
Hacienda a toda máquina para concretar la Comisión para el Mercado Financiero
Promulgada en febrero pasado, la ley que crea el nuevo ente regulador que supervisará a las corredoras, seguros y bancos, considera 18 meses para su entrada en funcionamiento. Sin embargo, en el Gobierno están trabajando a toda velocidad para dejarla andando este año.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya anunció que su plan es anticiparse a los plazos de la comisión, pero es posible que ya en agosto esta sea una realidad.
Es que la principal urgencia es volver a meter a la SVS en organizaciones como Iosco, la cual agrupa a los principales reguladores financieros del mundo. El actual titular de la Superintendencia, Carlos Pavez, ha dicho en reiteradas ocasiones que es necesario ser parte de dicha organización, principalmente por los protocolos de intercambio de información necesarios para una fiscalización adecuada.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) considera una serie de medidas intrusivas que la actual SVS no tiene, por ejemplo, el acceso a secreto bancario, grabaciones telefónicas o delación compensada, todas herramientas que sí poseen otros reguladores del mundo. Ese solo requisito dejó sin poder al regulador chileno en dicha organización.
La SVS era parte de Iosco desde 1983. A partir de 2002 existe un Memorándum Multilateral de Entendimiento (MMoU), que establece los principios y normas para la cooperación e intercambio de información entre reguladores de valores. El MMoU de Iosco es un estándar internacional para combatir los fraudes transnacionales e infracciones en los mercados, cada vez más globalizados. Pero existe una lista de países –donde figura Chile– que no han cumplido con todos los requisitos para ser signatarios del MMoU, afectando a la SVS simplemente por no tener acceso al secreto bancario, por lo tanto, no puede solicitar información para compartirla con un regulador extranjero.
En marzo de 2014, Iosco solicitó a los miembros no signatarios renunciar a sus cargos. Así, la SVS perdió la presidencia de la Interamerican Committee (IARC) y dejó de ser parte del directorio de la referida organización internacional. Esto no implica salir de dicha entidad, pero no puede compartir información con sus pares.
Lo anterior no ha dejado a la SVS exenta de problemas. Para el procedimiento de fiscalización sobre Juan Bilbao, sancionado con US$3,2 millones por uso de información privilegiada en instrumentos de CFR –además del proceso sancionatorio que inició la SEC de EE.UU.–, hubo intercambios de información pero solamente por acuerdos bilaterales. El regulador perfectamente pudo no obtener información por parte de la SEC o cualquier otra entidad reguladora, por el solo hecho de no pertenecer a Iosco.