Uso de la fuerza, libertades públicas y derechos humanos en democracia

La imagen de un joven tirado en el lecho del río Mapocho, tras una manifestación callejera, es demasiado brutal. Así lo entendió la prensa en diversas partes del mundo, que difundieron dicha fotografía.

Si bien los hechos se encuentran en investigación, los videos son bastante nítidos en mostrar un piquete de Carabineros que persigue a un grupo de personas y, en particular, un funcionario que embiste a toda carrera contra el menor. Luego, en otra secuencia lateral, aparece cómo este pasa por sobre la baranda y trata de afirmarse sin éxito.

Son situaciones que no pueden seguirse tolerando. Muchos creemos que hay un uso abusivo de la fuerza en el resguardo del orden público. No se logra entender que el derecho a reunirse y expresarse es una libertad pública. A ratos parece que Carabineros sigue entendiendo que cualquier grupo de personas que se junta sin autorización o que dificulta el tránsito debe reprimirse, lo que no es propio de la democracia.

[cita tipo=»destaque»]Lo que queremos –y que expuse al Presidente de la República en una reunión a la que convocó a los tres poderes del Estado– es que tengamos un irrestricto respeto a los derechos humanos, que nuestras instituciones policiales actúen en el marco de la ley y conforme a los estándares democráticos, resguardando la expresión legítima de la sociedad.[/cita]

Luego, el modo de usar la fuerza es discutible. Ante un desorden, el rol de la policía es disolverlo, procurar la dispersión y, si es necesario, detener a quienes hayan cometido delitos. Sin embargo, en este mismo video se ve una actitud que va más allá de recuperar el orden público. La multitud corría, ya se dispersada.

¿Cuál es la necesidad de arremeter contra una persona, poniendo en riesgo su integridad? El punto no es si hubo o no la intención de lanzar al joven hacia el lecho del río. El asunto es que era previsible que ello pudiera ocurrir. Empujar a alguien contra una baranda, más aún en velocidad, genera el riesgo de que pierda el equilibrio y caiga, lo que debió ser ponderado.

Adicionalmente a todo lo dicho, han surgido nuevos antecedentes acerca de la existencia de actos destinados a encubrir lo sucedido y, más recientemente, acciones de amedrentamiento contra la fiscal a cargo de las investigaciones.

El Gobierno ha sido extraordinariamente débil en esta materia y busca confundir con miradas en blanco y negro. Trata de distinguir entre los partidarios del orden y los defensores de la violencia. Formula, asimismo, otra falsa disyuntiva entre quienes respaldan o no a Carabineros de Chile.

La discusión no es esa. La violencia y la delincuencia la condenamos todas y todos. Tampoco se trata de apuntar contra Carabineros, cuyas funcionarias y funcionarios cumplen una gran labor en todo el país. Lo que condenamos –y queremos que se investigue y sancione– es el uso desmedido de la fuerza.

Lo que queremos –y que expuse al Presidente de la República en una reunión a la que convocó a los tres poderes del Estado– es que tengamos un irrestricto respeto a los derechos humanos, que nuestras instituciones policiales actúen en el marco de la ley y conforme a los estándares democráticos, resguardando la expresión legítima de la sociedad.