El parlamentario explicó que la iniciativa propone que “las penas que sancionan estas conductas comprendan desde los 541 días a 5 años”.
Un proyecto de ley que sanciona la administración desleal y la estafa presentó el diputado y primer vicepresidente de la Cámara, Pedro Araya, a raíz del caso La Polar.
Parte de la iniciativa explica que “es por todos conocido el vacío legal que subsiste desde la perjudicial crisis económica de los 80, uno de sus efectos fue la virtual quiebra del sistema bancario, con secuelas por varios años. Consecuencia de esto, es que muchos de los proceso seguidos contra los responsables de las malas prácticas financieras, duran hasta el día de hoy”.
Indica que “lo más claro es que difícilmente resultaren castigadas bajo la figura penal de estafa porque ninguna disposición patrimonial se produjo mediante engaño, es más, fueron realizadas por los imputados en el ejercicio de sus poderes de administración”.
La iniciativa señala que “el caso La Polar, trae de inmediato a colación estas prácticas, de la cual podemos mencionar los siguientes antecedentes: Crisis en gestión crediticia lleva a La Polar a destruir US$524 millones de valor bolsa. El problema consistió en que la empresa convirtió a clientes morosos en una ganancia para la compañía”.
Menciona la iniciativa que “el sistema fue: la empresa renegocia con sus clientes todo lo que tenía pendiente: intereses, mora, gastos de cobranzas, etc., y luego todo eso se registra como pagado por un crédito nuevo y mayor. Así, la empresa termina, a lo menos en el corto plazo, con un cliente moroso y registra una ganancia financiera”.
El diputado dijo que “el proyecto corrige un vacío legal y establece un nuevo tipo penal que castiga a los directores de las empresas que abusando de sus cargos de administradores incurran en prácticas que perjudiquen económicamente a los socios y los consumidores, como falsear el estado financiero de la empresa (engaños), o incurrir en acciones ilegales con los usuarios”.
Señaló que “se castiga a los que simularen un juicio a objeto de obtener del juez (engañado) un beneficio económico. Se agrava la responsabilidad de los autores atendido el monto del perjuicio económico o sus efectos para las víctimas (3 años y 1 día a 5 años) como por ejemplo: la disminución de los fondos de pensiones ante la caída de las acciones de la polar -las AFP eran dueñas de un 24%”.
Además el parlamentario manifestó que la iniciativa propone que “las penas que sancionan estas conductas comprendan desde los 541 días a 5 años”.
