Como «paupérrima y preocupante» definió el diputado Cristián Monckeberg (RN), la respuesta que está entregando el sistema persecutorio penal ante delitos contra la propiedad en la Región Metropolitana y en las grandes capitales del país, tras dar a conocer estadísticas solicitadas por el parlamentario a Carabineros y a la Fiscalía Regional Oriente.
El legislador sostuvo que de acuerdo a las cifras, durante el año pasado y el primer semestre de 2013, la Fiscalía Oriente recibió 10.452 denuncias por robo en lugar habitado, de las cuales más del 91 por ciento terminó archivado ¿La razón? En el 99 por ciento de ellas no existía un inculpado conocido.
Del total de denuncias, en 674 ocasiones hubo una condena, pero sólo en poco más de 300 los culpables terminaron con una pena privativa de libertad.
Monckeberg, quien es presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, afirmó que se trata de una «alerta roja» que involucra tanto la labor de Carabineros, de la Fiscalía, como la respuesta judicial ante los delitos y agregó que «claramente las instituciones encargadas de esta materia no están dando el ancho, no están dando abasto y se están viendo desbordadas por un exceso de trabajo».
En este sentido, el parlamentario valoró el anuncio del Gobierno respecto a una serie de indicaciones a la llamada «reforma a la Reforma Procesal Penal», pero afirmó que «no será suficiente si no se realizan mejoras también en las instituciones involucradas».
Por esto, Monckeberg pidió al Gobierno acelerar la negociación que busca consensuar mejoras a la planta y entregar mayores recursos al Ministerio Público; poner urgencia al proyecto de ley que entrega mayores atribuciones a municipios en materia de seguridad y al que regula la Seguridad Privada.
Además, para el parlamentario también es urgente generar un nuevo sistema de evaluación de jueces, iniciativa que también se encuentra en el Congreso.
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