Como una «luz de alerta que hay que tener en cuenta», definió el senador RN Baldo Prokurica las cifras del estudio que elaboró junto a los candidatos a diputado Patricio Urquieta (distrito 6) y Baldo Violic (5), el que ratifica el proceso de desaceleración que vive Atacama, en las áreas más importantes del desarrollo económico de la región, precisó el parlamentario.
El también vicepresidente de Renovación Nacional destacó que del total de inversión que se encuentra suspendida a nivel nacional -por diversos motivos- que alcanza los US$55 mil millones, en la región de Atacama llega a US$28 mil millones, lo que equivale a más del 45% del total del país, aseveró.
«Este estudio tiene la finalidad de mostrar lo que es una verdadera luz amarilla de lo que está pasando en Atacama. Lo que estamos enfrentando hoy día es una situación compleja para el crecimiento, desarrollo y generación de empleo en la región», indicó Prokurica.
En tanto, el candidato a diputado Patricio Urquieta enfatizó que «tenemos que asumir como desafío esta noticia que estamos dando respecto a este frenazo que está viviendo la inversión en la Región de Atacama, y este desafío es que nos pongamos de acuerdo en qué queremos para Atacama y así proyectar nuestro crecimiento, defendiendo el empleo, la inversión y el medio ambiente».
A su vez, Baldo Violic indicó que lo importante es «hacer un llamado a la responsabilidad no solamente a las autoridades, sino también a todos los candidatos, para que sus acciones y dichos reviertan esta situación. Al mismo tiempo, lo que necesitamos es una descentralización tributaria, para que las empresas donde generan riquezas puedan aportar a las distintas comunas donde generan esos impactos».
En la ocasión -junto con presentar el estudio- se entregaron una serie de propuestas para revertir la desaceleración de la región, entre las que destacan la creación de una mesa de trabajo pública-privada, impulsar una ley de compensaciones para las comunas donde se instalan proyectos termoeléctricos y establecer que los proyectos que se realizan en regiones paguen impuestos a la comunidad local, además de entregar un porcentaje de sus utilidades a la zona donde están instaladas.
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