El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de una declaración pública, rechazó la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso de los comuneros mapuche que se mantienen en huelga de hambre, afirmando que ésta se aplicó de forma selectiva a un grupo de pertenencia étnica.
«El Estado no debe utilizar la legislación antiterrorista, especialmente gravosa, para reprimir ilícitos que no se ajustan a ese fenómeno», dice, argumentando que en el juicio de Cañete los hechos investigados son calificados de comunes por el propio tribunal encargado de determinar la responsabilidad penal de los imputados.
Ante esto, el documento sostiene que «es deber de los órganos del Estado conducir la ejecución de las leyes penales vigilando que ello no implique una vulneración de los derechos que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos reconocen a todas las personas».
De esta manera, y considerando que la legislación antiterrorista es en el ordenamiento jurídico chileno, «una de las respuestas de mayor intensidad punitiva», el comunicado consideró que los órganos estatales deben «interpretarlas y aplicarlas de modo conforme con la Constitución y el Derecho internacional de los Derechos Humanos».
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