La trama oculta del caso Dominga: presiones políticas, documentos intervenidos, sumarios y despidos

Decisiones tomadas desde Santiago en desmedro de los informes técnicos, intervención arbitraria de los reportes, intentos de excluir a la Conaf del expediente, el desconocimiento del criterio de no intervención hasta agotar los recursos judiciales en trámite, la expulsión –tras un sumario administrativo– de un profesional por denunciar la situación y la supervigilancia que ejerció del Ministerio de Economía en temas propios del Servicio de Evaluación Ambiental, son algunas de las irregularidades en torno a la tramitación del polémico proyecto minero-portuario Dominga, que han denunciado recientemente tanto funcionarios del Servicio Evaluación Ambiental y de la Conaf, como de las Asociaciones Gremiales de Fiscalizadores Pesqueros y la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente. Se intervino el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), de tal manera que el documento técnico que siempre emite el SEA a las comisiones para recomendar la calificación del proyecto fuera de «aprobación favorable». El punto es que –tal como lo señalan los funcionarios del SEA–, de no haberse realizado dicha intervención, la opinión técnica que habría salido del equipo regional sería la recomendación de una “calificación ambientalmente desfavorable” del proyecto, es decir, de rechazo. Para la minera de la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano, las acusaciones «tienen un cariz político. Por ello, las lamentamos, ya que son ajenos a la institucionalidad a la cual todo proyecto debe someterse para definir si obtiene o no su RCA, con la cual nosotros ya contamos».