajas, enfrentarán problemas mayores. Estas conclusiones no incorporan los escenarios por cambio climático.

Sugiero observar la metodología desarrollada y aplicarla en Chile. El Water Resources Group utiliza una matriz de análisis con opciones: distintas tasas de crecimiento, variantes de  mejoramiento del rendimiento de la agricultura, escenarios con cambio climático, y luego estiman las brechas al 2030, y el tipo de soluciones que se requiere. Urge en chile hacer estimaciones similares.

Chile exporta agua

La rápida  expansión de la demanda de  alimentos en el mundo nos abre nuevas oportunidades para nuestra estrategia de devenir en “Potencia Agroalimentaria”. Chile posee una ventaja estratégica: disponibilidad de agua. ¿Cómo potenciamos esa disponibilidad?

En enero del 2010, el Ministerio de Obras Públicas publicó el libro “Chile 2020, Obras Públicas para el Desarrollo”. Fue el fruto de dos años de trabajo que conduje como ministro, gracias al aporte de todos los equipos, para articular una visión y ordenar las prioridades. Incorporamos una sección sobre recursos hídricos. Proyectamos las obras para hacer realidad el objetivo de devenir potencia agro-alimentaria.

Actualmente poseemos un millón de hectáreas con riego y contamos con 4.000 millones de m3 embalsados. El Ministerio de Agricultura señaló su objetivo de aumentar en 500.000 hectáreas la superficie regada. Sin innovación ni ahorro, tendríamos que embalsar unos 2.000 millones de m3 más para regarlas. ¿Qué hacer entonces? Entre otras medidas: construir  nuevos embalses, revestir y proteger canales y aumentar rendimientos.

Los rendimientos agrícolas son bajos, cerca de14.000 m3 por hectárea, que equivalen a 1,4 m de altura de agua por m2. Y podemos reducirlo a 1 o  0,7 m, elevando rendimientos.

La economía chilena depende del agua. Todo lo que exportamos la contiene en demasía: cobre, papel, celulosa, madera, frutas y carnes, leche y vinos, salmonicultura y  ecoturismo,  es intensivo en agua.

La página web www.waterfootprint.org, elaborada por un grupo holandés, ha calculado la llamada “huella del agua”, como se hace con  la “huella de carbón” de cada producto.

¿Qué muestran? Para producir una copa de vino, de 125 ml, se requieren 120 litros de agua; para producir una manzana, 70 litros de agua; para producir una hoja de papel, 10 litros de agua; una taza de café, 140 y una hamburguesa 2.400 litros de agua.

Debemos estimar la demanda mundial de alimentos y su composición, según los hábitos de cada cultura, especialmente asiática, y preparar un plan de acción para elevar producción y  rendimientos.

Asimismo, hemos de revisar la actual asignación de recursos de aguas subterráneas y gestión de acuíferos. Las necesidades de la minería no pueden seguir satisfaciéndose de la manera actual.

¿Cómo vamos a regular? Precisamos una revisión de los derechos otorgados, cuando éstos exceden la capacidad de los acuíferos, y fortalecer las organizaciones de usuarios, mesas de agua, y otorgar al Estado mayores atribuciones para fiscalizar y reasignar.

Nuevas obras: embalses, canales  y desalinización

Está en construcción el embalse Chacrillas. Y se avanza en Punilla, en la Octava Región; Puntilla del Viento en Valparaíso y se están identificando otros  embalses. Hay que apurar el tranco.

Existen en Chile, aproximadamente, unos 15.000 km de canales y en ellos se estaría filtrando casi el 40% del agua que transportan. Se pierde mucha. Falta un buen plan, con un acuerdo público-privado para definir obras y quién paga. Cuando se produce una destrucción, sea por uso o desastre natural, incluso en canales privados, es habitual que el peso recaiga en el Estado. Cuando hay que construir un embalse, los privados se resisten a aportar y resulta así difícil financiar embalses para la agricultura. Este punto, las alianzas público-privadas, amerita una innovación.

El cambio climático también nos exige rediseñar obras y reordenar prioridades. Sin entrar en mayor detalle, los deshielos repentinos dañan los puentes, como ya ha ocurrido. Los nuevos puentes deben ser más largos, de más luz, para evitar el socavamiento de los estribos. Debemos llevar a cabo un plan, a 10 ó 20 años plazo, para construir pequeños embalses de cabecera, en distintas cuencas.

La sobreexplotación de los recursos hídricos obligó a respaldar a la Dirección de Aguas para negar el otorgamiento de derechos o sus traslados cuando los ya otorgados sobrepasaban la disponibilidad y se amenazaba el abastecimiento de la población, de la agricultura y el resguardo de la ecología, advirtiendo que la compra de derechos por las empresas mineras a pequeños agricultores, a precios desorbitados, provocaría un gran desbalance, como acontece en Copiapó.

Igualmente existe una disputa en el Valle de Azapa por el agua subterránea, cuánto para consumo humano y cuánto para agricultura; se han programado nuevos embalses y se estudia la desalinización y el tratamiento de aguas servidas.

Además de los cambios institucionales y legales, es indispensable ampliar la capacidad de bombeo de agua desalada o salada a la minería y ahorrar para la agricultura y la población.

Las plantas solares se expandirán rápido y podrían proveer de más energía para desalinizar. Hay que lanzar nuevos proyectos desde ya y avanzar en esas tecnologías.

Agua e hidroelectricidad

No sabemos si se construirá Hidroaysén o si se postergará. Si sabemos que necesitamos más proyectos hidroeléctricos. Chile no puede prescindir de la hidroelectricidad, por razones de seguridad de abastecimiento, de generación libre de contaminación de CO2 y de costos.

Los derechos no consuntivos también deben ser objeto de una revisión.

Teniendo en cuenta nuestra vulnerabilidad energética y su alto costo ¿podemos  seguir dependiendo sólo del mercado? ¿Que los privados sean los únicos autorizados para proponer  proyectos y el Estado solo aprueba o rechaza? Y si no se proponen proyectos suficientes, ¿quién garantiza la seguridad de abastecimiento?

El Estado debe poseer atribuciones más extensas.

Por esa razón creamos el Ministerio de Energía que, al igual que el Ministerio de Obras Públicas, que  puede definir un proyecto de carretera y llamar a licitación, también debiera actuar de modo similar el Ministerio de Energía. Siendo indispensable instalar plantas de generación eléctrica, el Estado debe poder llamar a licitación los proyectos, luego de realizar los estudios técnicos y ambientales.

¿Qué lo impide?

Primero, la Constitución restringe la función empresarial del Estado para crear y operar una planta eléctrica. La Contraloría ha dictaminado que puede concesionarse una planta (siendo por tanto el Estado el propietario) siempre que la explotación la realice un privado. Esta limitación que debe eliminarse en el caso de la energía.

Un segundo obstáculo es que los derechos no consuntivos están concentrados en pocas empresas. Si ellas no quisieran hacer un proyecto y son titulares de esos derechos, el Estado está impedido de actuar. En casos calificados, el Estado debe poder caducar esos derechos, por razones de interés nacional.

Al entregarse derechos gratis, perpetuos, se transforma el ejercicio del derecho en propiedad privada, el agua se transforma en un bien privado, Esto no es sostenible a futuro. El camino, a mi juicio, es aprobar en el Congreso el proyecto de Reforma Constitucional que enviáramos en 2009 para consagrar en ella que el agua es un bien nacional de uso público.

En enero de 2010, antes del cambio de gobierno, se logró aprobar ese proyecto en las Comisiones de Agricultura y de Constitución de la Cámara de Diputados. Luego del cambio de gobierno se paralizó su tramitación.

¿Alguien cree que este problema permanecerá intocado? La piedra de toque es la caducidad de los derechos, por razones de interés público.

No existen en la ley excepciones para caducar un derecho de agua. A mi juicio, esa posibilidad debe existir, bien regulada, sin afectar el mercado del agua.

Por eso, sugiero que se apruebe una reforma constitucional.

Glaciares

Es un tema crucial a futuro. Hoy no existen normas para los hielos. En el Congreso se han presentado algunas mociones parlamentarias para su regulación, sin éxito. Existe un Instituto denominado World Global Monitoring Service que se especializa en el registro y monitoreo de hielos en el Ártico. El 70% de los estudios glaciológicos se refieren al norte del planeta. Esta tendencia se acentuará  con las perspectivas que surgen del deshielo del polo norte. Ello atrae a los países que lo circundan para instalar nuevas redes de transporte, explotar nuevos recursos, incluyendo alimentos. Allí hay agua, aquella que se necesitara más y más para abastecer al Asia.

Los estudios chilenos han estimado que en el Hemisferio Sur  (excluyendo la Antártica) existen del orden  de 27.000 km2 de hielos blancos, abiertos, 26.000 en la zona de los Andes de Sudamérica y, de ellos, 20.000 km2 se hallan en Chile. Nuestro país, por lo tanto, es una gran reserva estratégica de agua dulce del mundo.

Al año 2010 habíamos inventariado 3.200 glaciares blancos y,  más recientemente, 1.438 de roca en la zona Norte, especialmente en Copiapó y Huasco. Tenemos que realizar mediciones, confeccionar un registro glaciológico e instalar una red de monitoreo glaciológica. Debe ser ésta una de las prioridades.

Además, urge establecer que los derechos de agua sólida son del Estado y no pueden privatizarse.

¿Cuál será nuestra estrategia glaciológica hacia el 2020 o el 2025? ¿Qué cambios se pueden producir por los fenómenos climáticos? ¿Qué leyes dictar? Este tema debe ser definido a la brevedad.

Agua potable rural

Si bien el sistema ha funcionado bien y hemos alcanzado buena cobertura para comunidades rurales concentradas, nos faltan ahora las semi concentradas y el tratamiento de sus aguas servidas. Tenemos necesidad de acelerar el trámite de una nueva ley, cuya discusión estaba muy avanzada al momento de cambio de gobierno y debe despacharse pronto.

Se entiende por comunidades concentradas aquellas con más de 150 habitantes y más de 15 viviendas por km2, las semi-concentradas son las que poseen más de 80 habitantes y más de 8 viviendas por km2. Estas últimas abarcan a 400.000 personas aproximadamente. La ley contempla reforzar las organizaciones comunitarias y de cooperativas, entrenándolos; ampliar redes y comenzar el saneamiento. Hoy la cobertura de tratamiento de aguas servidas en el sector rural es de un 12%. Hay un plan para llegar en 2020 a 32%, pero no estamos avanzando a la velocidad requerida para lograrlo.

En las ciudades estamos acercándonos a 90% de tratamiento de aguas servidas,  y pronto podremos alcanzar cerca del 100%, uno de los más altos del mundo.

Fui contrario a vender el 35% de las acciones de compañías de agua de propiedad de CORFO. La presencia del Estado era y es necesaria para fiscalizar y conocer por dentro un negocio esencial para la salud y seguridad de la población. Tampoco se necesitaba el dinero. Si la decisión ya se adoptó por el gobierno de Piñera, esos fondos debieran destinarse a obras de agua potable rural y su tratamiento, para favorecer a familias modestas que carecen de abastecimiento por cañería, y así  Chile llegue a ser uno de los  primeros en el mundo en esta materia.

Eficiencia hídrica

El tema de la eficiencia hídrica es absolutamente vital. Se ha planteado y es necesario implementar la idea de un sello de eficiencia hídrica a los aparatos sanitarios de consumo personal, promover cambio de hábitos personales, construir embalses multipropósito, instalar más centrales de pasada para hidroelectricidad, constituir mesas de agua en las cuencas donde no las hay, incrementar rendimientos y fiscalizar el uso de los derechos.

Una cuestión esencial es debatir y aprobar una ley de cuencas. Esto se viene discutiendo hace más de 10 años: las cuencas requieren de una legislación.

Coordinación institucional

El 19 de junio del 2009, la Presidenta Bachelet dictó un instructivo presidencial que creó el Comité Interministerial de Política Hídrica, para establecer  una coordinación institucional. Se le encargó al Ministro de Obras Públicas que lo presidiera. La vicepresidencia recae en el Ministro de Medio Ambiente, y lo componen además los Ministros de Agricultura, Minería y Bienes Nacionales.

A solicitud de varios ministros sectoriales, ese año preparamos en el MOP una propuesta para la presidenta, a fin de conciliar divergencias –minería con  agricultura o energía con medioambiente– y anticipar soluciones a conflictos en ascenso.

De Obras Públicas depende la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. De allí que el gobierno considerará mejor encargar al MOP la tarea de coordinar. En diversas sesiones de ese Comité, previas al terremoto, se alcanzó a revisar la situación de los acuíferos, proponer a la Presidenta la Reforma Constitucional del agua, precisando que se trata de un bien nacional de uso público; se estudió cómo corregir los derechos  de aguas que exceden la disponibilidad y cómo instalar nuevos procedimientos para resguardar el medio ambiente.

En el documento MOP “Chile 2020. OOPP para el Desarrollo”, ya mencionado, se registraron las siguientes prioridades:

-          Restricciones al ejercicio de los derechos de agua, para priorizar usos.

-          Criterios para caducar derechos, cuando los existentes son incompatibles con el bien público.

-          Rediseñar el sistema de derechos de agua subterráneas.

-          Otorgar derechos tomando en cuenta consideraciones ambientales (caudal ecológico, entre otros).

-          Normas sobre calidad de aguas.

-          Mejorar información de las cuencas.

-          Continuar evaluando los impactos del cambio climático.

Los desafíos se acrecientan, hemos de anticiparnos, de allí  la alta importancia que reviste un debate nacional sobre aguas entre técnicos, políticos y la sociedad civil.

Urge avanzar.

La UGA se inauguró oficialmente en mayo de 2011, con la presencia de autoridades como el entonces director de dicho hospital, Dr. Claudio Oses, el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), Dr. Fernando Betanzo, en ese entonces Subsecretario de Salud (s), la Directora del SENAMA, Sra. Rosita Kornfeld, el Presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría, Dr Juan Carlos Molina, otras autoridades ministeriales y del Servicio, además de varios geriatras invitados. La idea de hacer cambios en la salud pública chilena, al crear esta Unidad de Cuidados Geriátricos Agudos (UGA), no fue azarosa, sino el resultado de un concepto ya concebido hace varias décadas por geriatras internacionales y que ha demostrado, en los países donde se aplica (en su mayoría europeos), un impacto favorable en la salud de los adultos mayores; principalmente en su estado funcional, el que se deteriora de manera grave y muchas veces irreversible cuando se hospitalizan en servicios que no toman en cuenta conceptos geriátricos básicos como la necesidad de restringir el reposo físico. Además de esta ventaja, la UGA aplica la llamada valoración geriátrica integral, definida como el proceso de diagnóstico dinámico y estructurado, que permite detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano en las esferas clínica, funcional, mental y social para elaborar, basada en ellos, una estrategia interdisciplinaria de intervención, tratamiento agudo y seguimiento a largo plazo, con el fin de optimizar recursos y de lograr el mayor grado de independencia y calidad de vida.

Por eso, la UGA tenía principios fundamentales como “sacar de la cama lo más pronto posible”. Además, se crearon comedores y salones para que los pacientes estuvieran los menos “hospitalizados” y los más activos posible. Estos conceptos que nacieron en el Reino Unido en los años cuarenta, gracias a la observación certera de Marjorie Warren, quien introdujo los primeros cambios y la necesidad de una especialización en los problemas de los ancianos, han tenido gran acogida en Europa y en Norteamérica, pero no así en Latinoamérica, incluído Chile.

En nuestro país existen no más de cuarenta geriatras acreditados, esta escasez ya ha sido advertida por algunas instituciones de gobierno. Las cifras hablan por sí solas; mientras en Estados Unidos existe un geriatra por cada 2.600 mayores de 75 años, en Chile sólo existe un geriatra por cada 11.200 mayores de 75 años. Chile está en medio de una transición demográfica y no está preparado para enfrentarla. Mientras hoy aún hay más menores de quince años que ancianos, en diez años más esta situación será inversa; para el año 2020 se proyecta que del total de la población, un 16,7% corresponderá a adultos mayores de 60 años. Es por todo esto que proyectos como la UGA del Hospital Metropolitano (la primera unidad geriátrica del sistema público de salud) debería ser incentivados y reforzados, procurando su perfeccionamiento y consolidación. De hecho, se proyectaba contratar más geriatras, ofrecerla como campo clínico para formación de futuros geriatras pues ya era una unidad que recibía alumnos, internos y becados de medicina interna de la USACH, los cuales quedaban gratamente sorprendidos por esta nueva mirada de la medicina del anciano. Esta Unidad llamó la atención de varias instituciones, al grado que fui invitado al Minsal para formar una comisión de expertos con el fin de discutir la atención intrahospitalaria de los ancianos y hace poco fui invitado a exponer en la CEPAL, luego de lo cual he recibido numerosas invitaciones para compartir nuestra experiencia en otros países del caribe y latinoamérica durante el 2012.

En enero conversé con la nueva Dirección del HOSMET, entre otros para comentar mi partida y buscar quien continuara este proyecto; se pensó en un geriatra contratado por el SSMSO y entonces aproveché de pedir mis vacaciones pues partiría luego. Al lunes siguiente de haber salido de vacaciones se le informó en forma verbal al Jefe Subrogante de la UGA que esta unidad se cerraría pues no es considerada necesaria por la nueva Dirección del Hospital y tampoco está considerada en el futuro Hospital de La Florida.

Las ideas y proyectos atraviesan generaciones, surcan océanos, se escriben, se interpretan y se vuelven a escribir. El  no contemplar este servicio y cerrar la UGA, a mi humilde entender, es un retroceso desde todo punto de vista, pues niega una atención especializada al anciano que ha demostrado ser necesaria y eficaz, contradiciendo toda directriz de salud pública en una sociedad que envejece a pasos de gigante.

Durante el próximo año 2013 el Hospital Metropolitano se trasladará al Hospital de La Florida, actualmente en construcción. Lamentablemente hoy se considera innecesario mantener esta unidad pues en el proyecto original del futuro hospital no estaba contemplada. Es así como se ha tomado la determinación de poner fin, a menos de un año de su existencia, a esta pionera unidad de cuidados geriátricos, lo que ocurrirá a más tardar en abril de este año; deteniéndose por lo tanto las gestiones para contratar más geriatras y personal no médico especializado. Esta medida se contradice con las estrategias sanitarias para esta década establecidas por el Gobierno de Chile, que incluyen mejorar el estado de salud funcional de los adultos mayores y que especifica en su documento disponible en la página web www.minsal.cl , el beneficio que implican las unidades geriátricas.

Es una pena, sin duda, que decisiones trascendentales como la proyección o el cierre de una unidad de salud pública especializada y recién en gestación no se tomen con la suficiente visión de futuro que Chile, al menos en este ámbito, necesita. El cierre es inmediato. Las autoridades del hospital no han querido dar respuesta escrita sobre sus razones; sólo están reasignando el personal a otras áreas. La única razón esgrimida es que una unidad como la UGA no está contemplada en el Hospital de la Florida, y que a juicios de la Directiva del hospital esa comuna no tiene el perfil sociodemográfico para este segmento de la población, argumento que es insostenible pues es cosa de ver la proyección del INE de la población de La Florida hasta el 2020. Sólo durante el 2011 la UGA ha atendido a más de 570 pacientes cuyas edades fluctuaban entre los 50 y los 104 años, la mayoría provenientes de hospitales del SSMSO como el Sotero del Río o Padre Hurtado. A esto se suman los traslados internos que son tres veces este número.

El ministro presentó las acciones de lobby como algo maligno y despreciativo, confundiéndolas con tráfico de influencias y más aún sugiriendo que pudo haber recibido presiones de otro tipo sin precisarlas. Indicó que las tabacaleras, en especial la más grande y representantes gremiales del sector gastronómico, habían desatado todas las acciones de lobby, sin identificar quiénes lo visitaron y qué razones dieron.

Más aún, el ministro llamó  –no sé si invocando al Altísimo o a las fuerzas de la naturaleza– a aprobar una ley de lobby para regular estos temas. La preocupación del ministro es razonable, pues en el sector salud son múltiples los intereses en juego, por el alto impacto que tienen los cambios legislativos o las medidas administrativas que tome el propio Ministerio.

Cuando me refiero a las invocaciones del ministro, es porque el gobierno al que él pertenece, en palabras del ministro secretario general de la Presidencia, en un seminario organizado por la Universidad del Pacífico, dijo claramente que en el año 2011 Chile tendría ley de lobby. Como se puede ver en el siguiente vínculo, el gobierno anterior le retiró la urgencia a pocos días del cambio de mando y pese al compromiso del ministro Larroulet, no ha sido repuesta la urgencia. Por tanto, no ha habido mayor movimiento de un tema del que todos hablan pero al que le hacen el quite a la hora de legislar.

Los mayores opositores a que se tramite una ley de lobby son quienes quieren mantener esta actividad en las sombras. Inolvidables son las críticas a la normativa de uno de los fundadores de Chile Primero, pese a que como abogado y considerando la amplia red de contactos que tenía en la Concertación por su antigua pertenencia y en la Alianza por su nueva militancia, ejercía como lobbysta, lo que fue ampliamente conocido en la opinión pública por su intervención en la licitación de pasaportes y cédulas de identidad del Registro Civil.

Curiosamente, en Chile han sido las propias empresas que se declaran lobbystas –una de ellas, Imaginaccion, para la que yo trabajo, sumada a Captiva, Azerta y Burson Marsteller– las que más han abogado por la existencia de una ley que regule la actividad, que es consustancial a la discusión de políticas públicas, y que la propia Constitución reconoce en los distintos grupos afectados el derecho de representar sus intereses.

Lo que esperamos es que como mínimo una ley de lobby se aplique no solamente a quienes declaran que ejercen la actividad, sino a todos aquellos que en efecto la hacen. Y en esta definición entran asociaciones gremiales, empresas de comunicaciones, estudios de abogados, ONG y un sinnúmero de organizaciones que legítimamente buscan hacer ver sus puntos de vista o de terceros a parlamentarios y autoridades. E incluso, como ocurre en Canadá y fue explicado recientemente en un seminario en el Senado por la comisionada de lobby de ese país, se aplique a los funcionarios y miembros del directorio que representen los puntos de vista de su compañía en reuniones con autoridades.

Esto implica crear un registro con claros incentivos a la inscripción en este, y fuertes sanciones para quienes ejerzan acciones de representación de intereses, sin estar inscrito o incumpliendo las normas que éste establezca. Si no es así, simplemente será letra muerta, y habrá una clara competencia desleal a favor de quienes no se inscriban.

Una revisión a los directorios de empresas en Chile, y en especial las que están sometidas a altos niveles de regulación estatal, muestra que están llenas de actores importantes en la política chilena, los que claramente no están allí por sus habilidades empresariales y de gestión sino por la amplia red de contactos que poseen y por su conocimiento del mundo público.

O viceversa. Por los ministerios del gobierno de Piñera ha pasado una larga lista de nombres vinculados a industrias cuyos negocios dependen en gran manera de las disposiciones ministeriales. Incluyendo al propio ministro Mañalich, que antes de estar en la cartera, fue director médico de la Clínica Las Condes, de donde era accionista el propio Presidente de la República.

Otro punto importante en una ley es el registro obligatorio de audiencias de quienes formulan o participan en las políticas públicas. Esto es fundamental para que la ciudadanía pueda saber quién está haciendo lobby y en efecto poder tener control sobre las decisiones que toman las autoridades.

Algunos detractores de la ley plantean que este es un punto de difícil aplicación. La experiencia internacional desmiente categóricamente este argumento y más aún, varias autoridades chilenas como el Contralor de la República, el diputado Jorge Burgos o el director del Sernac tienen publicadas en sus respectivas páginas web sus agendas de reuniones.

El ministro Mañalich reconoce que su sector tiene múltiples intereses. Sus propias palabras en La Segunda son ilustrativas: “Hay lobby de personas que defienden los perros callejeros y los que están en contra, de las organizaciones ambientales, de la industria tabacalera, de los gastronómicos… Todos quieren hacer ver sus puntos de vista, pero cuando ya se inicia la discusión parlamentaria todas las presiones y solicitudes terminan en la puerta”. Un paso a la transparencia de su sector podría ser que se sumara a las autoridades que ya tienen publicada su agenda.

Hoy Siria está fracturada. Durante un año su territorio se ha erigido, progresivamente, en el paradigma de la inmunidad penal a la violación de los derechos humanos. En la persistencia de este régimen de excepción jurídica, Rusia, China y Qatar han sido factores determinantes. Mientras al alero de los movimientos sociales de Oriente y del Golfo Pérsico, países como Egipto, Barein, Tunez y Yemen derrocaron las dictaduras e intentan construir la democracia islámica, Siria sigue siendo el statu quo. Más grave aún, su situación es comparable con el caso de Libia y la doctrina de la responsabilidad internacional de proteger. Sólo en virtud de esta tesis se puede extender la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a estados que no reconocen el Estatuto de Roma, previo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, y ante situaciones de graves violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Luego cabe preguntarse, ¿por qué los argumentos de legitimidad que se esgrimieron para intervenir en Trípoli no se aplican a Siria? ¿Y por qué no se persigue penalmente a Bashar Al Assad como se hizo con Muammar Al Gadafi?

El sábado 4 de febrero recién pasado, Rusia y China ejercieron por segunda vez su derecho a veto en el Consejo de Seguridad y rechazaron por completo el Plan de Transición a la Democracia en Siria, propuesto por la Liga Árabe y redactado por Francia e Inglaterra. En su negativa, las razones económicas son más relevantes que las políticas. Así, la sostenida oposición de ambas naciones a intervenir el régimen de Damasco es la respuesta estratégica contra la competencia desleal —ejercida por el grupo de amigos de Libia— en el mercado del petróleo. Si por cinco meses reclamaron la articulación de la Liga Árabe como única instancia observadora válida, ahora que es controlada por Qatar, no admitirán de modo alguno una reforma política, y menos la destitución de Al Assad como mecanismo de paz y democracia para el pueblo sirio.

Desde que estalló el conflicto, Rusia y China han mantenido relaciones militares y comerciales sin interrupciones con la nación árabe. Claramente, el gobierno de Moscú no volverá a caer en el síndrome libio, aislada de fortuna fósil y de mar. El tráfico legal de armas, el otorgamiento de préstamos bancarios, y el ensayo de ejercicios de enlace con misiles y tanques rusos en los batallones del tirano, son parte de la diplomacia. Por el contrario, China, escueta y prudente, mantiene el argumento de que cada pueblo es soberano y de que los sirios son tan autónomos que han profesionalizado la revolución. Desde los canales de Youtube, hasta las marchas con niños y ancianos portando letreros y panfletos en distintos idiomas, son una muestra elocuente de que el pueblo es, a pesar de la represión, soberano. Sin duda, para estas remozadas repúblicas sobrevivientes del comunismo, la alianza con Al Assad y su control privilegiado del Mar Caspio, anima, por lo menos, a proyectar la construcción de un rentable oleoducto intercontinental. Qué menos para Damasco que tiene seis mil años de existencia y una historia de imperio.

Desde el otro flanco del tablero, Qatar, en su rol de adversario de las dictaduras, ha sido decisivo en la primavera árabe. El Sheikh, Hamad Al Thani, es considerado el mejor amigo de Occidente en esta “oleada democratizadora”, y el mediador que bien podría haber compartido con Lawrence de Arabia. Aunque, paradójicamente, en su país no existen libertades ni derechos políticos. Ahí ocho de cada diez habitantes es de origen noble y ostentan el título de ser uno de los países con menor desigualdad. Por eso, es la riqueza de la familia real la llave que abre todas las puertas, desde la presidencia de la Asamblea General de la ONU, el grupo de amigos de Libia, la OMC, el control del mercado del agua y la energía de países mediterráneos, hasta el Rally Dakar y la compra de bonos de deuda de Estados Unidos. Tanta sospecha despierta la multiplicidad de poder y ambición de Qatar, que el dictador sirio ha denunciado que la conspiración (Al Mu’amarah) contra su gobierno, no es occidental; es persa y sunita, siendo dirigidos los hilos de su destino desde la lujosa Doha.

Las ambiciones de Rusia, China y Qatar —entre otras naciones—, sólo agudizan la violencia entre Al Assad y el bloque opositor, compuesto por fuerzas como el Ejército de Liberación y el Consejo Nacional de Siria. La latencia del conflicto no sólo afecta el mercado del petróleo y el orden geopolítico de la zona del Magreb, sino al nuevo sistema de justicia penal internacional. Esta fragilidad de los derechos humanos en el marco de la ONU exige un cambio de paradigma que incluya a Medio Oriente, todavía más si los mínimos éticos que integran el ius belli son quebrantados. En efecto, la muerte de medio millar de niños, víctimas de operaciones dirigidas contra camiones de la Media Luna Roja, por uno y otro bando, incluyendo el fusilamiento de personal de la diplomacia humanitaria, son actos deleznables de una guerra que aún no se declara. En total, los muertos se calculan en más de cinco mil personas y no es tolerable que se espere la figura del genocidio para fijar una doctrina.

El futuro de Siria es incierto. Las meras sanciones de retiro de credenciales diplomáticas o la designación de persona non grata a algunos de sus embajadores son medidas insuficientes. Es posible que Al Assad se arriesgue a un magnicidio si no cumple con la promesa de una nueva Constitución y una ley de amnistía general, pero es más probable que la Liga Árabe termine imponiéndose con una nueva carta de navegación que la haga más autónoma de las irresoluciones de la ONU.

Creo hay dos estrategias disponibles para un consumidor aunque no sea tan inteligente:

La primera es ser fiel a una de las 4 cadenas grandes y concentrar todas  sus compras en sus locales, para aprovechar las ventajas que cada cadena ofrece a quienes le son fieles. Por ejemplo, acumular puntos para canjear por productos ya sea como premios o directamente equivalentes en dinero para rebajar en las compras futuras o un sistema de estampillas que se acumulan en cartillas para adquirir productos  rebajados o un cheque virtual  que acumula pesos y se puede descontar de la cuenta mensual. También hay ocasionales ofertas disponibles sólo para quienes son poseedores de la tarjeta de crédito de la tienda. Igualmente, la posesión de la tarjeta de crédito de la tienda, da derecho a acumular el doble de puntos o pesos. O sea, la llamada fidelidad tiene una recompensa que  tiende a obligar al cliente a seguir comprando en la misma cadena.

Hay que tener presente que todas estas “rebajas” asociadas a la fidelidad del cliente equivalen aproximadamente a un 1% de las compras .Las rebajas ocasionales u “ofertas” sobre productos de alguna marca  son en general concedidas por los proveedores de la marca y traspasados a los  consumidores por el supermercado. Igualmente los folletos promocionales de diversos artículos son financiados por los fabricantes de las marcas y finalmente los pagan los consumidores ya que los presupuestos por publicidad  tienen un costo que se suma al precio de cada artículo.

Usar la tarjeta del establecimiento  ya sea para pagar o bien se pague en efectivo, tiene un costo para el consumidor de alrededor del tres por ciento. El supermercado debe suponer que la compra  se hará con una tarjeta de crédito y sube todos los precios en lo que le cuesta su administración a través de Transbank. Si la tarjeta  es la propia de la cadena, ese porcentaje se ahorra y puede usarse para  costear la “fidelidad” del cliente.

Fijarse además en los días de descuento de cada cadena. En general cada cadena tiene un día, puede ser el lunes o el martes, en que hace un descuento sobre toda la compra (a veces con algunas excepciones). Eso lo hacen para estimular el uso de la capacidad instalada del local, en días que son más flojos de consumidores comprando. Ese descuento oscila en ese día entre un 6 y un 10%.

Hay que distinguir ese día de descuento, de los “días” en que ciertos productos están rebajados entre un 20 y un por ciento. Por ejemplo, rebajas en frutas y verduras, o en carnes, etc. Estos descuentos  tan grandes pueden esconder algunas trampas. Así en carnes u otros productos puede tratarse de los envases que están muy cercanos a la fecha de vencimiento, o peor aún las carnes que se han remarcado de precio recientemente.

¿Y si renunciamos a la fidelidad?

La otra estrategia es aceptar que no se puede ser totalmente fiel a una sola cadena de supermercados y visitar regularmente dos o tres locales de ventas. Para ello hay que vencer la natural tendencia a comprar en el local más cercano, tendencia que aumenta a medida que la congestión del tránsito se hace más insostenible.

Además es demoroso ubicarse en un establecimiento nuevo que no se conoce bien. Como esta tendencia es seguida por una apreciable cantidad de consumidores, ella ha originado la increíble batalla por dominar los mejores lugares  con espacios para  estacionar los vehículos en los lugares más populosos de las ciudades. Debe decirse que son los compradores varones los que más recurren a esa táctica y los que más se alejan de los domicilios para  hacer las compras.

Por otra parte las cadenas grandes han recurrido a los llamados locales de conveniencia, más pequeños, sin ninguna pretensión de fidelidad, pero que captan al consumidor local en competencia con los antiguos almacenes de barrio o emporios.

Una vez decidida esa modalidad, se deben comprar  los artículos más corrientes y de uso regular en el hogar, eligiendo aquellos conocidos y que figuran en oferta rebajada. Leche de larga vida, azúcar, arroz, tallarines, salsas, aceites, útiles de limpieza, etc. La experiencia indica que hay cadenas más caras en ciertos rubros fácilmente identificables, por ejemplo, hay cadenas más caras en vinos y licores, más caras en quesos y cecinas, etc. También se puede detectar que hay cadenas con buena calidad en frutas y verduras, pero caras en carnes, etc.El consumidor avispado mantiene una pequeña lista de lo que hay que comprar  y lo que no hay que comprar en determinada cadena.  Esa segunda estrategia tiene un costo en tiempo pero se compensa en la calidad y precio de lo adquirido.

Para los productos alimenticios frescos, nunca abandonar la experiencia de ir  ocasionalmente a las grandes ferias libres en las que hay que pagar  en efectivo pero que, ocasionalmente permiten al cliente elegir, igual que en el supermercado, las frutas y verduras una a una.

Y no olvidar, cualquiera que sea la estrategia adoptada, de controlar, al pasar por las cajas, si lo que se pagó corresponde a lo comprado y a los precios impresos elegidos.

Nuestro apoyo a Sebastián Piñera respondió a un voto instrumental para producir la alternancia y así catalizar los cambios en el sistema de alianzas. Un quinto gobierno de la Concertación no le hacía bien a Chile, sin embargo nuestras críticas a ambas coaliciones se mantuvieron, razón por la cual se produjo nuestro desembarco del oficialismo.

Al igual que las Farmacias, la Concertación y la Alianza se coluden con recurrencia para frenar transformaciones necesarias para el Chile de la postransición. Ambas han aprendido muy poco desde la última elección: la Concertación aún no asume las razones de su derrota, la falta de renovación, y la Alianza aún no entiende las razones de su triunfo, la necesidad de cambio. Ambas parecen perplejas con el nuevo Chile y a su vez temerosas de los cambios.

Aquello no se condice con un escenario que no se volverá a repetir nuevamente: 4,5 millones de chilenos tendrán la posibilidad de votar por primera vez y el 70% de ellos no se siente representado por las actuales coaliciones. Frente a eso lo mejor es no quedarse inmóvil y hacer ofertas audaces para momentos inciertos. Fue así como decidimos nominar a Tomás Jocelyn-Holt como el candidato presidencial de ChilePrimero.

Crece la necesidad de darle representación al mundo liberal y progresista que está descorazonado con el gobierno y no quiere volver a la Concertación y aquellos desencantados de la Concertación que no quieren ir al gobierno. Sumado a ellos, los nuevos votantes sub 35 representan el 70% del padrón. Es decir, existe la oportunidad única para que la generación de los 80 deje de mirar hacia arriba para pedir permiso y comience a colaborar con los más jóvenes para enfrentar el Chile que viene.

Nuestra convicción es que Tomás puede llenar ese vacío político…

La respuesta de Irán a esta amenaza, materializada en la voluntad de llevar adelante un bloqueo militar del Estrecho de Ormuz, por cierto en nada facilita una salida negociada y pacífica al eventual conflicto que diferentes países adelantan.

Agrava el escenario y profundiza la incertidumbre las recientes declaraciones de Benjamin Netanyahu, en su calidad de premier israelí, en las cuales asegura que “en semejante región, la única cosa que garantiza la supervivencia, la seguridad y la paz, es la fuerza”.
Pero aún así se debiera tener confianza de que es tiempo de diplomacia para buscar caminos que permitan evitar un conflicto de imprevisibles consecuencias.

Aunque exista la mejor disposición para tratar este tema entre Irán, EE.UU y los demás países involucrados, las dudas están presentes al no tener certezas sobre quién o quiénes serán los líderes que podrían ser interlocutores válidos y confiables para pacificar y dar estabilidad a la zona. Esto, a no dudarlo, estará condicionado por las influencias que puedan ejercer las democracias, el poder militar, las corrientes religiosas y el poder económico mundial. La principal amenaza, por cierto, en lo señalado, la constituye la propagación del fundamentalismo islámico.

¿Qué hacer entonces ante este incierto y peligroso escenario mundial? Es tal vez este el momento en que se debe acrecentar la confianza y desarrollar las artes de la diplomacia, buscando caminos que permitan evitar un conflicto de imprevisibles consecuencias. Es tiempo de la diplomacia en su máxima expresión, evaluación de los escenarios para identificar aliados y adversarios, manejo de crisis de mediana intensidad para, a través de ese mecanismo, mostrar la voluntad de actuar cuando se necesite. En este aspecto, las fuerzas navales juegan un rol relevante toda vez que sus despliegues, sin invadir espacios jurisdiccionales, le permiten influir mostrando voluntad y quedando en condición de actuar cuando la amenaza lo recomiende. La estrategia marítima y el rol del poder naval, son vitales en conflictos de esta naturaleza.

Por ello, es importante tener en consideración cuáles son los aspectos que condicionan las voluntades políticas y militares en este complejo escenario de incertidumbres indiscutibles.

Particular incidencia tiene EE.UU. y su próxima elección presidencial, así como la primavera árabe con sus liderazgos precarios y sin consolidarse. La situación económica europea y la influencia de Israel en el concierto mundial resulta un dato que tampoco se puede subdimensionar, así como las alianzas en el mundo musulmán y las corrientes islámicas que buscan reposicionamientos para enfrentar a Occidente como parte de su supervivencia.

Pero lo relevante en el problema es el desarrollo de la capacidad nuclear de Irán, aspecto que, siendo una amenaza para el concierto mundial, tiene al poder político iraní no disponible a subordinarse ni a Occidente ni a Israel. Y si de amenazas se trata, el bloqueo del Estrecho de Ormuz es un camino ya explicitado por Irán y que no deja al mundo indiferente, dado que EE.UU. está forzado a garantizar la seguridad y la economía en beneficio del concierto mundial.

Dado este escenario, si lo resuelve EE.UU. y la OTAN, en hora buena para Israel. Pero si no se logra con rapidez y eficacia, transformándose Irán en una amenaza, Israel, por su cultura estratégica, se puede asegurar que jugaría un rol que tendría como premisa “ni permiso ni perdón”, sólo acción, dejando posteriormente que Occidente estabilice la zona pero ya con la tranquilidad de un Irán sin aliados y sin capacidad nuclear.

Estamos conscientes entonces, que el cierre del paso del petróleo por el Estrecho de Ormuz, traería consecuencias sumamente perjudiciales para la economía del mundo. Debemos entender también la dimensión del problema, cuando Irán persevera con el desarrollo de capacidad nuclear. Irán con ello viene a profundizar una crisis que tiene mal pronóstico.

En lo estratégico naval, la presencia de la Armada americana en el área del Estrecho de Ormuz es muestra manifiesta de voluntad política por ser protagonista en esa zona, donde sus intereses son, a no dudarlo, el petróleo y su efecto en la economía de Occidente.
Las preguntas que debemos hacernos entonces son: ¿es posible un bloqueo? Sí, Irán tiene capacidades para materializarlo. ¿Puede ser efectivo? Esto ya es discutible, toda vez que el desequilibrio de fuerzas no asegura el logro del objetivo por un plazo razonable, para hacer o causar un daño mayor. Sin embargo, no se puede minimizar ciertas amenazas a la fluidez del 30% del petróleo mundial.

Y por último ¿puede ser sostenible? La respuesta es clara: ¡No! Este curso de acción constituiría una amenaza que obligaría a EE.UU a actuar junto a todos los aliados de la OTAN.

La estrategia naval contempla aspectos que no se pueden obviar. Un bloqueo requiere de un control del mar que dificulte a otras fuerzas actuar para neutralizarlo. También necesita profundidad y tiempo para ser efectivo, y una medida de esta naturaleza de parte de Irán, sería a todas luces una provocación inaceptable y un motivo para actuar con la contundencia que asegure una primacía naval, aérea y terrestre de proporciones.

Pero salir a flote sin llegar a un enfrentamiento de grandes proporciones, y sin efectos sobre la economía mundial es poco probable. Se debe tener en consideración que Irán, teniendo capacidad militar en su dimensión global, presenta asimetrías si se compara con el potencial de Occidente. Dado lo anterior, serán los ingenios tecnológicos que agregue, o la guerra de minas y submarinos enanos probablemente los mayores dolores de cabeza para la potencia militar norteamericana y sus aliados en Europa y Medio Oriente.

Esperemos entonces que este conflicto logre un acuerdo por el bien de todos. La consigna es mantener abierto y seguro el transporte marítimo de la zona, aún reconociendo que el Golfo Pérsico y sus espacios aledaños se mantendrán como una región volátil. En este cuadrado lo que es indiscutible es que la incertidumbre es una variable cierta y que las fuerzas y en especial las aéreas y navales, vienen a jugar un rol protagónico en el futuro desenlace.

Como siempre, cada vez que se hacen públicos los resultados del FONDART, se hacen manifiestas las quejas de quienes no han sido beneficiados con este subsidio a la creación. La respuesta de las autoridades es, invariablemente, que se han premiado los proyectos de mejor calidad, por lo que no habría lugar a las quejas y reclamos.

Esta respuesta pareciera sostenerse en la calidad de absoluto que podría tener la palabra “mejor”, entendiendo que se trataría de un juicio incuestionable. Pero el problema surge precisamente en esa categorización. ¿Cómo se establece la categoría de mejor? ¿De acuerdo a qué parámetros conceptuales se establece tal categoría? ¿A qué sistema de pensamiento corresponde una categoría de esa índole?

Para poder aproximarse a una posible respuesta a esta interrogante, habría primero que preguntarse qué es, para la institucionalidad de la república, la cultura. Esta interrogante no fue respondida en su debido momento, cuando se discutía el proyecto de ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Pero es una definición crucial a la hora de poder decidir las políticas públicas respecto del tema cultura. Porque la calidad de mejor no es absoluta sino comparativa en relación a otras manifestaciones u objetos de índole similar.

¿Mejor en el sentido de que abarca mayor cobertura en términos de cantidad de espectadores, lectores, auditores? Los programas de farándula de la televisión local tienen amplia cobertura, son seguidos por ingentes masas de ciudadanos y habitantes del país; eso, ¿los hace mejores? ¿mejores a qué? Quizás se trata de mejores en el sentido de que cuentan con mayor infraestructura para realizarse, ¿no le bastó, acaso, una simple máquina de escribir a Juan Rulfo para escribir una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX?; tal vez se trata de mejores porque se presentan como proyectos de “artistas consagrados”, ¿se le habría negado la posibilidad de recibir un apoyo a un Georges Braque en sus inicios? ¿O se tratará simplemente de que son mejores porque siguen parámetros expresivos ya probados? Si así fuese, ¿en qué sentido, entonces, se apoyaría a la creación?

Para todo aquel que sepa de creación, no es ningún misterio que todo proyecto creativo es una aventura asaz incierta, que puede partir de una premisa y terminar en una conclusión diametralmente opuesta, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de las ideas que sustentan tal emprendimiento.

La simple repetición de parámetros creativos ya probados no apunta al desarrollo de nuevos lenguajes ni al incremento del acervo cultural, sino, claramente, a la uniformación de las formas de expresión.

Para no quedarse en la oscuridad más absoluta en cuanto a las decisiones del jurado, respecto de por qué decide financiar unos proyectos y no otros, siendo que varios han sido considerados realizables en la primera etapa de evaluación, se hace imprescindible la publicación de las deliberaciones de los jurados en las distintas disciplinas que presentaron proyectos para ser financiados. Como un acto de plena transparencia se hace necesario saber qué es lo que los jurados consideran lo mejor, cuáles son los sustentos ideológicos o conceptuales en los que se sostienen sus juicios y qué entienden por cultura. Sólo así podrá generarse un verdadero y fructífero debate, en la comunidad artística nacional, sobre lo que de verdad hay que desarrollar para que la cultura no sea un problema de las élites gobernantes de turno sino de todo el país.

Pedro Ignacio Vicuña
pedracos@gmail.com