Derecho a la información y la pandemia del Covid-19

La reciente polémica por la publicación en el medio de comunicación Interferencia, de información que -mediante mapas de calor y puntos de contagiados- permitía inferir el lugar de residencia de cientos de contagiados con Covid-19 en la Región Metropolitana, ha abierto un debate sobre los límites del acceso a información de investigadores, periodistas y personas en general, en medio de una pandemia que ha trastocado la vida de la humanidad.

En los hechos, el medio electrónico logró acceder a información que -entendemos- se construye al interior de un equipo de expertos contratados por el Minsal y que, de alguna forma -también suponemos en medio de la desconfianza por los datos y sus interpretaciones- como insumo principal para la toma de decisión de qué lugares o sectores entran o salen de una cuarentena, anuncios que semana a semana levantan las sospechas de muchos que acusan que éstas cuarentenas obligatorias no solo responden a criterios de salubridad.

Por ello, desde la sociedad civil en general y de varios centros de investigación que forman parte o formaron parte de la mesa Covid-19 del Ministerio de Ciencia, han venido solicitando desde hace más de un mes acceso a información desagregada “anonimanizada” de los contagios, para poder efectivamente hacer control de las decisiones de la autoridad.

[cita tipo=»destaque»]No basta que el ministro o alguno de sus subsecretarios nos diga estamos en una “etapa delicada” del avance de la pandemia, si no hay información completa disponible para todos, independiente de si es un investigador, un periodista o un ciudadano común. No nos pueden pedir que entendamos las decisiones o no ponerlas en duda, si no contamos con toda la información. Hablamos de una democracia, no de un credo religioso. Abrir los datos permite que expertos y científicos independientes puedan aportar y hacer propuestas que no han surgido en la mesa chica de los asesores pagados.[/cita]

Se ha señalado que es el Ministerio de Salud y su titular, quien se ha negado a entregar información como la zonificación (sin dirección exacta ni nombres) de los contagiados, así como de los fallecidos por Covid-19 y otros que podrían estar relacionados con la pandemia, pero que no fueron diagnosticados como tales.

La negativa del Minsal y del ministro Mañalich a abrir -con resguardos así se ha pedido- esta información, es en los hechos la principal responsable de la publicación del medio de comunicación.

Los casos en que la prensa ha debido cumplir la función de “rompehielos” ante políticas restrictivas o autoritarias de acceso a información relevante, son incontables. Se podría decir que el rol, justamente, de la prensa y los periodistas está en ir a las zonas grises del poder, poner una luz en la oscuridad y no solo dedicarse a reproducir textualmente declaraciones de ruedas de prensa.

La democracia debe agradecer el rol jugado por los y las periodistas, aunque ahora son pocos los que realizan la tarea que describo, en abrir al escrutinio público información que -antes de su publicación- era considerada secreta, reservada o políticamente sensible. De eso se trata ser periodista, de ir al rincón oscuro, frío y húmedo, no quedarse en la terraza compartiendo aperitivos con la autoridad.

Eso no obsta a que se cometen errores en esta tarea de hacer luz. Las grandes investigaciones periodísticas que han impactado al mundo -«Watergate» o «Panamá Papers»- han sorteado errores e incluso, han cometido delitos en la obtención y en el hecho de hacerse pública la información. Pero, a todas luces, el valor de ésta ha sido más relevante que el daño, el delito o la falta cometida en el camino.

En este caso de Interferencia y los mapas de calor, hay un error que a mi juicio tiene que ver con una falta gruesa de criterio en la edición (independente de las infracciones penales que puedan estar involucradas), que no resguardó debidamente los datos personales o sensibles que se podían inferir de las imágenes. ¿Es grave?, sí lo es. ¿Eso inhabilita la información de fondo que aportaba el reportaje? Es decir que no se condice la información que maneja el Ministerio de Salud con los argumentos que esgrime la autoridad para definir zonas de cuarentena. Yo creo que no.

Y no lo es, justamente por la actitud que ha tenido el Gobierno y particularmente el Ministerio de Salud, de no comprender que garantizar el derecho de acceso a información es una respuesta también, dentro del variado arsenal de éstas, para hacer frente al Covid-19. Y más precisamente aún: disponer en formato de datos abiertos, desagregada y completa, toda la información (exceptuando la que la ley define como dato sensible) es un arma estratégica en esta batalla, para usar el mismo lenguaje bélico que usa el Gobierno.

Hoy, que todos reconocen o aluden a la desconfianza de la ciudadanía a todo lo que diga la autoridad, abrir datos podría ayudar a mejorar los niveles de confianza en lo que dice y hace el Gobierno y, de paso, permitiría concientizar mejor a la ciudadanía sobre la gravedad de la situación para asumir una actitud de protección personal, familiar y barrial.

No basta que el ministro o alguno de sus subsecretarios nos diga estamos en una “etapa delicada” del avance de la pandemia, si no hay información completa disponible para todos, independiente de si es un investigador, un periodista o un ciudadano común. No nos pueden pedir que entendamos las decisiones o no ponerlas en duda, si no contamos con toda la información. Hablamos de una democracia, no de un credo religioso. Abrir los datos permite que expertos y científicos independientes puedan aportar y hacer propuestas que no han surgido en la mesa chica de los asesores pagados.

Y también, porque más y mejor información permite a otros países compartir procesos y políticas, haciendo comparable los resultados y procesos que nos pueden servir para replicar. Cuando la mayoría logra comprobar que no hay nada oculto, la confianza mejora y -en parte- se le gana la batalla al Covid-19, y de paso, a la política del rumor y el fake news.

Por ello, la información “confiable, precisa y accesible” es clave para reducir la ola infecciosa, y -contrario al argumento de fondo que ha esgrimido el Gobierno- protege de la posibilidad de estigmatizar o discriminar a los grupos vulnerables, contando entre ellos a los infectados. Saber que en el sector de 10 ó 20 manzanas de una comuna hay un brote de X casos o se está libre de éste, es información que debe ser pública y así lo han pedido los alcaldes de cientos de comunas; conocer quiénes son los infectados y dónde viven, evidentemente no. Porque si sabemos que en el sector donde vivimos (10 ó 20 cuadras a la redonda es del todo razonable) hay un brote, me permite tomar decisiones personales y familiares que pueden significar la vida o la muerte.

Independiente que la situación de la pandemia ha llevado a los países a definir estados de suspensión de algunos derechos ciudadanos, en nuestro caso un Estado de Excepción Constitucional, justamente el que a mi juicio no debe nunca ser suspendido es el derecho de las personas a conocer información y a ser informadas verazmente, especialmente de la emergencia que ha suscitado dicho Estado de Excepción. Quizás no existe otro momento de la vida de los países, por cierto, hablamos de las democracias, donde más se requiera información precisa y completa. A fin de cuentas es nuestro derecho como ciudadanos.