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Opinión

Las víctimas menos visibles del caso La Polar

por 8 junio, 2012

Las víctimas menos visibles del caso La Polar
Las cosas hay que decirlas por su nombre: los minoritarios son víctimas por partida doble.
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A un año del estallido del caso La Polar el debate sigue acaparando la atención de la opinión pública y su lento esclarecimiento, casi por goteo, atrae la atención en diversos círculos, empresariales, judiciales y políticos. Sin embargo, poco se ha dicho de las víctimas directas: los accionistas minoritarios.

Pocos reparan en que los pequeños inversionistas fueron víctimas de una gran estafa que afectó directamente sus ahorros y su patrimonio. Lo concreto es que perdieron casi el 90% del capital que tenían invertido en La Polar. Estamos hablando de miles de chilenos de diversas clases sociales, edades y de distintos lugares del país, que parecieran no existir. La pregunta que surge es ¿qué autoridad o ente estatal los representa?, ¿quién los ampara frente a la desprotección que nuestro deficiente sistema financiero y bursátil? Todavía no se escuchan voces claras y potentes provenientes de sectores influyentes que los consideren.

Mientras tanto, el caso en su arista penal sigue su curso en forma silenciosa, pero a paso firme. Los minoritarios confían en la labor del Ministerio Público para que se haga justicia y se apliquen condenas efectivas de los responsables. Esperan la batalla más dura y extensa: obtener las indemnizaciones y justa reparación de cuantiosas pérdidas, originadas no sólo por los  ex ejecutivos ya formalizados, sino que también por otros actores del mercado que, a lo menos, producto de una negligencia inexcusable, contribuyeron al desastroso resultado de la virtual quiebra de la empresa en que habían invertido sus ahorros.

Las cosas hay que decirlas por su nombre: los minoritarios son víctimas por partida doble. Primero, por el desplome del valor de las acciones y —segundo— por la enorme incertidumbre y temor de que la empresa quiebre y con ello se desvanezca completamente todo vestigio de sus inversiones. Por eso se ha luchado abierta y públicamente por salvar a La Polar, apoyando a la nueva administración que ha tenido que hacer frente a una imagen satanizada de la empresa  y dar la cara por delitos cometidos por otros.

En los últimos días el debate se ha centrado en los consumidores repactados en forma unilateral, relegando a un segundo plano a los minoritarios, que han tenido que aceptar y entender que lo urgente es sacar adelante a la compañía. Tienen la esperanza puesta en que el acuerdo conciliatorio logrado con el Sernac sea aprobado por el Tribunal. A su vez, que bajo un criterio de realidad se entienda que se está haciendo el mejor esfuerzo para indemnizar a los consumidores, lo que ciertamente está sujeto a la concreción del aumento de capital. No existe otra forma de comprometerse seriamente con un acuerdo de esa naturaleza porque si dicho aumento no se concreta, el futuro de La Polar seguirá siendo incierto.

Los accionistas minoritarios son tan respetables como los clientes repactados; tienen rostro, historias de vida truncadas, realidades y sufrimientos que hay que tener en cuenta. No son una masa invisible de la cual solo se puede hablar en abstracto.

El equipo jurídico de estos accionistas ha hecho enormes esfuerzos por apoyar la labor de la  justicia. Uno de ellos es haber logrado que se instruyera un peritaje contable respecto de las corredoras de bolsa, hasta ahora indemnes, para determinar su comportamiento y eventuales negociaciones incompatibles. En este plano, encargamos el peritaje a un grupo de auditores y analistas contables de la Universidad de Santiago, quienes —con un sentido de ética irrestricto y enorme generosidad— han estado colaborando sin esperar nada a cambio, es decir, ad honorem, lo cual es encomiable y, por lo tanto, debemos estar agradecidos de ellos.

En este primer aniversario del estallido del caso, el debate en los medios ha estado centrado en las lecciones aprendidas y en las regulaciones que se deberían adoptar para que este hecho no se vuelva a repetir. Mientras escuchamos extensos y pomposos argumentos que tratan de enseñarnos cómo defendernos de los sinvergüenzas que suelen pulular en los oscuros vericuetos de los negocios sucios, nuestra sugerencia es más simple y efectiva: hay que endurecer las penas para los delitos económicos, tanto las privativas de libertad como las pecuniarias. Lo que hemos visto hasta ahora son sanciones administrativas francamente irrisorias, frente al enorme daño económico y moral que causaron los ex ejecutivos y ex directivos que estuvieron al frente de la empresa, hasta el 8 de junio de 2011.

Lo único que puede frenar esta clase de abusos y fraudes es la estimación del costo-beneficio que deberían hacer aquellos que corren el riesgo de vulnerar las leyes y cometer delitos. Es decir, que midan el costo en forma anticipada y al observar que éste es alto, desistan de la idea de cometer el delito.

Esperamos que aquellos que tienen el deber de legislar se hagan cargo de ello y trabajen por alcanzar acuerdos de alto nivel, con visión de futuro, prescindiendo de los cálculos de corto plazo que algunos han mostrado tener, para tratar de obtener dividendos políticos con este caso lamentable. Nuestro país se jacta de pertenecer a la OCDE y de competir con las mejores prácticas en los negocios, a nivel internacional, pero con el caso La Polar nos vemos como un niño, con pantalón corto y desorientado.

Mientras tanto, los accionistas minoritarios seguirán asumiendo estoicamente  su gran ingenuidad: haber confiando en un sistema que falló y, por otro lado, esperanzados en que algún día —sea porque obtengan en un juicio sus indemnizaciones, o porque La Polar se recupere— sus pérdidas y tan mala experiencia se transforme en una ganancia no sólo material sino que de rescate de la confianza perdida. Ese día, sin importar la fecha, será el día de un aniversario digno de recordar y de celebrar.

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