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Será este lunes 10 de agosto a las 19:00 horas y fue convocada por varias organizaciones barriales. «Promovemos una cultura de los derechos humanos para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estos crímenes atroces y para ello es importante mantener estos espacios, tal cual en Europa con el holocausto nazi, para que el pueblo tome conciencia de los crímenes cometidos en nuestra historia», expresó Paulina Buschmann, coordinadora del Parque Julio Guerra Olivares por la Memoria y los Derechos Humanos. Actualmente la PDI quiere reformar el lugar y el Ministerio de Bienes Nacionales debe decidir qué uso de da al inmueble.
Varias organizaciones barriales convocaron a una velatón para este lunes 10 de agosto a las 19:00 horas contra la demolición del ex centro de torturas COVEMA de Obispo Orrego 241, en la comuna de Ñuñoa, uno de los más de mil que funcionaron en Chile durante la dictadura militar.
El inmueble, donde la Policía de Investigaciones (PDI) pretende hacer una reforma, fue utilizado en 1980 por el autodenominado Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA).
Allí fueron torturadas numerosos personas, entre otros José Jara, un estudiante de 29 años de Periodismo de la Universidad Católica, que murió a causa de los maltratos, en un caso judicial por el cual el juez Mario Carroza condenó por homicidio a dos ex detectives en 2017.
Actualmente, el Ministerio de Bienes Nacionales debe decidir qué hacer con la propiedad, luego que varias entidades cuestionaran la iniciativa de la policía civil.
«Promovemos una cultura de los derechos humanos para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estos crímenes atroces y para ello es importante mantener estos espacios, tal cual en Europa con el holocausto nazi, para que el pueblo tome conciencia de los crímenes cometidos en nuestra historia», expresó Paulina Buschmann, coordinadora del Parque Julio Guerra Olivares por la Memoria y los Derechos Humanos.
En términos similares se expresó Rodrigo Viveros, dirigente de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica.
«Para nosotros como coordinadora es importante esta velatón porque dentro de nuestros principios, de nuestra razón de ser, está el rescatar espacios de memoria dentro de la comuna y la ciudad», dijo.
«Hay muchos rincones de Santiago y rincones de Ñuñoa que funcionaron como casas de tortura, centros clandestinos de detención de las fuerzas represivas de la dictadura, y también algunos negocios y algunas casas que hemos sabido funcionaron como centros de espionaje con espías civiles, que tenían relaciones con las fuerzas represivas, ya sea por nexos familiares o algún otro tipo de prebenda», añadió.
Añadió que estas velatones son relevantes para evitar que estos hechos se repitan en el futuro y recordar «con qué profundidad se socavó la dignidad humana en dictadura, que no fue algo baladí ni superficial», entre otros para instalar la Constitución de 1980, hoy ampliamente rechazada, y que colocó los cimientos del modelo económico neoliberal imperante.
Con miras al debate actual sobre el futuro del país, agregó que cualquier modelo del país debe ser fruto de un debate democrático, participativo y libre, y no puede «ser instalado a sangre y fuego», como ocurrió con el régimen del dictador Augusto Pinochet.
Según consigna el Informe Valech, en Chile hubo al menos 1.152 centros de tortura, usados por los distintos organismos de seguridad por días, meses o años.
Es posible, sin embargo, que esta cifra sea mayor, puesto que la mayoría funcionó clandestinamente, según José Santos Herceg, académico e investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la U. de Santiago, que ha realizado varias investigaciones en el tema.
«Hoy prácticamente todos están desaparecidos o desapareciendo como el caso de la casa de Obispo Orrego 241. Esto no es casual ni anecdótico. La maquinaria ‘desaparecedora’ de la dictadura pretendió borrar el rastro de la catástrofe, escondiendo, ocultando, destruyendo los vestigios de las atrocidades», denuncia.
«La transición solventó esta labor continuándola hasta el día de hoy, como se puede ver con este caso. Los desaparecidos continúan sin aparecer, los centros de detención y tortura siguen desapareciendo o en peligro de desaparecer. La desaparición de estos lugares, su olvido, transforma la dictadura en un acontecimiento permanente, vigente hoy en día, perpetuando la victimización de las víctimas», advierte.
Sólo algunos pocos ex centros de tortura existen como museos, como Londres 38. Algunos se reciclaron como lugares comerciales -como librerías o farmacias- y otros desaparecieron con la renovación arquitectónica de las últimas décadas, según una investigación Fondecyt del académico, cuyo trabajo dio origen a documental «Lugares desaparecidos».
«La verdad, no obstante, es que dado que se trató de lugares ‘clandestinos’, seguramente fueron muchos más y de ellos aún no se tiene noticias y nunca se sabrá», comentó en su momento.
Con el tiempo, muchos de ellos desaparecieron con la misma velocidad con que aparecieron. Hay casos insólitos: uno que funcionaba en una casa parroquial, al lado de una iglesia (Vicuña Mackenna 61) o aquel donde funcionó la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile (José Carrasco Tapia 77).
Los servicios de seguridad torturaron en casas particulares -como fue la «Venda Sexy» en Macul-, o en sedes políticas robadas a los partidos de la UP, como fue el caso de calle Londres 38, que pertenecía al PS. Pero también en oficinas (por ejemplo, en Nueva York 47 o Ahumada 312), lugares donde hoy funcionan farmacias (Bandera 121) o clínicas en el centro (Santa Lucía 162), además de las propias instalaciones militares o policiales.
El trabajo de Santos también revela que, incluso en democracia, la tortura sigue siendo una práctica habitual en Chile, un fenómeno que recrudeció en el marco de la represión al estallido social del 18 de octubre, como revela el documental «La piedra en el agua».
Chile modificó su Código Penal para tipificar el delito de tortura recién en noviembre del año 2016, un cuarto de siglo tras el fin de la dictadura. Sin embargo, no es un tema erradicado, y según un informe de un organismo de Derechos Humanos, la Casa Memoria José Domingo Cañas, hay un caso de tortura cada seis horas, y solo el 2% de los casos investigados concluye favorablemente para la víctima.
