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Venta del CDF: crónica de una negociación esperada

Venta del CDF: crónica de una negociación esperada

Desde que se decretó la quiebra de Colo Colo y Universidad de Chile, para lograr implantar en el país el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas, siempre quedó claro que el botín mayor iba a estar en la transmisión del fútbol a través de la televisión.


¿Quién vende un negocio exitoso? Es más: ¿Quién querría vender uno de los negocios más importantes y con menos riesgo de los últimos tiempos? ¿Uno que, al contrario de estancarse, muestra un alza sostenida casi desde su arranque?

Al parecer, el fútbol, que cooptado primero por el poder económico fruto de un neo liberalismo desatado que lo engulle todo, ahora pretende seguir el mismo ciclo que han seguido otros lucrativos negocios del país: su venta al capital económico extranjero. Como la salud, la previsión y hasta ese elemento vital para la vida que es el agua.

¿Sorprende? A estas alturas de la realidad nacional, en que hasta las conciencias parecen tener precio, por cierto que no. Y menos cuando la venta de este inmenso activo que es el Canal del Fútbol aparece como el último acto de una lucha que se arrastra por años, y en la que han tenido intervención –por acción y por omisión- incluso esferas gubernamentales.

Para entender este último acto, esta verdadera “crónica de una venta anunciada”, es preciso retroceder a los tiempos en que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, era dirigida por Ricardo Abumohor, con el abogado Darío Calderón como su colaborador más cercano.

Ante los primeros atisbos de comenzar a llevar el fútbol a través de la pantalla chica, la ANFP se encontró con un problema insoslayable para concretar su intención de vender el campeonato como producto: la férrea oposición de Colo Colo y Universidad de Chile, clubes que se negaban a que el organismo máximo del fútbol dispusiera arbitrariamente de sus “derechos de imagen”, reconocidos mundialmente como “derechos inalienables”, de acuerdo al estudio que en su oportunidad hizo el abogado constitucionalista José Luis Cea.

Peter Dragicevic y René Orozco, presidentes de Colo Colo y la U, respectivamente, se transformaron en “personas non gratas” y los principales obstáculos para la concreción de un negocio que en todas partes del mundo era sencillamente millonario, y más aún luego de la irrupción avasalladora de la internet, que abría todo un mundo de posibilidades.

En su lucha por defender esos “derechos de imagen”, albos y azules llegaron a realizar una maniobra hasta desesperada: los vendieron a la empresa ISL.

Como ya se sabe, Colo Colo y Universidad de Chile perdieron la batalla y, más tarde, la guerra. La única manera de sacarse de encima ambos incordios fue la quiebra de las dos instituciones. Una quiebra absolutamente abusiva, irregular, inducida e ilegal.

Primero, porque como Corporaciones de Derecho Privado sin fines de lucro podían desaparecer frente a una manifiesta insolvencia, pero en ningún caso quebrar. Y, sin embargo, el 23 de enero de 2002, Helga Marchant, jueza del 22° Juzgado Civil de Santiago, decretó la quiebra de Colo Colo por una deuda que el club mantenía con la empresa Factoring Alianza Leasin, por 4 millones de pesos.

Enterado de la decisión de la jueza Marchant, Dragicevic concurrió a entrevistarse con ella, obteniendo la promesa que, pagada la deuda, ella levantaba de inmediato la quiebra. El timonel albo pagó al día siguiente la deuda con un cheque de su cuenta personal, pero sin embargo la quiebra siguió en pie.

Si esa fue una situación al menos sospechosa, para que no quedaran dudas acerca de hacia dónde iba la maquinaria de los denominados “poderes fácticos”, intervino luego el Servicio de Impuestos Internos, quien lisa y llanamente, y sin mediar explicación alguna, desconoció el DFL 1 de 1970, que dejaba claro que los jugadores de fútbol profesional, por lo breve de su carrera, no tenían que tributar de aquellos dineros que recibieran por concepto de primas y premios.

Ni siquiera se trataba de que los clubes hubieran eludido impuestos. Apegándose a un decreto con más de 40 años de vigencia, simplemente no les habían descontado tributos a sus jugadores por ambos conceptos de los cuales, según el decreto, quedaban liberados.

El fútbol se hizo entonces, de la noche a la mañana, de una deuda desconocida y ciertamente gigantesca.

Si alguna duda quedaba acerca de que se les pavimentaba el camino a las Sociedades Anónimas Deportivas, el dictamen del SII terminó por aventarlas: aquellos clubes que decidieran entrar al sistema SAD, podrían cancelar dicha deuda en cómodas cuotas mensuales. Los que no, debían de pagar de inmediato esos impuestos no retenidos de los últimos cinco años.

Los síndicos de Colo Colo (Juan Carlos Saffie, primero, y Patricio Jamarme, luego) renunciaron a la defensa que el club popular había pretendido hacer respecto de la insólita derogación del DFL 1. No sólo eso: entregaron mansamente los “derechos de imagen” que con tanto celo habían defendido sus respectivos directorios.

Y no les fue mal a ambos, desde el punto de vista económico: de un club supuestamente quebrado y en la ruina, entre los dos cobraron cerca de un millón de dólares. Eso sin contar los emolumentos que recibieron parientes cercanos que también llegaron a sacrificarse para mantener con vida a Colo Colo.

José Manuel Edwards, síndico designado para la quiebra de Universidad de Chile, fue incluso más expedito: a un año del decreto que acabó con el mandato del doctor René Orozco, llamaba a licitación para aquellos interesados en hacerse de la propiedad del club.

Lo que vino después, ya se conoce: durante el directorio de Reinaldo Sánchez (2001-2006), la Asociación Nacional de Fútbol Profesional acogió la iniciativa del empresario Jorge Claro para la creación del Canal del Fútbol (CDF), que comenzó oficialmente sus transmisiones el 11 de abril de 2003.

La ANFP, dueña del 80% del Canal, extrañamente quedaba sometida a las decisiones tomadas por los socios minoritarios. Porque Claro es dueño sólo del 10 por ciento. El restante 10 por ciento es propiedad de varios socios que nunca aparecen y que pocas veces son mencionados.

El CDF ha tenido en doce años un crecimiento explosivo, aunque explicable: se trata de un monopolio total y absoluto al cual adhieren año a año miles de abonados. ¿Y cómo no, cuándo frente a la violencia imperante en los estadios es lógico que la gente prefiera seguir a su equipo favorito desde la comodidad de su living antes que exponerse ellos y sus hijos a hordas que no trepidan en agredir y hasta acuchillar a quien se les ponga por delante?

De eso, sin embargo, está resultando un fenómeno peligroso: las asistencias de público a los estadios es preocupante por su estancamiento e, incluso, su baja respecto de décadas anteriores. Algo que a los regentes de los clubes parece tener sin cuidado: el reparto de los mal llamados “excedentes” del Canal del Fútbol son tan sustanciosos que no resulta buen negocio disponer de la cantidad necesaria de guardias privados que ayuden a mantener la normalidad del espectáculo.

¿No fue una batalla campal la que se desató en el encuentro entre Everton y Wanderers por Copa Chile, cuando la entidad viñamarina, instada a contar con 200 guardias que garantizaran la seguridad, apenas contrató poco más de 60 para el partido que debía jugarse en el estadio Sausalito?

Lo que ocurrió, ya se sabe: una verdadera guerra a piedras, palos, cuchillos y cadenas entre hinchas, que se sumó a otras similares ocurridas en Talca y en La Serena.

El Canal alcanza hoy un valor cercano a los mil millones de dólares. Comprar ese 20 por ciento en poder de particulares tiene, por ende, un costo cercano a los 200 millones de dólares, pero que la ANFP, al parecer, está dispuesta a cancelar.

Cantidades hasta escalofriantes, pero que al parecer no asustan a las empresas extranjeras interesadas en hacerse de un canal que es toda una mina de oro. Según se ha sabido, sobran los interesados.

El negocio promete un futuro esplendoroso para los clubes, transformados hoy mayoritariamente en Sociedades Anónimas Deportivas, aunque cabe preguntarse cuál será el costo que deberá pagar el aficionado por esta mega negociación.

Vamos preparándonos desde ya a un alza sustancial de las tarifas por abonado. A que un genio de los negocios decida cobrar como “premium” los derechos por los goles, los partidos de las series menores que se definan como de interés superlativo o la entrevista exclusiva al crack de moda. Después de todo, ingenio no les falta a todos aquellos que tratan de obtener las mayores utilidades en el menor tiempo posible.

Sería, por lo demás, una prueba más de que en el mundo actual la codicia está absolutamente desenfrenada.

La posibilidad de un negocio grande tiene por cierto muy entusiasmados a los actuales regentes del fútbol. Tanto, que según consigna una nota del Diario Financiero, uno de ellos, para explicar esta venta, señaló que hay que reforzar el producto, ya que “pagar US$ 190 millones por un canal no tiene sentido. Este producto ya está inflado por la Selección, entonces si el día de mañana no le va bien a la Selección, la gente no se va a seguir inscribiendo para ver partidos mediocres», enfatizó.

Extraño argumento. Porque el Canal del Fútbol ha logrado su explosivo crecimiento sin tener a la Selección en su “parrilla programática”, puesto que los partidos de la Roja ya fueron privatizados hace rato vendiendo sus derechos de transmisión a Mega y a Fox y porque, además, el CDF despegó precisamente en aquellos años en que la Selección fracasó rotundamente en las clasificatorias para el Mundial de Alemania 2006.

Hay más: ¿ahora que quieren vender y hacer el negocio de sus vidas nos vienen a decir que los abonados somos todos unos imbéciles que contratamos el CDF para ver sólo partidos mediocres?

La más que segura venta del CDF, a largo o breve plazo, plantea una serie de interrogantes, a saber:

¿Ya que es claramente un monopolio, nada tendrá a este respecto que decir la Fiscalía Nacional Económica?

¿Quién protegerá al aficionado que finalmente ha optado por seguir a su cuadro favorito a través de la televisión?

¿Cómo se van a repartir las Sociedades Anónimas esta gigantesca torta? ¿Van a seguir utilizando la martingala de los “excedentes” en lugar de hablar derechamente de utilidades?

¿Quién va a garantizar que los principales accionistas de los clubes, una vez recibidos los millones de dólares que se aprestan a recibir, no se van a ir con el botín para su casa?

¿Va a seguir siendo la ANFP una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, cuando en realidad maneja a su antojo y sin control de nadie una empresa multimillonaria?

Lo concreto es que, después de muchos episodios que remecieron al fútbol chileno desde sus cimientos, ha terminado por aflorar la verdad irrefutable: el poder económico de este país, voraz e insaciable, ha terminado por arrebatarnos también el fútbol.

Como ya lo había hecho con la educación, la salud, la previsión y un largo etcétera que sería inoficioso de enumerar.

Evo Morales, resistido y ahora hasta detestado en este país tras esa primera derrota chilena en La Haya, se anotó un punto, sin embargo, cuando le respondió al canciller Heraldo Muñoz, que para defender la posición nacional utilizó el término “soberanía”.

Dijo el mandatario boliviano que “de qué soberanía me puede hablar el señor Muñoz, cuando hasta el mar chileno está privatizado”.

Hasta ahora, no se ha sabido de una respuesta del canciller a este emplazamiento de Morales.

Un Heraldo Muñoz que, durante la presidencia de Ricardo Lagos, desde su puesto de Subsecretario de Gobierno fue el gran impulsor de la implantación del sistema de Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol nacional.

Este país es tan chico, que en ciertas materias no parece ser coincidencia que los mismos nombres se repitan con absoluta y total pertinacia.

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