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17 de febrero de 2012

Era resistida por la Cámara de Comercio de Santiago

Ley Dicom entra en vigencia poniendo límites al uso de datos personales

La norma promete marcar un antes y un después en el nivel de protección de datos personales en el país, donde la expresión "estar en Dicom" está integrada en el imaginario de los temores colectivos. Se estima que el mal uso de ese registro ha perjudicado a cerca de 1,2 millones de chilenos que buscaban un trabajo y no lo consiguieron por, paradójicamente, estar endeudados, lo que les colocó en un círculo vicioso.

Para un chileno estar en el registro de morosos de Dicom suponía estar atrapado en un sistema que a menudo les impedía tener acceso a empleo, vivienda, educación y salud, pero gracias a una nueva ley promulgada este viernes, muchos podrán liberarse de sus garras.

Esta ley, cuya tramitación parlamentaria finalizó el pasado 24 de enero, promete marcar un antes y un después en el nivel de protección de datos personales en este país, donde la expresión “estar en Dicom” está integrada en el imaginario de los temores colectivos.

Ello, porque se trata de un registro de morosos en el que cualquiera puede figurar por deber incluso cantidades nimias, de menos de mil pesos, en cuentas de la luz, del peaje de las autopistas o de uso y propiedad de tarjetas de crédito.

Ese registro, concebido para que entidades dedicadas al préstamo evaluaran el riesgo crediticio de sus clientes, ha sido empleado de forma recurrente para negar a los morosos el acceso a la sanidad o a la educación, por las que en Chile hay que pagar, e incluso la posibilidad de encontrar un trabajo.

La nueva normativa, en cambio, impide que ese registro se consulte para asuntos no relacionados con la concesión de créditos, y además obliga a borrar los datos de 6 millones de personas que, al 31 de diciembre de 2011, tenían deudas de hasta 2,5 millones de pesos.

Se borra el registro, pero no la deuda

“La principal modificación es que esta ley cambia la forma de acceso a esos datos, poniendo fin al acceso universal”, señala su impulsor, el diputado Felipe Harboe.

“Hasta ahora yo podía entregar el número de carné de una persona, pagar unos diez dólares y acceder a todos sus antecedentes comerciales. Ahora, eso sólo lo podrán hacer las personas jurídicas que se dediquen al comercio o a evaluar el riesgo crediticio”, explica.

Se estima que el mal uso de ese registro ha perjudicado a cerca de 1,2 millones de chilenos que buscaban un trabajo y no lo consiguieron por, paradójicamente, estar endeudados, lo que les colocó en un círculo vicioso.

Ya no soy un “paria”

Uno de ellos es Jorge Rojas, titulado en Derecho. “En 2008 postulé a un trabajo como guardia de seguridad y, pasadas las pruebas técnicas y el examen psicológico, el último filtro era ver si tenía antecedentes comerciales”, relata a Efe.

Vieron entonces que debía 120.000 pesos (250 dólares) invertidos en pagar sus estudios. “Entonces, mi potencial empleador me dijo, o solucionas tus problemas o no puedes entrar a trabajar”, cuenta.

Ahora, Rojas, de 38 años, ya no es un “paria”, tiene otro empleo, ha pagado su deuda y goza de una buena situación económica, pero ha decidido “salirse del sistema”. “No tengo tarjetas, no tengo cuentas, y me pagan y lo pago todo al contado”, asegura.

Cuenta además que, por su actual trabajo, ha observado que muchos propietarios exigen “no tener Dicom” a sus arrendadores.

Hay también 10.200 personas que, según Harboe, han denunciado que al acudir a clínicas privadas se les negó atención médica por tener deudas, y situaciones similares se han dado a la hora de matricularse en colegios o universidades.

En contra

Pero esta ley, aplaudida por casi todo el espectro político, no ha gustado a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), una asociación gremial a la que las empresas envían los datos de los clientes morosos.

Para Peter Hill, presidente de la CCS, la salida de 6 millones de personas de esos registros “no aporta al endeudamiento responsable ni al fomento de una conducta de pago”, e incita a pensar a aquellos que sí han pagado que se recompensa a los que no lo han hecho.

Sin embargo, Harboe cree que ese rechazo se debe a que la entidad vive de comercializar esos datos, ya que desde 1928, y en virtud un decreto del gobierno de la época, es la CCS quien gestiona el Boletín de Información Comercial, el único oficial.

Actualmente, la Cámara vende esa información a cuatro empresas, entre ellas Equifax, una empresa multinacional con sede en Estados Unidos que entre 1994 y 1995 adquirió Dicom, constituida en 1979, en plena dictadura, por varios empresarios chilenos.

En un comunicado, Equifax señaló que esta ley “sintoniza con el trabajo que venimos realizando en pos de mejorar la calidad de nuestra información y avanzar en los procesos de regulación de nuestra compañía”.

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