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23 de mayo de 2012

Central Castilla, Cerro Casale, Guacolda y Punta Alcalde

Detrás de Freirina: los proyectos que convierten a Atacama en zona de sacrificio medioambiental

La planta de Agrosuper —hoy en el ojo del huracán— es uno de los conflictos con los que se han enfrentado los habitantes de la Tercera Región. Sin embargo, hay más: Castilla, la termoeléctrica Guacolda, Pascua Lama y las futuras batallas por Cerro Casale y Punta Alcalde, conforman el mapa de una zona de sacrificio que se cansó. La senadora Isabel Allende lo resume: “Es una región que tendrá inversiones importantes, pero el costo que ha tenido que pagar es muy alto”.

En la casa de César Orellana (30), en la población Altiplano Sur, hace un tiempo sólo había olor a Olivos.

Sin embargo, desde el año pasado, en su vivienda ubicada en pleno centro de Freirina, ya no es lo mismo. “Ahora hay simplemente olor a caca”, dice Orellana, consejero regional de Atacama que ha vivido toda su vida en esta comuna y donde la molestia ciudadana por la instalación de una planta faenadora de Agrosuper en Freirina, llevó a los vecinos a cortar las rutas para impedir que los trabajadores ingresaran a la planta.

En un pueblo chico —con poco más de 5 mil habitantes— el olor hizo que las costumbres cambiaran: “La gente solía estar en la calle a las 22:00 horas. Hoy eso ya no es posible; el olor hace que no te den ganas de nada. Yo mismo he estado con fuertes dolores de cabeza, porque hay momentos en que es simplemente insoportable”.

La situación llevó a que algunas de las vecinas de su población, las dueñas del jardín infantil Amancay, pusieran uno de los primeros gritos en el cielo, en octubre del año pasado. Pero según cuenta Orellana, ni ese reclamo ni la queja de los vecinos que llegaron ante el ex intendente de la Tercera Región, Rodrigo Rojas, sirvieron para algo.

La ficha del Proyecto Agroindustrial del Valle de Huasco, cuyo Estudio de Impacto Ambiental, (que registra el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental,) describía el proyecto que consistía en la construcción y operación de un centro de producción porcina localizado en el Valle de Huasco, con instalaciones de las comunas de Vallenar, Freirina y Huasco.

“Nos habíamos salvado de la contaminación. Freirina era una de las pocas comunas limpias que estaba quedando en la región, pero con esto ya no queda ninguna”, afirma Orellana.

Las otras quejas de Atacama

Cada cierto tiempo el nombre de Atacama aparece en las noticias convertido en un conflicto medioambiental. Los hitos que han explotado en la región no son para nada desconocidos por los habitantes de la zona.

Pascua Lama, de la minera canadiense Barrick Gold, ha sido uno de los proyectos más cuestionados. Consistía en explotar una mina a cielo abierto de la que se extraería principalmente oro; pero además plata, cobre y otros minerales. Las principales críticas apuntaron al desarrollo del proceso y al impacto en los recursos hídricos. En febrero de este año, el tema incluso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la comunidad agrícola indígena Los Huascoaltinos, informó que su petición que cuestionaba el proyecto fue acogida por la CIDH.

Oceana ha desarrollado una fuerte campaña para terminar con las llamadas “zonas de sacrificio”, que son aquellas áreas con gran cantidad de industrias a carbón y donde la población, generalmente más pobre, ha sido sometida a una contaminación mucho mayor que el resto del país. En estas zonas se incluye Ventanas, Huasco, Tocopilla, Mejillones y Coronel. Los representantes de Oceana estarán la próxima semana en Huasco reuniéndose con distintas agrupaciones locales para apoyarlas en su lucha contra las termoeléctricas.

Los recursos hídricos son el flanco más débil de la región, debido a la precariedad que existe, porque los derechos de agua fueron por mucho tiempo entregados, sin gran control, a agrícolas y mineras.

Otro de los proyectos que se convirtieron en un hito del reclamo de la comunidad, es la termoeléctrica Guacolda, que nació el 2 de abril de 1992 para suministrar energía al Norte Chico. En 1995 comenzó a funcionar la primera unidad de 152 MW. Finalmente el proyecto tendría cuatro unidades. Eléctrica Guacolda S.A fue fundada por Chilgener S.A., la Compañía de Carbones de Chile Cocar S.A. y la Compañía de Aceros del Pacífico S.A. Según la memoria 2011 de la empresa, hoy los accionistas son AES Gener S.A (50%), Empresas Copec S.A (25%) e Inversiones Ultraterra Limitada (25%). El presidente del directorio es Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía de Ricardo Lagos.

Para Álex Muñoz, director ejecutivo de Oceana en Chile, Guacolda ha producido un enorme daño al ecosistema. “Al igual que Ventanas, Huasco y éste es otro caso de discriminación ambiental contra una población que, por no tener suficientes medios económicos ni redes políticas, ha tenido que soportar la instalación sucesiva de industrias sumamente contaminantes. Las distintas unidades de esta planta han significado una carga completamente excesiva de contaminantes tóxicos, entre ellos metales pesados como el mercurio, dióxido de azufre y material particulado, afectando gravemente la salud de las personas, degradando el ecosistema y perjudicando actividades como la pesca artesanal y agricultura”, dice Muñoz.

Oceana ha desarrollado una fuerte campaña para terminar con las llamadas “zonas de sacrificio”, que son aquellas áreas con gran cantidad de industrias a carbón y donde la población, generalmente más pobre, ha sido sometida a una contaminación mucho mayor que el resto del país. En estas zonas se incluye Ventanas, Huasco, Tocopilla, Mejillones y Coronel. Los representantes de Oceana estarán la próxima semana en Huasco reuniéndose con distintas agrupaciones locales para apoyarlas en su lucha contra las termoeléctricas.

El futuro

Los habitantes de la Tercera Región también están inquietos por conflictos ambientales en ciernes. Vinculado también a Barrick Gold, se encuentra Cerro Casale. Se trata de uno de los depósitos de oro y cobre más grandes del mundo y sobre el cual la población tiene un gran temor: para su proceso industrial, el proyecto utilizará más de 900 litros de agua por segundo. “Durante la década del 90 y la del 2000 se vendieron derechos de agua que hoy ascienden a 19,6 metros cúbicos por segundo, cuando la capacidad de recarga de agua es apenas el 20% de esa cifra”, declaró a comienzos de abril el propio ministro Laurence Golborne, refiriéndose a esta zona.

Otro de los focos conflictivos ha sido la Central Termoeléctrica Castilla. En febrero del año pasado la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama aprobó la resolución de Calificación Ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Castilla de la empresa brasileña MPX, cuya construcción se proyectaba en el sector de Punta Cachos, a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó. Sin embargo, un fallo de la Corte de Apelaciones invalidó el permiso ambiental que permitía a la compañía iniciar la construcción del proyecto.

Los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Guillermo Silva, Rosa Egnem y Juan Escobar, resolvieron ayer fijar audiencia de conciliación para el 12 de junio, en los dos recursos de protección presentados contra el polémico y criticado proyecto de la Central Castilla, luego de escuchar —el 17 y el 22 de mayo— los alegatos de las partes involucradas.

Punta Alcalde es otro de los proyectos contra el cual los ciudadanos están dispuestos a dar la pelea. Se trata de una termoeléctrica de Endesa, que se encuentra actualmente en proceso de calificación en el Sistema Evaluación de Impacto Ambiental. El objetivo es la “construcción y operación de una central termoeléctrica con dos unidades generadoras de 370 MW cada una; un muelle mecanizado para descargar carbón (que sería transportado vía marítima); canchas de acopio para éste y piedra caliza; y un depósito para la disposición final de cenizas y escorias resultantes del proceso. Asimismo, contemplaría instalaciones anexas tales como: planta desaladora y desmineralizadora, sistema de aducción y descarga de agua de enfriamiento”, como detalla la ficha del proyecto. Contará con una inversión estimada de US$ 1.400.000.000, y una vida útil de 30 años.

Daniel Díaz, de la agrupación S.O.S Huasco, dice que la oposición a este proyecto se debe a que “la semana pasada Huasco fue nombrado zona de latencia y nosotros en 2005 deberíamos haber sido zona saturada. Nos oponemos porque las malas autoridades: intendenta, gobernador y seremi han sido incapaces de nombrar como zona contaminada este lugar que de concretarse Punta Alcalde, quedará aún peor”, asegura Díaz.

Los cerdos

Hoy en Freirina, la situación generada por lo malos olores de la planta Agrosuper, es ésta: la comuna se encuentra en estado de alerta sanitaria y el Gobierno anunció el cierre temporal de la planta. Todo esto por la mortandad de cerdos. En la planta hay casi 500 mil animales.

Mauricio Arancibia, sacerdote diocesano de Copiapó, vivió 9 años en Freirina y dice que le tocó ver en la Sexta Región el impacto de Agrosuper en el entorno. “Por eso cuando el gerente del proyecto, Hugo Würth, nos pidió apoyo para acercar a la gente e incluso para bendecir el proyecto, yo le dije que no”, comenta el religioso.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitió la instalación de la faenadora data de 2005 y como señaló ayer El Mostrador, fue Gestión Ambiental Consultores (GAC) la encargada de elaborar y tramitar el EIA, donde entonces la actual ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, ocupaba el cargo de gerenta de Administración y Finanzas.

La secretaria de Estado señaló en Radio Cooperativa que “esta empresa tramitó el estudio, pero no lo aprueba” y destacó que en su cargo no tenía “nada que ver con la evaluación del proyecto”.

La ministra Benítez no es el único nombre de GAC vinculado al Gobierno. Leonel Sierralta Jara, es socio de la consultora. Ahora es jefe del Departamento de Recursos Naturales, desde donde debe impulsar el proceso de desarrollo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es uno de los desafíos más importantes de la nueva institucionalidad ambiental.

Entre los nombres también se encuentra Ricardo Katz, miembro del consejo consultivo del ministerio en representación de los centros académicos.

Cuando en la misma emisora le preguntaron a Benítez por otros nombres de la consultora vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, ésta fue su respuesta: “Probablemente debe haber alguien, porque en materia ambiental hay poca gente que sepa de estos temas”.

La ministra también señaló que “la planta se aprobó en diciembre de 2005 con ciertas condiciones y en enero de 2006, en una nueva reunión entre el intendente de la época y la comisión de evaluación, se le cambiaron las condiciones no sé por qué. Eso será parte de la investigación”. La senadora Isabel Allende cree que el mapa de la contaminación en Atacama es el reflejo de que es una región bastante lejos del centro y “quizás muchos han pensado que aquí se puede permitir hacer cualquier cosa”, adivierte. “Es decir, tener un proyecto como Punta Alcalde cuando se nombra zona de latencia suena incoherente. Es una región que tendrá inversiones importantes, pero el costo que ha tenido que pagar es muy alto”.

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