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Suprema fulmina la fórmula de integración de la Comisión de Nombramientos Judiciales propuesta en proyecto de ley y pide “suprimir su carácter político”

En su informe al Congreso por el proyecto de ley, el máximo tribunal plantea su desacuerdo con la composición de la instancia que -de acuerdo al texto legal- contará con cinco integrantes: un representante del Presidente de la República, dos del Senado y dos de la Corte Suprema. “La forma y constitución del órgano propuesta parece regresiva, por ser centralizada y concentrada en un escaso número de personas de origen mayoritariamente político”, señala.

Una serie de objeciones formuló el pleno de la Corte Suprema al proyecto de ley que “crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial”, en específico en lo referido a la composición de la instancia que estará encargada de estas designaciones.

En su informe, la Suprema es enfática en que si bien es positivo la creación de una Comisión de Nombramientos Judiciales, “la forma y constitución del órgano propuesta parece regresiva, por ser centralizada y concentrada en un escaso número de personas de origen mayoritariamente político, sin representación de las regiones y con facultades fuertemente discrecionales. Por ello, no cabe sino manifestar el desacuerdo con su composición”.

De acuerdo al proyecto de ley, dicha instancia de cinco integrantes estará compuesta por un representante del Presidente de la República, dos del Senado y dos de la Corte Suprema.

Esta fórmula es rechazada por el máximo tribunal, que en su oficio remitido a la Cámara de Diputados- señala que “en términos generales, el mecanismo propuesto no pareciera generar mayores equilibrios, por cuanto lo que antes era de competencia del Poder Judicial, a través de sus Cortes, se traslada a una comisión de cinco personas sin prever una fórmula en su composición que de seguridades para la experiencia de su desempeño”.

Asimismo, plantea que “se hace presente la necesidad de eliminar o morigerar la participación de los diversos poderes del Estado en la selección de los integrantes de la comisión, para suprimir su carácter político y asegurar la independencia de sus miembros. A su vez, cabría recomendar incorporar a jueces dentro de esta comisión, y que exista un elemento democrático en la elección de algunos miembros. Por otro lado, es sugerible que la presidencia sea ejercida por un miembro procedente de la carrera judicial, elegido entre sus pares de la Comisión”.

Por tanto, la Suprema plantea que “se hace necesario, así revisar la composición y forma de designación propuesta, considerar la participación de miembros del Poder Judicial en ella, introducir elementos regionales, extender sus facultades y atribuciones a los jueces de tribunales especiales, y por último, otorgarle rango constitucional”.

El informe también pone el foco en los procedimientos de nombramiento, señalando que si bien “la propuesta se encuentra, a grandes rasgos, alineada con estándares internacionales en la materia, así como también con las opiniones manifestadas previamente por la Corte Suprema”, finalmente no se hace cargo de aspectos, como la noción de carrera judicial, “la que podría ser radicalmente afectada de acuerdo a lo ya expresado en este informe”.