Opinión
¿Y el mercado no tiene nada que decir como motor de progreso, incluso para los más necesitados? Claro que sí, porque ni la mejor política redistributiva tendrá mayor impacto en la superación de la pobreza que una economía pujante, que sea capaz de crear más y mejores empleos, así como fomentar el emprendimiento
Con bastante frecuencia, se tiende a caricaturizar el liberalismo como una doctrina “individualista” –en el sentido (errado) de egoísmo–, así como meramente economicista y desprovista de toda preocupación por las personas más vulnerables. Unos dicen que, cuando van a campamentos, a los pobladores no les interesan temas como el de identidad de género. Otros, que ser más “progre” en los llamados “temas valóricos”, resulta políticamente más rentable que una agenda social. Por cierto, una crítica liviana que no proviene solo desde sectores de la nueva izquierda, sino que, crecientemente, desde movimientos socialcristianos de derecha. Pero ¿es realmente el liberalismo, al menos en sus corrientes predominantes, incompatible con una preocupación por las personas vulnerables y, concretamente, a favor de la existencia de políticas sociales?
Si bien no existe “un” liberalismo, sino varios, y evidentemente habrá un degradé de posturas entre sus dos corrientes predominantes —clásico e igualitario—, ninguno de ellos supone renunciar a una vocación pública en favor de los más vulnerables. La premisa básica, para los liberales, será siempre que cada persona goce del más amplio espacio posible de libertad para dirigir su propia vida, sin afectar con ello los derechos de los otros. Se preferirá, así, que sean las personas, muchas veces asociadas unas con otras con fines colaborativos, los motores de la sociedad para la persecución de sus fines personales o colectivos. Pero ¿resultan suficientes, para un liberal, los servicios que pueden proveer filántropos o asociaciones de beneficencia para ayudar a los más necesitados? Pues no. Y es que, además del deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales y libertades básicas, resulta irrenunciable una política social activa, particularmente respecto de los más vulnerables, que favorezca un ejercicio más amplio de la libertad, más allá de lo puramente formal.
Pero ¿cómo podría fundarse una política social, que maximice el espectro de libertad de las personas? En el imprescindible reconocimiento de la dignidad humana, en cuanto a que ella debe considerarse como un fin y nunca como un medio, por lo que la meta no es la dependencia perpetua del beneficiario respecto del Estado, sino asegurarle las condiciones necesarias para impulsar su propio progreso. Tratar a la persona siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio, el sentido último del “individualismo” que con tanta liviandad se critica. Este reconocimiento no es tautológico, sino profundo: impone rechazar el asistencialismo y paternalismo de quienes reducen a los más vulnerables a meros receptores de beneficencia por parte de los gobiernos, los cuales son vistos como proveedores “solidarios” de bienes y servicios, y no como responsables de políticas públicas que promuevan el progreso individual y familiar.
Así, pues, frente a la situación de quienes padecen necesidad, una respuesta liberal debería sostenerse desde el principio de subsidiariedad, en sus dimensiones tanto pasiva como activa.
En virtud de la primera, se reconoce el más amplio espacio de libertad para las personas y para los grupos intermedios para desarrollar todo tipo de actividades lícitas, sin intromisiones indebidas por el Estado. Y de acuerdo con la segunda, se le concede la facultad de intervenir en un determinado ámbito, si los privados son incapaces de hacerlo. En el marco de derechos constitucionalmente reconocidos, como la salud, la educación o la seguridad social, la intervención del Estado será además imperativa, por cuanto estos se reconocen a todos, sin discriminación, y es deber del Estado garantizar su acceso, para lo cual cuenta con un gran abanico de fórmulas, entre las que destaca la cooperación público-privada, por cuanto permite poner el foco en la sociedad civil como agente de cambio. Así, una política social liberal no se entenderá desde mínimos exiguos, pero sí sobre un sentido de justicia que considere las distintas carencias de las personas para dotarlas de capacidades habilitantes y fundantes del mérito.
Dentro de este marco político-normativo, luego vendrá definir el foco de la política social. Un principio central siempre será el de servicialidad, que pone al Estado al servicio de las personas, y en particular la atención prioritaria hacia los pobres y los más vulnerables. En una sociedad que ha alcanzado un estado de desarrollo importante, la política social no debería limitarse solo a la pobreza por ingresos, sino que debe acoger una mirada multidimensional, incluyendo otras privaciones como la falta de acceso a educación o salud y la insuficiencia de redes de apoyo.
En otras palabras, quienes se encuentren en condición de pobreza requerirán de un apoyo focalizado y permanente por parte del Estado, pero ello no limita la política social solo a aquellos que son pobres, sino que también permite atender la vulnerabilidad de quienes, si bien ya no son pobres, se encuentran en riesgo de volver a serlo en caso de una catástrofe económica, como la pérdida del empleo o una enfermedad de alto costo. Aquí la política social respecto del segmento vulnerable deberá funcionar desde apoyos contingentes, más cercanos a la lógica de seguros, que morigeren el impacto de una situación económica compleja, protegiéndolos del riesgo de caer en pobreza.
¿Y el mercado no tiene nada que decir como motor de progreso, incluso para los más necesitados? Claro que sí, porque ni la mejor política redistributiva tendrá mayor impacto en la superación de la pobreza que una economía pujante, que sea capaz de crear más y mejores empleos, así como fomentar el emprendimiento. El drástico desplome de la pobreza desde 40% (en 1990) a 11% (en 2015), ha tenido precisamente como motor principal una economía de mercado con un crecimiento sostenido, y que, además de generar riqueza y crear empleos de buena calidad, asegura mayores ingresos fiscales para solventar la provisión de servicios sociales en favor de los más necesitados.
En definitiva, mucho ruido y pocas nueces sostienen la caricatura, repetida sin mayores fundamentos, de que el liberalismo carecería de visión frente a la política social. Ni en el terreno de los principios, ni tampoco en el de las políticas públicas, puede seriamente sostenerse que se prescinda de la preocupación por los más vulnerables. Muy por el contrario, será la política social una herramienta apropiada para atender necesidades sociales, poniendo el Estado al servicio de las personas, y con ello, de su propia libertad.
