Tres gobiernos, seis años desde que se anunció su implementación y más de tres mil millones invertidos, pero ningún resultado. Ese es, hasta el minuto, el verdadero estado del sistema que pretende centralizar los datos que todas las instituciones vinculadas al tema penal tienen sobre sospechosos y detenidos. La actual administración de Piñera recibe el bulto que, para algunos, es comparable al desastre del puente Cau Cau.
