Por 77 votos a favor, 19 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, propuesta que ahora debe ser ratificada en el Senado.
La aprobación del informe se logró solo luego de que el gobierno estableciera un acuerdo con las bancadas del oficialismo y de la Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Por la Democracia e independientes para presentar un veto supresivo en dos materias en las que no se logró acuerdo.
No suscribieron el acuerdo los diputados del Partido Socialista, del Partido Comunista e Izquierda Cristiana, además del diputado independiente René Alinco.
El ministro de Energía, Jorge Bunster, explicó que el informe de la comisión mixta trataba cinco artículos, en tres de los cuales se llegó a acuerdo, no así en las materias relacionadas con la consulta indígena realizada en virtud del artículo 169 de la OIT y la concerniente a las áreas silvestres protegidas.
Para poder aprobar el informe, el secretario de Estado suscribió un acuerdo político con la mayoría de las bancadas de diputados, comprometiéndose a presentar un veto supresivo para las dos materias en las que no hubo acuerdo.
«Esto demuestra que se puede avanzar habiendo la capacidad de poder llegar a estos acuerdos políticos que suponen compromisos de ambas partes y que permiten avanzar con el proyecto en aquellas partes en las que sí tenemos entendimiento en la mayoría», dijo Bunster.
Respecto de la iniciativa, el ministro destacó que «este proyecto sin duda va a contribuir a que la construcción de líneas eléctricas se pueda hacer a un ritmo más elevado. No puedo señalar que esto va a eliminar el tema de la judicialización, hay otros aspectos que siguen presentes, pero contribuye a que los proyectos se puedan realizar a una velocidad mayor y por lo tanto podamos tener a tiempo las inversiones eléctricas que el país necesita», señaló.
En términos generales, el proyecto en trámite dispone la simplificación del proceso de concesión provisional; adecua los tiempos de tramitación de las solicitudes de concesión; precisa las posibles observaciones y oposiciones que puedan formularse; mejora el proceso de notificaciones; establece procedimientos judiciales sumarios; introduce la posibilidad de dividir la solicitud de concesión; modifica el procedimiento de tasación de los inmuebles; y establece que cualquier conflicto que se suscite entre titulares de diferentes tipos de concesión con un concesionario eléctrico, se resolverá a través de un procedimiento arbitral.
Adicionalmente, la iniciativa del Gobierno simplifica la entrega de una concesión definitiva, que debe presentarse ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con copia al Ministerio de Energía.
La propuesta debe ser ahora ratificada por el Senado, antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Durante el tercer trámite en la Cámara, los diputados habían rechazado aquellas propuestas relativas al procedimiento de consulta que establece el Convenio 169 de la OIT (consulta obligatoria a los pueblos indígenas en las materias que les afecten). El Senado había propuesto, en esta materia, eliminar la aplicación de este procedimiento en el proceso de concesiones provisionales.
Durante el análisis en Comisión Mixta, se acordó que primara el criterio del Senado en esta materia.
De la misma forma, se aprobó una la propuesta del Senado, respecto de la regulación de la determinación de las costas a que de lugar el arbitraje para la solución de controversias entre concesionarios.
Asimismo, se aprobó que toda vez que en un juicio posesorio sumario se ordene la paralización o suspensión de las obras, el concesionario pueda rendir una caución suficiente para responder de la demolición de las obras o de la indemnización de perjuicios, para así suspender los efectos de la orden de paralización.
A la vez se dispone el procedimiento para determinar el monto de la caución y la regulación sobre el pago de peritajes que se necesitarán para determinar el monto de la caución.
La Mixta también acogió el criterio del Senado respecto a la toma de posesión material de un predio por el que atraviesen líneas eléctricas. En este acápite se entrega al juez la facultad de recurrir a la fuerza pública para cumplir la autorización judicial que autoriza tomar posesión material del predio al concesionario, cuando hay oposición o moradores.
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