La iniciativa fue encabezada por el diputado Raúl Soto, quien dijo que “hemos presentado un proyecto de ley que lo que busca es establecer la obligación y el deber legal en el código procesal penal de parte de religiosos, sacerdotes, del clero, y otro tipo de directivos de instituciones culturales, sociales, deportivas, para que se garantice que se establezcan las denuncias de abuso sexual contra menores”.