La tercera sala de la Corte Suprema anuló un permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar -en el año 1996- a la Inmobiliaria Costa de Montemar S.A. que proyectaba construir dos torres en la actual comuna de Concón, que significaba una inversión cercana a los US$70 millones.
Así lo informó un grupo de vecinos del Edificio Costa del Este, localizado en calle Las Pimpinelas 765, zona urbana del Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón, que contempla una altura máxima de cuatro pisos, en conjunto con la Fundación Defendamos la Ciudad y con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concón
Este caso fue denunciado inicialmente por las organizaciones en la sede regional de Valparaíso de la Contraloría General de la República, la que después de un análisis jurídico en el ámbito de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones concluyó, en su dictamen Nº 3652 del 13/07/07, que todo el proceso era ilegal. A raíz de este concluyente dictamen el privado interpuso una acción ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que, por unanimidad, rechazó dicho recurso. Enseguida la inmobiliaria recurrió de casación en el fondo ante la máxima instancia jurisdiccional, con el resultado ya conocido.
Al respecto, Patricio Herman manifestó que “es evidente que el poder judicial está exigiendo que los proyectos de inversión del sector privado se enmarquen en los cuerpos normativos que el Estado se ha dado, con lo cual se asegura el imperio del derecho en este país tan lleno de recovecos para burlar la ley. Recordemos que el terreno en donde la inmobiliaria intentaba levantar las 2 elevadas torres formaba parte de las llamadas dunas de Concón”.
Por su parte, Ana María Vivero, representante de la comunidad, expresó: “Deseo agradecer la excelente labor desplegada por el abogado municipal de Concón, Paulo Pérez, quien se enfrentó en estrados con singular maestría a los letrados del importante Estudio Jurídico de Santiago contratado por ese privado que se quiso pasar de listo. Ahora esperamos, con esta explícita señal que ha entregado la Corte Suprema, que todas las municipalidades del país entiendan que la probidad en el ejercicio de sus actuaciones es obligatoria y quisiéramos que lo que queda de las dunas de Concón sean íntegramente protegidas como Santuario de la Naturaleza”.
