El gasto fiscal destinado al Censo 2012 ascendió a $30.635 millones y por ello este jueves el jefe de la bancada DC, Ricardo Rincón, y el diputado falangista Gabriel Silber, pidieron al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, que instruya una investigación y un sumario al INE, que dé paso a un «juicio de cuentas».
El «juicio de cuentas» es un procedimiento contencioso administrativo, que tiene por objetivo fiscalizar la percepción de las rentas del Fisco y de las demás entidades sometidas a la fiscalización, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad.
«En busca de la necesidad de resarcir el daño patrimonial provocado al Fisco a raíz de un fallido Censo, que involucró montos superiores a los 30.000 millones de pesos, la idea es que se determine el detrimento al patrimonio fiscal y erario nacional, notificándose los juicios de cuentas en contra de quienes tengan responsabilidad en estos hechos, incluyendo ex autoridades, jefaturas o funcionarios involucrados, de conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes.», señaló el jefe de la bancada DC Ricardo Rincón.
Agregando que «hemos pedido que la Contraloría nombre un delegado con el fin de practicar las investigaciones que estime necesarias; pidiéndole que las investigaciones o sumarios administrativos que se llevan en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sean conducidos por funcionarios de la Contraloría General de la Republica, como fiscales».
Por su parte el diputado Gabriel Silber señaló que «frente a este escándalo, el mayor fiasco estadístico en la historia de Chile, y los millonarios recursos involucrados, no podemos permitir que pague Moya y que se establezca la rutina del compra huevos, derivándose responsabilidades y buscando nuevas opiniones frente a un tema que está claro. El informe de la comisión externa que analizó el caso es lapidario y todo Chile lo sabe».
Silber reafirmó que «obviamente la gente en su casa se pregunta quién responde frente a este fiasco, quién da la cara; la verdad es que se trata de un millonario desembolso de recursos, de tiempo involucrado y de la credibilidad de Chile, hoy, puesta no sólo en tela de juicio, sino a niveles vergonzosos. Naturalmente, independientemente de los cargos que formule el Ministerio Público y de las conclusiones que determine la comisión investigadora, aquí, hay que buscar resarcir el daño al Fisco».
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