Opinión
El Gobierno publicó su hoja de ruta para los próximos años. La agenda podría traer modificaciones interesantes en la regulación del sector de energía eléctrica.
El 25 de mayo el Ministerio de Energía publicó su propuesta con las políticas energéticas que desarrollará en los próximos años. El documento propone trabajar en 7 ejes, los que finalmente se concretan en 10 compromisos. En particular, en lo relativo a la regulación del sector de energía eléctrica, la propuesta del Gobierno trae algunas novedades importantes.
En generación se revisará la nueva reglamentación que regula las transacciones de los servicios complementarios de red. Este reglamento fue enviado a la Contraloría General de la República durante la administración pasada, sin embargo, algunos problemas no resueltos con las subastas sugieren que es necesaria una nueva revisión.
La asignación de los ingresos por capacidad de suficiencia entre las centrales será otro tema a estudiar. La metodología de asignación fue elaborada hace más de una década y en consecuencia no está pensada para recoger convenientemente los aportes de suficiencia de las centrales de energía renovable variable, o de los sistemas de almacenamiento. La revisión también debería identificar las ineficiencias en la remuneración de la suficiencia, ya que, resulta extraño que en un sistema de potencia, la potencia instalada sea más del doble de la demanda máxima.
En cuanto a los sistemas eléctricos menores de 200 MW, como por ejemplo los sistemas de Aysén y Coihaique que son abastecidos con generación local en base a petróleo, se promocionará el uso de energías renovables. Quizás, más que una promoción a las energías renovables, baste con revisar los subsidios a los combustibles fósiles en estos sistemas eléctricos, caracterizados por abundantes recursos renovables.
Una ley que modernice el sector de distribución se enviará durante el segundo semestre de 2019. En concreto, se modernizarán las actuales tarifas en distribución y se incluirán nuevas opciones tarifarias. Cabe señalar que las tarifas en Chile fueron concebidas hace más de 30 años, de modo que actualizarlas es un buen inicio. No obstante ello, este debe ser un primer paso hacia la necesaria desregulación del retail de electricidad, lo que permitiría a los clientes residenciales recibir ofertas de suministro de comercializadores diferentes a las distribuidoras. Y así como se hizo en el segmento de transmisión, es necesario revisar la rentabilidad asegurada a las distribuidoras.
También se propondrán mejoras a los reglamentos de net-billing y generación distribuida. Acá es fundamental facilitar el acceso a los clientes y a sus características de consumo. Con la información adecuada, un comercializador diligente será capaz de desafiar a las distribuidoras ofreciendo propuestas inteligentes y masivas, que incorporen no sólo generación residencial, sino que también otros servicios y productos.
Otro de las propuestas que aparecen en la agenda son las interconexiones con Perú y Argentina. Se promoverán estudios de modo de ver la conveniencia para el país de estos proyectos. Además, se trabajará en el diseño de normativas que regulen los intercambios de gas y electricidad con Argentina. Desde hace años que existen interconexiones eléctricas y gasíferas con Argentina, sin embargo, se hace necesario llenar los vacíos en los protocolos de intercambio entre ambos países.
Las centrales termoeléctricas seguirán en la mira. Se estudiará el cierre programado de las centrales a carbón tomando como consideración aspectos técnicos, financieros, ambientales, y el impacto en la seguridad de suministro del sistema.
Adicionalmente, se actualizará la norma de emisiones de las centrales termoeléctricas publicada en 2011. Esta norma fue pensada para centrales termoeléctricas operando en base, sin embargo, la intermitencia de las centrales de energía renovable somete a las termoeléctricas a fuertes variaciones en su nivel de generación, lo que hace que modifiquen transitoriamente sus índices de emisión. La fuerte penetración de las energías renovables hace necesario que esta normativa se actualice.
Respecto al precio al carbono, se continuará estudiando la implementación de mecanismos complementarios al carbon tax, como por ejemplo, los permisos transables. Asimismo, una Ley de Cambio Climático definirá los instrumentos de gestión ambiental que permitan implementar las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, comprometidos por el país en la cumbre de París.
Un aspecto novedoso será la participación más activa de los clientes en la definición de los cargos unitarios que se suman al costo de la energía. En efecto, las modificaciones a la ley han traído una serie de cargos que se traspasan directamente a los clientes en la forma de un side-payment. En particular, la ley de transmisión de 2015 eximió a los generadores del pago de los costos de transmisión, estableciendo que todos estos cargos de red se traspasen directamente a la cuenta de los clientes. Sin embargo, la falta de un adecuado control de gestión, que solían hacerlo los propios generadores cuando participaban de estos pagos, ha provocado el engrosamiento de estos cargos. Como consecuencia de esta situación, el Gobierno planea diseñar un mecanismo que permita una representación adecuada de los intereses de los consumidores en los procesos tarifarios.
En definitiva, la agenda del Gobierno ha sabido identificar los puntos en los que se debe trabajar y por lo tanto, si sus soluciones están bien enfocadas, debiera traer importantes novedades para los agentes del sector y para los clientes.
