El 10 de junio de 2014, Inversiones CMPC colocó UF5 millones en el mercado local. Desde la firma sostienen que se les advirtió del proceso a los inversionistas, a pesar de que no se incluyó esta información en el prospecto de la operación y que en diciembre afirmaron a la SVS desconocer detalles. Esto le abre la puerta al regulador de valores para revisar eventuales infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas por un presunto ocultamiento de información. AFP y aseguradoras habrían participado en la compra, incluyendo BICE Vida. Esa arista hace ruido, ya que también forma parte del Grupo Matte, lo que transforma a la operación en una entre relacionados y hace recordar las triangulaciones que efectuó Saieh para inyectar fondos a SMU.
“¿Cuándo y cómo se enteró de que su filial tissue se había coludido con SCA para repartirse el mercado y fijar precios? -En junio de 2014 y a raíz de una investigación que se inició en un país extranjero distinto a Colombia”, fue parte de la entrevista que el domingo pasado dio Eliodoro Matte, presidente de CMPC, a El Mercurio. Un dato clave para un caso que, si bien hoy está concentrado en el ámbito de la libre competencia, tiene elementos para que eventualmente derive en infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).
Es que habiéndose iniciado la investigación referida por Matte, gestada en Perú –según reportó esta semana Pulso–, la compañía emitió instrumentos financieros omitiendo dicha contingencia.
Inversiones CMPC, el vehículo de inversiones de todos los negocios del holding con excepción del forestal, colocó el 10 de junio del año pasado bonos por UF5 millones (equivalentes a US$220 millones de entonces), correspondientes a la serie G.
El prospecto de esos papeles –fechado en abril de ese año– no advirtió de la investigación por faltas a la libre competencia en Perú, pese a que la sociedad ya tenía conocimiento de lo que sucedía. En el documento se explayó sobre distintos factores de riesgo, ya sea financieros, de crédito, operacionales, condiciones políticas, medioambientales y de cumplimiento, entre otros. Precisamente en esta última categoría –la cual se asocia a la capacidad de la firma para cumplir con obligaciones legales, regulatorias, contractuales y de responsabilidad extracontractual– se informó que “CMPC, con una historia que se extiende por más de 93 años, mantiene una probada y reconocida trayectoria de rigurosidad y prudencia en el manejo de sus negocios”.
Lo anterior cobra mayor relevancia tomando en cuenta que, si bien dicha información no se consideró en el prospecto, las indagatorias en Perú sí fueron comunicadas a inversionistas locales. No hubo respuesta de la compañía tras ser consultada formalmente; sin embargo, al interior de la misma sostuvieron lo siguiente: “Previo a la emisión, hubo un acuerdo de confidencialidad que se firmó con inversionistas para comentarles lo que estaba pasando en la empresa (…). Hubo un due diligence previo y se declaró esta situación bajo un acuerdo de confidencialidad”.
La potencial irrupción de la SVS
Dicha situación abriría la puerta para que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tome cartas en el asunto. La potencial arista administrativa del caso ha sido tema abordado por la prensa, pues el regulador podría monitorear la responsabilidad del directorio en el reconocido acto colusorio de la papelera, sin embargo, también podría haber infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas por haber ocultado información, según lo dispuesto en el artículo 42 de esta ley.
Dicho cuerpo legal les prohíbe a los directores “inducir a los gerentes, administradores, ejecutivos principales y dependientes, o a los inspectores de cuenta o auditores externos y a las clasificadoras de riesgo, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas y ocultar información”. También prohíbe presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles informaciones esenciales.
El regulador conoció formalmente la situación gracias a un documento reservado que CMPC le envió en marzo de este año. No obstante, en diciembre ya le hacía consultas a la papelera por reportes de prensa extranjeros que hablaban de una investigación en Colombia, un asunto sobre el cual CMPC argumentó desconocimiento.
Pero ahora se sabe que en agosto de 2014 el gerente general de CMPC, Hernán Rodríguez, se reunió con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para informarle del problema que existía en el extranjero y que por esa razón se le pidió la renuncia a Jorge Morel, ex gerente del negocio de tissue. En ese entonces, según lo informado por los ejecutivos entrevistados por la papelera, las infracciones no se extendían hacia Chile.
En respuesta al oficio que en diciembre envió la SVS, el propio Rodríguez sostuvo lo siguiente: “La información indicada se refiere a una acusación por presunta cartelización en el mercado del papel higiénico en Colombia, que habría estado vigente durante 15 años, formulada el pasado 24 de noviembre por la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país en contra de las empresas Familia, Kimberly Clark, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles Risaralda y Drypers Andina, esta última adquirida por CMPC el año 2008. El Superintendente Colombiano indicó a los medios de comunicación que también formuló cargos contra 42 personas naturales, entre las cuales figuran 3 ejecutivos que trabajaron para dicha empresa en el pasado. Ignoramos las razones que tuvo la autoridad para incluir a Drypers Andina en la acusación indicada, porque hasta la fecha no hemos sido notificados formalmente y solo hemos tenido acceso a versiones de prensa, de manera que no estamos en condiciones de referirnos a sus fundamentos ni menos a sus eventuales efectos”.
Aun así, dijo que el “directorio instruyó que se prestara a las autoridades respectivas toda la colaboración para aclarar la situación descrita y, además, se realizaran las acciones que correspondan tendientes a prevenir conductas como las denunciadas, en las filiales extranjeras de la Compañía”.
Inversionistas: “No lo sabíamos”
Si bien desde la empresa dijeron que previo a la colocación del mencionado bono se informó a distintos inversionistas en forma confidencial que existía un potencial frente por colusión, este medio consultó a algunos de los principales actores de la industria previsional y de seguros, obteniendo como respuesta que no sabían de dicha contingencia.
¿Quiénes compraron? Esa información es reservada, sin embargo, los bonos son a 16 años y, desde que se destapó el denominado “Cartel del Tissue”, sus tasas se han movido muy poco. En el mercado estiman que son las aseguradoras las mayormente invertidas en estos instrumentos. Ayer se transaron estos papeles, subiendo su tasa desde el 3,26% al 3,30%.
De mayo a junio del año pasado, las AFP aumentaron muy poco su exposición en los bonos de Inversiones CMPC, los cuales pasaron de representar un 0,32% al 0,33% de los fondos, escalando desde los US$539 a US$555 millones. No así las aseguradoras, que pasaron de tener en marzo $160 mil millones en bonos, debentures y pagarés, a $255 mil millones en junio de 2014, una diferencia que representó una inversión de $94.542 millones.
Las aseguradoras que explicaron mayormente esta inversión fueron por lejos EuroAmerica, que apostó en ese período $39 mil millones, luego Penta ($19.592 millones), las aseguradoras del grupo ILC (cerca de $15 mil millones) y Principal ($9.735 millones), entre otras.
La aseguradora del grupo Bice, también controlado por la familia Matte, incrementó su inversión en $591 millones entre marzo y junio de 2014. El aumento es menor, pese a lo cual a esa altura era uno de los principales tenedores de bonos de Inversiones CMPC, con $27.793 millones, solo detrás de EuroAmerica y MetLife ($30.625 millones).
Hasta septiembre de este año las AFP tenían invertidos el 0,29% de sus fondos en papeles de la compañía, unos US$443 millones. La industria aseguradora, en tanto, $286 mil millones, de los cuales $53.500 millones los explica solo la aseguradora del Bice, sin duda otro tema a monitorear.
El que Bice Vida sea uno de los principales tenedores de bonos de CMPC hace ruido en el mercado, ya que serían operaciones entre relacionados, no muy diferentes a las triangulaciones que hizo Álvaro Saieh para inyectar fondos a SMU.
Cabe mencionar que, en sí mismas, las operaciones no son ilegales si no superan un porcentaje determinado del patrimonio efectivo de un banco.
El representante de los tenedores es Banco Santander.
