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Gobierno presionaría por salida de Ponce de propiedad de SQM como condición para llegar a acuerdo en conflicto sobre el litio

Gobierno presionaría por salida de Ponce de propiedad de SQM como condición para llegar a acuerdo en conflicto sobre el litio

Iván Weissman S
Por : Iván Weissman S Editor El Mostrador Semanal
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La discusión se ha mantenido en reserva y se mantiene a los más altos niveles. Cercanos a Corfo afirman que Eduardo Bitrán no está dispuesto a firmar ningún acuerdo –incluyendo el que proponga el árbitro– mientras Julio Ponce mantenga su 30% en SQM. La opción de expropiar el Salar de Atacama a la empresa sigue vigente, aunque no es prioridad. Corfo presentó al arbitro documentos reservados que probarían que la minera no metálica le vende a Kowa, a precios menores que los de mercado.


No ha sido un buen año para Julio Ponce.

El escándalo de las boletas forzó a su socio de toda la vida, Patricio Contesse, a dejar la gerencia general de SQM; y a él, a salir del directorio que ha controlado por décadas.

Y esta semana se supo que Ponce se enfrenta a un castigo de US$ 105 millones con el SII, esto como resultado de una fiscalización efectuada a la venta de acciones de Norte Grande, Oro Blanco y Calichera –tres sociedades de la cascada a través de la cual él controla SQM– durante el período de ejercicios comerciales de 2008 a 2013.

Sin embargo, ahora se viene lo más duro: un presión soterrada del Gobierno para que abandone la propiedad de la minera no metálica.

Esa sería la condición que pondría Corfo para llegar a un acuerdo en el conflicto respecto al contrato del litio que está en arbitraje y que es casi seguro que termine en tribunales. Para esa eventualidad, SQM ya está arropada con el bufete Claro y Cía.

La discusión se ha mantenido en reserva y ha sido discutida a los más altos niveles. Cercanos a Corfo afirman Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, no está dispuesto a firmar ningún acuerdo –incluyendo el que proponga el árbitro– mientras Julio Ponce mantenga su 30% en SQM.

Cabe recordar que, aunque no es prioridad, la opción de expropiar el Salar de Atacama a la empresa sigue vigente.

La amenaza de ponerle fin anticipado al contrato clave de la minera obedece a una decisión política. El Salar de Atacama aportó casi el 40% de las ventas de SQM en 2014 y más de la mitad de sus utilidades, y el Gobierno sabe que tiene a Ponce contra las cuerdas.

“Con Ponce en control, aunque indirectamente, no hay monto que sea aceptable para firmar un acuerdo. Este Gobierno no va a firmar nada y seguirá presionando. Y la visión es independiente de quien gane las próximas elecciones –ya sea Piñera o Marcos Enríquez-Ominami–, se dará cuenta de que hay un costo político muy alto si se llega a un acuerdo con SQM con Ponce aún en la propiedad y controlando el directorio”, sostiene una alta fuente gubernamental que es parte del reducido equipo que está manejando el tema.

La lógica de ese argumento es que, dado el rol protagónico que ha tenido la minera no metálica en el escándalo de las platas políticas y la cantidad de políticos de todos los partidos salpicados, sería impresentable desde el punto de vista político sellar un acuerdo con SQM mientras Ponce siga manejando los hilos del directorio.

Otra fuente del Ejecutivo, también cercana a la disputa, señala que la nueva mesa está haciendo un trabajo de lobby intenso hacia el gobierno para bajarle la tensión al conflicto y alcanzar un acuerdo.

Al respecto, los que lideran el esfuerzo son Juan Antonio Guzmán, quien reemplazó a Ponce en la presidencia del directorio; y el empresario Wolf Von Appen, miembro asimismo del renovado directorio y hombre por años cercano a Ponce.

Desde el Gobierno, empero, les han hecho saber a ambos personajes que la condición para llegar a un acuerdo es que Ponce venda.

En la Corfo saben que la situación hay que tratarla con delicadeza, ya que la presión gubernamental y la amenaza de expropiar hace mucho ruido en inversionistas extranjeros –quienes representan el 70% de la propiedad de SQM– y cercanos al directorio sostienen que la situación podría tornarse incómoda para el Gobierno. “Los inversionistas internacionales acuden a sus distintas embajadas u oficinas de negocios cuando ocurren cosas de este tipo. En este caso, parece difícil que no hagan ver su parecer, considerando que toda una compañía está pagando los pecados de un par de ejecutivos que, además, ya dieron un paso al costado”, manifiestan.

Entre el reducido grupo de Corfo y el Ministerio de Economía que maneja el tema, ya se habría tomado contacto con algunos de los accionistas extranjeros claves, a fin de darles ciertas garantías.

Cabe recordar que la salida de Ponce del directorio de SQM fue el resultado de la presión de Potash (PCS) –la canadiense que controla un tercio de la minera– y fondos extranjeros con participación minoritaria en la empresa, a propósito de la investigación del Ministerio Público por delitos tributarios en relación con los aportes a políticos. A esto se suma el rol que podría tener el regulador de valores norteamericano (SEC) si se mete de lleno a investigar la empresa, cuyos ADR se transan en Wall Street.

En tanto, la posición oficial de SQM es que “las diferencias entre las partes, de acuerdo al Contrato, deben ser necesariamente resueltas a través de un proceso arbitral (…) SQM mantiene su posición respecto a que ha cumplido cabal y oportunamente sus obligaciones establecidas en el Contrato”.

«La posición de la Compañía es y seguirá siendo de absoluta cooperación con CORFO en el marco del Contrato vigente», ha manifestado la minera en diferentes marcos en los últimos meses.

Otra arista que hace crecer la tensión sobre el control que ejerce Ponce en SQM es el hecho de que, cada vez que las cascadas han metido ruido, se gatilla la amenaza de que el empresario tenga que reponer las garantías de sus deudas, debiendo salir a comprar acciones de la minera en el mercado, como la ha estado haciendo en las últimas semanas.

Fuentes al interior de SQM expresan que Ponce no debería ser un factor. Apuntan a que ya no está en el directorio y que solo controla un 30% de la propiedad, aunque admiten que técnicamente sigue en control de la mesa desde afuera.

Los que han estado en contacto con el empresario dicen que su mente está en otra cosa, que está concentrado en temas personales y que “no se ha metido para nada” en la empresa.

El flanco Kowa

Otro flanco por medio del cual Corfo presiona a SQM en el arbitraje, dice relación con poner el foco en la relación de la minera con Kowa, el misterioso holding japonés que controla el 2% de la empresa y con el que tiene un pacto de accionistas hace años.

Este medio fue informado de que hace unas semanas que Corfo presentó documentos reservados al arbitro, los cuales probarían que la minera no metálica le vende a Kowa, a precios menores que los de mercado y sin informar que la empresa japonesa es relacionada.

De acuerdo al documento –al cual El Mostrador tuvo acceso–, en 2014 SQM Salar le vendió a Kowa 6.069 toneladas de Carbonato de Litio a un precio (US$ 4.845) que fue el menor del mercado y alrededor de 5% por debajo del promedio mundial (US$ 5.108). Comparado con las otras exportaciones de litio chileno a Japón, el precio habría sido un 10% más barato; y comparado con las exportaciones de China, el precio al que SQM le vendió a Kowa fue alrededor de 40% más barato. El perjuicio –según Corfo– sería US% 50 millones.

La información –aseguran fuentes del organismo estatal– la extrajeron de boletas, facturas y documentos de la propia SQM Salar y la compararon con la base de datos de organismos internacionales.

Corfo sostiene que el Estado de Chile ha sido perjudicado, pues la entidad recibe menos en royalties y SII recibe menos ingresos, sin mencionar el daño a los accionistas minoritarios.

El argumento de Corfo es simple: SQM pagó de menos a Corfo, haciendo pasar a Kowa como una no relacionada. Lo anterior, porque no la informó como relacionada y pagó derechos a Corfo como si Kowa fuera no relacionada, considerando que la japonesa compra a menor precio que las no relacionadas, pese a que sí lo era desde el 2006. El contrato establece que si SQM le vende a una empresa relacionada, debe considerar precio de empresa no relacionada.

Desde 2006, Kowa tiene un pacto de actuación conjunta con Pampa Calichera, por lo que ese mismo año la SVS determinó que el holding japonés era una empresa relacionada con SQM. Ese pacto le permitió a Julio Ponce ganar la batalla para mantener el control de la minera.

Hasta el 31 de diciembre del 2012, SQM consideraba a Kowa como una empresa no relacionada, pese al fallo de la SVS.

La corporación fiscal ha tomado una serie de acciones ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Superintendencia de Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos (SII), para que investiguen las transacciones. Y recientemente también enviaron la información a la SEC en Estados Unidos.

Desde SQM rechazan los argumentos y cálculos esgrimidos por Corfo. Según un reportaje de revista Capital, sus datos revelan que las exportaciones de carbonato de litio de SQM a Japón en los últimos años –de 2007 al 2014– se han realizado a precios promedios superiores un 4% respecto de las otras exportaciones de Chile y un 27% en relación con las de Argentina a Japón.

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