El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Andrés Zaldívar, desestimó las críticas del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien responsabilizó a los parlamentarios de oposición del retraso en el reajuste al salario mínimo que esta tarde fue despachado desde la Cámara Alta para su publicación como ley de la República.
El legislador de la Democracia Cristiana (DC), dijo que la excusa dada por el secretario de Estado de responsabilizar a la oposición que el reajuste del salario mínimo se despache en agosto y no en julio como es tradicional, «no tiene ningún asidero» porque en forma improvisada el Presidente de la República anunció en marzo que se iba a adelantar la discusión del salario mínimo y luego presentó un proyecto de ley que no fue aceptado porque proponía incrementar el salario mínimo a solo $203.000.
«Y en ese momento se le solicitó no solo por parlamentarios de oposición sino también del propio gobierno, que trajera un salario mínimo de $210.000, cosa que no aceptó», dijo el legislador.
Zaldívar agregó que en mayo el gobierno no presentó ningún proyecto porque venían elecciones primarias y podía tener alguna incidencia política y solo en julio presentó una nueva iniciativa legal proponiendo un salario mínimo de $207.000 que también fue rechazada por parlamentarios de oposición y del mismo gobierno y recién a fines de julio accedió a los $210.000.
«Yo me pregunto quién tiene la culpa, qué hubiera pasado si hubiera traído el ministro en el mes de marzo una propuesta de $210.000, hubiéramos tenido reajuste al salario mínimo en abril. No lo tuvimos hasta ahora en agosto y los que salieron perdiendo son precisamente los trabajadores», expresó el senador DC.
Otra materia que cuestionó el parlamentario es que el gobierno solo ha acogido parcialmente otra propuesta de la oposición en torno a diferenciar el salario mínimo individual y familiar, esto porque no es lo mismo que una persona o dos vivan con un salario mínimo a que lo hagan tres o más personas. Por ello, los legisladores propusieron incrementar la asignación familiar a $15.000 al primer tramo y a $10.000 el segundo tramo, lo que podría financiarse con el rendimiento del impuesto a la factura electrónica, que va a producir US$600 millones, explicó Zaldívar.
No obstante, el gobierno está proponiendo -prosiguió el senador- rebajar el impuesto de timbres y estampillas de 0,4 a 0,2 que le vale al fisco US$200 millones, «o sea, con la mitad de esa plata podríamos haber logrado ese objetivo. No sé que es más importante bajar el impuesto de timbre y estampillas a quienes tengan crédito o darle asignación familiar a aquellas familias que necesitan mejor recursos», se preguntó el senador.
«El responsable de todo ha sido el ministro, gracias a Dios tenemos ya ley pero con atraso. Insisto que el único responsable de esto es el gobierno y la improvisación del gobierno, no es la oposición», concluyó.
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