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Longueira aún no tendría amarrados los votos necesarios para aprobar la Ley de Pesca

por 20 noviembre, 2012

Longueira aún no tendría amarrados los votos necesarios para aprobar la Ley de Pesca
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Ayer el proyecto de Ley de Pesca vivió una jornada clave en el Senado y hoy se viene el voto definitivo. Con la oposición dividida, el gobierno espera ganar el gallito a quienes se oponen a dar luz verde a la polémica iniciativa que ha impulsado el ministro de Economía, Pablo Longueira.

Parecía que el gobierno tenía los votos. La campaña #YoPesco, que se opone al proyecto, informó que seis senadores de la Concertación votarían a favor de lo que ellos llaman la Ley Longueira. Los seis serían los Senadores Rossi, Zaldívar, Sabag, Letelier y los hermanos Walker.

Sin embargo, una fuente que está íntimamente ligada al proceso dice que el compromiso de los seis "no es firme, y al menos tres podrían cambiar su voto una vez que el proyecto entre a la Sala. La verdad solo la sabremos una vez que el proyecto entre en Sala".

Esta misma fuente explica que a la Sala del Senado llegarán dos informes —el de la Comisión de Pesca y el de Hacienda— y en la Sala se verá si el ministro de Economía realmente tiene los votos.

El presidente de la Comisión de Pesca, senador Antonio Horvath, asegura que ya hay alrededor de un 90 por ciento de acuerdo en torno a la polémica iniciativa.

Hasta última hora los diferentes intereses hacían un lobby furioso. Una persona que lo ha ejercido a favor de la oposición afirma que el gobierno está coordinado con los industriales. "Hemos visto al ministro Galilea en los pasillos del Congreso personalmente diciéndole a los ejecutivos de la industria los votos que faltan y con quién hay que conseguirlos".

Esta misma persona explica que en algunas normas Longueira necesita mayoría absoluta, o sea necesita 20 de 38 votos y la verdad "es que no estamos seguros de que el apoyo que consiguió de los senadores de la concertación es un apoyo firme".

Entre las empresas que más han presionado al Congreso están Lota Protein y la agrupación de empresas pesqueras, Sonapesca, a quienes la oposición acusan de haber impedido un análisis profundo de la normativa en el Senado.

De perder el voto, la oposición llevaría el caso al Tribunal Constitucional y, de acuerdo a uno de los Senadores que está en esta posición, usarían los mismos argumentos que el Presidente Sebastián Piñera esgrimió cuando era senador en 1991 para impugnar el proyecto que entró al Senado ese año.

Fuentes cercanas a la oposición admiten que la actual versión del proyecto es un avance comparado con la propuesta original del Ejecutivo.

El mayor progreso se da en el tema de sustentabilidad. Conforme a estas fuentes, el proyecto significa un aporte en materia de sustentabilidad del recurso, haciéndose cargo de uno de los grandes problemas de la aplicación de la legislación vigente.

El que más destacan es que son ahora los científicos en la toma de decisiones y no el Consejo Nacional de Pesca. Serán los Comités Científicos los que determinan el estatus de las pesquerías, los puntos biológicos de las pesquerías y que la cuota global de captura deba adoptarse dentro de los rangos que el Comité determine. Esto implica que el Consejo Nacional de Pesca (donde están representados mayoritariamente los incumbentes de la industria) pierde poder en la toma de decisiones.

Asimismo, la oposición destaca que el proyecto avanza en imponer controles obligatorios como son la extensión del uso de GPS y las certificaciones de desembarques.

Otro aspecto importante en que la oposición indica se hicieron avances, es en que la ley finalmente reconoce los derechos soberanos del Estado de Chile sobre el mar territorial, pero advierten que "hay que revisar la concordancia de esta norma con la naturaleza de las licencias que el mismo proyecto entrega a los industriales pesqueros; al tratarse de licencias en la práctica perpetuas, la soberanía del Estado pasa a ser una mera declaración".

Los dos puntos que más preocupan a la oposición son las licitaciones y las licencias.

El proyecto original proponía que los titulares de cuotas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012 tendrán la opción de acceder a licencias clase A transables y de carácter indefinido. Ahora el Ejecutivo propone establecer licencias por 20 años renovables por otros 20 años, sin límite y en forma automática.

Críticos de esta norma sostienen que "aunque conceptualmente no son licencias necesariamente indefinidas, en la práctica lo serán" y que este constituye una “privatización del mar”. Ellos proponen licencias por 10 o 15 años no renovables y con licitaciones periódicas.

"De aprobarse la ley como está propuesta ahora, los industriales entrarían las licencias en sus balances y se convertirían en rentistas. Ni siquiera tendrían que pescar, ganarían plata arrendando el derecho a pescar a otros en forma temporal", acusa un miembro del staff de un senador de oposición.

El otro punto clave para la oposición es la licitación de la cuota industrial. Según ellos, la formula que propone el Ejecutivo resultará en licitaciones fantasmas, ya que nunca se alcanzarán los umbrales que propone la ley para que se gatillen las licitaciones.

La Ley de Pesca vigente establece que la Subsecretaría de Pesca podrá licitar la asignación de la cuota industrial hasta en un 50 %, a razón de un 5 % anual, con acuerdo del Consejo Nacional de Pesca. Pero sus críticos apuntan a que esa norma nunca se ha aplicado por presiones del sector industrial.

La propuesta original del Gobierno iba a viabilizar esa norma licitándose hasta el 50 % de la cuota industrial. Longueira, cuando reemplazó a Juan Andrés Fontaine en Economía, modificó el proyecto introduciendo un mecanismo de licitaciones de hasta solamente el 15 % de la cuota industrial, pero además vincula las licitaciones con el rendimiento máximo sostenible (RMS) de la pesquería a licitar.

La oposición observa que el mecanismo propuesto por el Gobierno implica que únicamente se licitará si la pesquería respectiva se encuentra en un 90 % de su RMS. Si no se llega a ese umbral, nunca habrá licitación. Y resaltan que "diversos expertos del mundo pesquero sostienen que no es posible llegar a ese umbral, menos aún en pesquerías que se encuentran sobreexplotadas. Además, la norma pone un claro incentivo para fijar un RMS alto y luego “mantenerlo” en un 89 %.

La oposición ha propuesto que el artículo 27 de la ley vigente sea obligatorio, es decir, licitar gradualmente hasta el 50 % de la cuota industrial, sin vincularlas al RMS.

De aprobarse el proyecto el Senado hoy, el texto volvería a la Cámara para que apruebe los cambios, de no haber acuerdo podría ir a Comisión Mixta. Todo en un período breve, idealmente dentro de la semana, pues la iniciativa está con suma urgencia.

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