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23 de julio de 2012

Abogada de la U. de Chile: “Hay una norma que obliga al ministro de Educación a investigar sobre lucro”

"A nuestro juicio, el ministro incurre en causal de acusación constitucional por dejar de cumplir las leyes", sostuvo la académica.

“Lo que señala el ministro de Educación, Harald Beyer, de que no ha recibido ninguna solicitud de fiscalización, no es efectivo”, afirma Carola Canelo, abogada de la Universidad de Chile, quien —en entrevista con Radio ADN— confirmó la presentación de dos solicitudes de fiscalización al Ministerio de Educación por lucro.

En ese sentido, detalló que presentó una solicitud junto a Miguel González y Joaquín Polit en septiembre de 2011. Un mes más tarde, el académico Eric Palma presentó otra solicitud.

“Como abogados, nos interesa que se cumpla la ley en Chile y nos motiva, como académicos de la Universidad de Chile, que podamos de alguna forma aportar al mejoramiento del sistema educacional chileno”, indicó la abogada.

“Gravemente, no hemos recibido ninguna respuesta. Fue solicitado esto en septiembre del año pasado, cuando el ministro de Educación era el abogado Felipe Bulnes. No recibimos respuesta del señor Bulnes, y luego, el 25 de junio de este año, estando como ministro de Educación el señor Beyer, pedimos cuenta y a la fecha no hemos recibido respuesta del ministro Beyer”, acotó.

Agregando que “ha habido una falacia muy grave, en el sentido de que muchas personas, incluso autoridades, han dicho que no hay una autoridad, que el ministro de Educación no tendría facultad de fiscalizar, lo cual es absolutamente falso. Incluso se ha dicho que se requiere un proyecto de ley para crear una Superintendencia de Educación Superior para que ésta tenga facultades, lo cual también es falso”.

La académica dijo que existe una norma que “obliga al ministro de Educación a investigar a las universidades privadas que infringan la ley” lo que incluye eventuales “sanciones que son gravísimas, tales como la revocación del reconocimiento oficial, e incluso la revocación de su personalidad jurídica”.

“A nuestro juicio, el ministro incurre en causal de acusación constitucional por dejar de cumplir las leyes”, concluyó.

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