El máximo tribunal estimó que la solicitud proveniente de La Paz contra Mario Javier Valle no cumple con la exigencia de acompañar «las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de culpabilidad».
La Corte Suprema rechazó la extradición a su país del boliviano Mario Javier Valle Alcoreza, acusado de delitos de corrupción mientras se desempeñaba como jefe de almacenes de la prefectura de La Paz, informaron este martes fuentes judiciales.
El fallo, que es definitivo, fue dictado el 28 de enero por la II Sala Penal del máximo tribunal chileno y revocó la resolución de primera instancia dictada el pasado 24 de diciembre por la jueza Gabriela Pérez, que había accedido a la petición del Estado boliviano para extraditar a Valle Alcoreza.
Según el fallo conocido durante la presente jornada, la petición no cumplía los requisitos del tratado vigente entre ambos países respecto a la acreditación de la participación del requerido en los hechos que se le imputan.
Valle Alcoreza fue detenido en Chile en mayo del año pasado, a solicitud de la Justicia boliviana, que lo declaró en rebeldía por no haber comparecido a una audiencia de juicio para responder a las acusaciones en su contra.
En julio, sin embargo, se le concedió el beneficio del arresto domiciliario.
Según los antecedentes enviados desde Bolivia, Valle y su primo Luis Valle Ureña, ex prefecto de la Paz, habrían rematado de forma irregular 81 vehículos pertenecientes al parque automotriz de la prefectura a una empresa por un precio menor al establecido, provocando un perjuicio de 247.000 dólares al fisco boliviano.
Para concretar la venta, según la acusación, se adulteraron documentos con el objeto de hacer aparecer los vehículos como chatarra.
En su fallo definitivo, la Corte Suprema consigna que Valle Alcoreza es acusado en su país de los delitos de peculado y conducta antieconómica, aunque este último tipo no figura en el tratado bilateral de extradición.
La petición tampoco cumple, según el fallo, con la exigencia de acompañar «las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de culpabilidad».
Dicho imperativo «no se observa en el presente juicio de extradición», señala el texto legal, que rechaza la extradición solicitada por el gobierno de Bolivia.
