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17 de junio de 2011

Punto clave del petitorio de los 80 mil manifestantes que marcharon ayer

El lucro: la gran piedra en el zapato de Lavín

Es una de las consignas que se repite en los lienzos y gritos. También es uno de los temas transversales. Y aunque el ministro ha planteado una salida, su pasado vínculo al mundo universitario privado genera desconfianza en los interlocutores de la reforma a la educación superior que se está conversando.

“¿Vieron lo que dije en la tele?”, comentó el ministro de Educación Joaquín Lavín en la sala. El secretario de Estado se refería a sus dichos de la noche anterior en el programa de televisión Tolerancia Cero, donde conversaba acerca del conflicto estudiantil que se arrastra hace semanas y que tuvo su peak ayer cuando sumó a más de 80 mil manifestantes: profesores, universitarios y secundarios.

La mayoría sí había visto el programa. La pregunta apuntaba más que nada a la idea que lanzó el secretario de Estado por las pantallas de CHV: un estatuto para clarificar el lucro en la educación superior. “Una alternativa es decir transparentemos todo. Transparentemos la universidad, la inmobiliaria que hay detrás, quiénes son sus dueños. O hagamos algo más audaz, hagamos un nuevo estatuto de universidades”, señaló.

Los miembros del comité ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch) que se encontraban a esa hora en el Ministerio de Educación, lo miraron y estuvieron completamente de acuerdo con él. Sin embargo, hay algo que no cuaja. Y es que Lavín puso un agregado sobre la mesa: recursos estatales podrían ir a instituciones con fines de lucro vía demanda. “Es decir, todo lo que el alumno lleve en AFI o en becas, entrarían”, cuenta uno de los presentes.

El lucro, que ha pasado por las bocas de dirigentes estudiantiles, políticos y lienzos, es el concepto transversal del gran movimiento estudiantil que se ha levantado y que ayer tuvo una convocatoria histórica. Las conversaciones están en punto muerto: con La Moneda como escenario, Lavín salió la tarde de ayer –flanqueado por el al subsecretario de la cartera, Fernando Rojas, y el jefe de la división de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte– para decir que rechazaba la violencia y estaba abierto el diálogo. Pocos minutos después y en contraposición, estudiantes y profesores aseguraron que sin propuestas concretas no había posibilidad de sentarse a conversar.

En Chile, las cifras de inversión en educación son un desastre. En las universidades, el 85% del total lo financian las familias y el 15% restante proviene del Estado a través, por ejemplo, de becas. En los países de la OCDE es totalmente al revés. El aporte del Estado es de un 85% en promedio. En ese sentido, hay sólo tres países que empeoran el ranking, y donde la educación también es un lujo: Estados Unidos. Inglaterra y Japón.

El lucro es, según los manifestantes, uno de los grandes problemas que arrastra la educación chilena y es también uno de los puntos que genera desconfianza con los actores con los que se debe relacionar el titular de Educación. “Su cercanía con la Universidad del Desarrollo y ese mundo privado claramente genera desconfianzas, aunque no tenemos por qué no creerle cuando dice que quiere llevar adelante una gran reforma”, comenta un rector.

El libro “El negocio de las universidades” de María Olivia Mönckeberg, señala que “el 2 de agosto de 1991 se constituyó la Inmobiliaria Ainavillo con un capital de 30.500.000 pesos. La formaron los mismos fundadores de la Universidad: Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafalluy y Cristián Larroulet”.

“En 1994 Ainavillo fue modificada y cuatro sociedades de papel reemplazaron a las personas naturales en calidad de socias: Estudios Económicos Limitada, sociedad constituida por Joaquín Lavín, quedó con un 17,1 por ciento; Inversiones El Otoñal S.A. de Cristián Larroulet, aumentó al 20 por ciento; Inversiones Sydarta Limitada, de Ernesto Silva Bafalluy subió a 22,7 por ciento; Inversiones El Estribo, de Federico Valdés, con 10,4, y Administraciones e Inversiones Penta, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, con un 16,6 por ciento”.

El texto también cuenta que a fines de 2001, Lavín figuraba con 15%, tras vender un 3% a Penta III.

Por todos estos vínculos miran con recelo en el sector a Lavín y lo ponen en la otra vereda.

La presión por una Superintendencia

En 1981 se dicta la Ley General de Universidades que permite la fundación de universidades privadas, entidades que deben ser fundaciones sin fines de lucro. Luego, tanto la LOCE como la LGE no se refirieron a la Educación Superior. “La gran queja es que se sabe que hay instituciones universitarias que, sin embargo, reparten excedentes mediante subterfugios, inventan canales para eludir la ley y darle dinero a los controladores o propietarios”, comenta José Joaquín Brunner, experto en educación. Es esto, que se cumpla la ley, y no se permita el lucro, es lo que exigen los actores de la educación que hoy se encuentran movilizados.

Brunner también señala que el tema se puede solucionar mediante dos instrumentos: establecer un estatuto claro para que los establecimientos de educación superior informen acerca de todos sus recursos, como lo hace una Sociedad Anónima. Y que también se cuente con un instrumento para que el Gobierno supervise. “Esto puede ser una agencia o una Superintendencia”, comenta el experto.

Una Superintendencia es también el concepto que más se repite entre los rectores del Cruch para fiscalizar que se cumpla el que la educación no es una mercancía. Para esto, una Subsecretaría –como la que fue planteada en el discurso del 21 de mayo por Sebastián Piñera– no basta.

Las críticas al lucro también corren para la educación básica y media. Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, dice que “en  el caso de las escuelas particulares subvencionadas, el lucro afecta porque ellos pueden optar a la subvención que entrega el Estado y, además, al financiamiento compartido. Incluso hay tramos que puede llegar a un valor de hasta 40 mil pesos por alumno; ellos pueden ir ampliando el cobro, tener un doble ingreso, pero por la flexibilidad curricular se permite que tenga una planta mínima y con eso se abaratan los costos”.

En Chile, las cifras de inversión en educación son un desastre. En las universidades, el 85% del total lo financian las familias y el 15% restante proviene del Estado a través, por ejemplo, de becas. En los países de la OCDE es totalmente al revés. El aporte del Estado es de un 85% en promedio. En ese sentido, hay sólo tres países que empeoran el ranking, y donde la educación también es un lujo: Estados Unidos. Inglaterra y Japón. “El Estado tiene que hacer un esfuerzo de mayor gasto en Educación Superior para alcanzar a los países con mejor estándar. El aporte por AFI (Aporte Fiscal Indirecto) es US$ 40 millones anuales. Piensa que el Transantiago, anualmente, se lleva US$ 800 millones entre subsidios permanentes y transitorios, de eso estamos hablando. El aporte basal a las universidades del Cruch (Aporte Fiscal Directo) sólo cubre en promedio el 20% de su presupuesto de operación, mientras en algunas universidades del Estado apenas alcanza el 4% del presupuesto de operación”, señala el economista de la Usach, Francisco Castañeda.

Es por este motivo que la histórica movilización de ayer, que también remeció a las regiones, pretende llevar el lucro al Congreso. El presidente del Senado, Guido Girardi, señaló que es una tarea prioritaria e ineludible que en el escenario actual “donde estamos frente a punto de quiebre, se reponga la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública desde la edad pre escolar, escolar, superior y post grado”.

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