La Corte Internacional estableció que Montevideo incumplió un tratado al autorizar la construcción de una papelera en la frontera, pero desestimó que el país oriental tenga que realizar una compensación económica, como buscaban desde la Casa Rosada.
En medio de una gran expectativa, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, dictaminó este martes que Uruguay incumplió un tratado que protege a un río limítrofe con Argentina al autorizar la instalación de una planta de celulosa sin informar y negociar con su vecino, lo cual desató una crisis diplomática.
Sin embargo, la demanda presentada por Argentina por contaminación visual y sonora en la zona no tuvo una respuesta favorable para Buenos Aires.
El fallo concluyó que el tribunal holandés no es el ámbito de aplicación de las demandas por la presunta contaminación, ni por los malos olores o el impacto negativo sobre el turismo que tienen las papeleras, según intentó probar el gobierno argentino.
Igualmente, el tribunal rechazó la demanda argentina de compensación, señalando que la reprimenda contra Uruguay «constituye una satisfacción apropiada.
El gobierno de Argentina había presentado una demanda ante ese tribunal en 2006, afirmando que Montevideo violó un acuerdo de 1975 que reglamenta la administración compartida del río Uruguay.
Según las autoridades argentinas, los uruguayos no pusieron en marcha un mecanismo de consulta bilateral -estipulado en el acuerdo- al autorizar la construcción de la fábrica de la empresa finlandesa Botnia en su ribera.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia es vinculante e inapelable.
Según la corresponsal de BBC Mundo en Montevideo, Verónica Psetizki, Uruguay recibió el fallo como un empate, con algunos analistas refiriéndose a éste en términos futbolísticos como un 1 a 1.
«En cuanto al peso, el fallo fue favorable a Uruguay pero no hay que verlo como una victoria sobre Argentina. En el fondo del asunto, en cuanto al reclamo del cese de las operaciones, del desmantelamiento de la planta, ahí la Corte le dio la razón a Uruguay y el país obtuvo el objetivo que buscaba», dijo a BBC Mundo Washington Baliero, experto en Derecho Internacional Público de la Universidad Católica del Uruguay.
Aunque el país recibió «un tirón de orejas», por incumplir con el Tratado del Río Uruguay al autorizar la instalación de la planta de celulosa sin consultar con Argentina, Uruguay resultó airoso ya que no se le condenó a ningún tipo de indemnización por ese incumplimiento y porque el tema central, que era la supuesta contaminación causada por la planta, no pudo probarse, explicó la corresponsal.
Ahora las expectativas están centradas en el pronto levantamiento del bloqueo de rutas llevado a cabo por los asambleístas de Gualeguaychú -en la fronteriza provincia argentina de Entre Ríos- y por ambientalistas desde hace más de tres años que, según Uruguay, le han causado perjuicios económicos.
Si bien no se espera que esto ocurra de inmediato, en las conversaciones que se realizarán entre los cancilleres de ambos países la próxima semana seguramente se tratará el asunto, concluyó Psetizki.
Pero las reacciones en Gualeguaychú tuvieron un tono diferente. Según informa la corresponsal de BBC Mundo en Argentina, Valeria Perasso, la indignación ganó a los pobladores, muchos de los cuales escucharon el fallo congregados frente a una pantalla gigante.
Para ellos, el pedido de remoción de Botnia por su carácter contaminante, que fue desestimado por la Corte holandesa, constituía el principal reclamo. «La lucha sigue y más que nunca. No nos vamos a mover, hasta que el último ladrillo de la planta se caiga», expresó un asambleísta, a los gritos.
«En esta ciudad costera protestaron porque dicen sentirse traicionados: los pobladores de Gualeguaychú alegan que la evidencia de la contaminación está a la vista. Varios cuestionaron las pruebas que presentó el gobierno, porque dicen que los informes no pueden llevar a concluir que no hay daño medioambiental», detalló Perasso.
Tras el final de la lectura, los asambleístas amenazaron con cruzar el río y dirigirse a Botnia a continuar la protesta.
Sin embargo, la delegación del gobierno argentino se mostró satisfecha por el resultado alcanzado.
«Nuevos proyectos unilaterales e inconsultos no va a poder haber. Ésta es la conclusión más importante que podemos sacar de esta sentencia», expresó la consejera legal de la presidencia, Susana Ruiz Cerutti, una de las representantes que viajó a La Haya.
«(La decisión) establece responsabilidades muy claras sobre lo actuado en el pasado y reglas a futuro para cuidar ese recurso importante que es el río Uruguay», señaló el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, quien de todos modos reconoció que tenía «un poco de sabor amargo» por no haber logrado la mudanza de la pastera.
«Lo que se destacó es la importancia de la ‘condena moral’, según señalan los expertos, que se desprende del fallo. Aunque no tenga consecuencias prácticas, el gobierno espera que el fin de esta disputa permita avanzar en las relaciones bilaterales con el país vecino que históricamente ha sido muy cercano a Buenos Aires», comentó la corresponsal Perasso.
Según medios de comunicación de Montevideo, los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Fernández, tienen previsto reunirse en los próximos días, tras el fallo de La Haya, para tratar de mejorar las relaciones bilaterales.
La papelera, en funcionamiento desde noviembre de 2007 y que en su momento constituyó la mayor inversión extranjera en Uruguay, produce cerca de un millón de toneladas de pasta de papel al año.
