Detalles reveladores contienen las memorias de Alejandro Solís, que actuó en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, como el variopinto comportamiento de los miembros de la DINA durante los juicios por los crímenes.
Un libro repleto de reveladores detalles sobre su vida como estudiante, juez durante la UP, la dictadura y la transición es “Plaza Montt-Varas sin número” (Editorial Ceibo), las memorias del juez Alejandro Solís (Santiago, 1937) que será lanzado hoy a las 19:00 en el Museo de la Memoria (Matucana 501, Metro Quinta Normal).
La obra, que cuenta con un prólogo del Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, relata entre otros su infancia como hijo de dos empleados de comercio en la comuna de Recoleta, cerca de la Avenida La Paz, sus estudios en el Instituto Nacional, donde fue presidente de curso y miembro de la Academia de las Letras junto a Jaime Guzmán, y su ingreso a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, participando en marchas de protestas como durante la “huelga de la chaucha” de 1957.
También su vivencia de la difícil relación entre el gobierno de Salvador Allende y el Poder Judicial; la coacción a la que fue sometido por soldados el día del golpe militar en San Fernando para dejar en libertad a unos dirigentes camioneros, una causa judicial que provocó un veto en contra suya para ascender durante la dictadura, convirtiéndose en relator judicial hasta quedar al frente del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago a fines de los 80.
Allí tuvo varias causas relevantes, como los créditos nunca devueltos que permitieron a los consorcios periodísticos de La Tercera y El Mercurio sobrevivir la crisis económica de la dictadura; un proceso por malversación de fondos al fisco del ex senador Francisco Javier Errázuriz; la misteriosa muerte del periodista británico Jonathan Moyle; la quiebra fraudulenta de la empresa de transportes Santa Bárbara, que involucró al ex CNI Álvaro Corbalán Castilla, así como el caso de los “pinocheques”, relacionado a la entrega en democracia del Ejército, entonces aún encabezado por Pinochet, de cheques por casi mil millones de pesos al hijo del dictador, y que terminó por presiones de los militares.
En julio de 1993, Solís fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. El juez escribe que esa designación le permitió acercarse “de manera definitiva a las causas por violaciones a los derechos humanos”.
Una de las principales fue la mega causa por la Villa Grimaldi de 2002, que le permitió conocer a fondo el funcionamiento del centro de torturas y asesinatos de la DINA, a cuyos ex agentes empezó a interrogar progresivamente, primero en el marco de la desaparición del militante mirista Miguel Sandoval, en 1975.
“Los agentes de la DINA negaban todas las acusaciones que se les hacían”, escribe Solís. “Los oficiales aseguraban que su rol en la DINA era de analistas y los suboficiales, que cumplían funciones de guardia. De a poco fue saliendo algo de verdad. Algunos se explayaban y reconocían el rol que había tenido Miguel Krassnoff en la represión al MIR, señalándolo como el responsable en la DINA de desarticular a ese movimiento político”.
El juez recuerda a éste último como un personaje “muy particular”. “De modales versallescos, casi extemporáneos, vestía impecable, marcando la diferencia con los otros agentes que concurrían a Tribunales aparentando cierta decrepitud, con el fin de obtener indulgencia por parte de los jueces. Se notaba en él una altanería que ocultaba tras una estudiada cordialidad. De lenguaje educado, jamás variaba una palabra de su declaración judicial, llegando a mantenerse imperturbable ante los desmentidos que hacían de él otros agentes en los careos”.
Otro personaje que trató fue Marcelo Moren Brito. “Era una persona seca, prepotente, despectiva, sin empatía, jamás hizo un gesto amable o trató de congraciarse con las personal del Tribunal”, un hombre violento que no había dudado en ordenar pasar “una camioneta por las piernas de su propio sobrino sin mostrar ningún grado de pesar”.
“Él negó todas las acusaciones, aceptó haber interrogado prisioneros en Villa Grimaldi, (pero) asegurando que ‘nunca los torturó, solamente les habló fuerte y zamarreó por los hombros’”.
Solís también acabaría interrogando a Contreras, máximo jefe de la DINA. “Era un personaje oscuro, narciso, que respondía a todas las preguntas con amabilidad y sonrisa perenne. Jamás se rebeló o subió la voz ante ninguna pregunta”.
Sin embargo, para el juez era “notorio” que tras esa máscara de amabilidad “había un odio enfermizo contra quienes lo tenían sentado en el banquillo de los acusados”. Según el juez, en sus declaraciones se mantuvo en “el discurso manido contra el marxismo” e insistió en que muchos de los desaparecidos habían sido sacados al extranjero.
Contreras y los otros fueron condenados por Solís en este caso en 2003. Al igual que había ocurrido en 1995 tras su condena por el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier en 1976, Contreras se resistió. Solís recuerda que en 2005, atrincherado en su casa, con la prensa afuera, debió ir un oficial de Ejército junto a un prefecto de la PDI para lograr su aprehensión.
“Contreras tenía todo preparado. En un momento la televisión lo enfocó y se puso fuera de sí. Profirió amenazas e insultos. La sonrisa perene había desaparecido y sólo tenía un rictus de indignación”.
Luego, “sorpresivamente, retrocedió hasta su escritorio, en un intento de parapetarse detrás de él. (El detective) Sandro Gaete puso el pie en la puerta, impidiendo que cerrara. En ese momento sacó un arma del cajón del escritorio, pero Gaete se la alcanzó a quitar de las manos. Sus familiares, furiosos, se abalanzaron contra la policía, buscando complicar más lo inevitable, por lo que tuvieron que contenerlos”.
Finalmente lo subirían a un vehículo para llevarlo hasta el Palacio de Tribunales, donde fue notificado de su condena. Lo seguirían en condenas otros ex agentes como Raúl Iturriaga Neumann, Krassnoff y Corbalán, entre otros, por este y otros casos emblemáticos.
La carrera judicial del propio Solís terminaría en 2012, al tener que retirarse con 75 años, como estipula la ley.
“Me correspondió vivir momentos y situaciones importantes, en que la razón debía primar sobre los latidos de la emoción”, concluye el juez. “Sin embargo, cómo no recordar los episodios frente a esos familiares doloridos, la viuda del desaparecido, la mujer del torturado, los hijos del padre cuyos restos habíamos identificado, sus agradecimientos manifestados en el cálido apretón de manos o en un saludo en la calle; los valoro porque eso es lo que me queda en mi dimensión del presente”.
