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Aguas Andinas enfrenta millonarias multas en polémica que involucra a Gescam y al cuñado del ex presidente Lagos

por 4 diciembre, 2012

Aguas Andinas enfrenta millonarias multas en polémica que involucra a Gescam y al cuñado del ex presidente Lagos
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El 29 de octubre de 2002, Ricardo Lagos Escobar lucía radiante junto al ministro de Obras Públicas de la época, Jorge Etcheberry. A su lado, el presidente español de Aguas Andinas, Roque Gistau, lo paseaba por las imponentes instalaciones de La Farfana, en el sector poniente de Santiago, presentándole una de las tres mayores plantas de tratamiento de aguas servidas del mundo.

También lo acompañaba el entonces intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli.

Sabido o no por Lagos, Trivelli, presidente de la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) había seleccionado a Gescam, una consultora medioambiental, para que fiscalizara a la planta destinada a tratar las desechos del alcantarillado que dejaba gran parte de los santiaguinos y verificara que cumpliera con lo dictaminado por la entidad que dirigía.

Gescam era entonces, y sigue siéndolo, propiedad del cuñado de Lagos, hermano de Luisa Durán, Hernán Durán de La Fuente. Y el trabajo requerido por el fiscalizador no lo pagaba el Estado sino la propia Aguas Andinas.

Sus nombres vuelven a reflotar esta semana cuando comienzan a desarrollarse los alegatos en la Corte de Apelaciones por un fallo del 5° Juzgado Civil de Santiago, que el 30 de marzo pasado condenó a la sanitaria a pagar casi $ 1.350 millones (US$ 2,7 millones) a 59 personas que viven en el entorno de la planta en los sectores de Casas Viejas y La Farfana.

El dictamen que Aguas Andinas buscará revertir, y cuyo monto indemnizatorio los demandantes pretenden elevar (la demanda inicial superaba los US$ 50 millones), hizo recordar la controversia generada un mes después que Lagos inaugurara la planta, cuando los biodigestores de la planta fallaron y el perfume a excremento inundó los jardines de los modestos vecinos del sector.

En ese momento Lagos reclamó públicamente y se comenzaron a repetir las críticas a la compañía controlada por los españoles.

No sabría Lagos que su cuñado fiscalizaba las mediciones y que —según señala el abogado de las familias que se acaba de anotar un triunfo con la compañía, Rodrigo Escudero, de Ossa y Bulnes Asociados— nunca informó a las autoridades de los malos olores que estaba emitiendo desde que se inauguró la megaplanta; sólo hizo llegar sus informes a la compañía.

No fue posible verificar esta versión con Durán, quien no respondió las preguntas que se le enviaron.

Los errores en el funcionamiento de La Farfana provocaron que en el primer año recibiera, al menos, cuatro sanciones de la autoridad sanitaria por unos $ 150 millones actuales. Incluso por un breve período se les prohibió cobrar los casi $ 1.000 que agregaron a las cuentas de cada santiaguino por los más de US$ 300 millones oficialmente invertidos en el proyecto.

Junto con ello, las familias comenzaron a denunciar los perjuicios provocados por las fallas de Aguas Andinas.

Tras años de disputas, 2012 trajo amarrada la acción de la justicia. En marzo pasado la Corte Suprema confirmó una indemnización de casi $ 1.000 millones a pagar por los perjuicios a un grupo de vecinos de Alto Jahuel.

En paralelo, los vecinos de Casas Viejas (que viven a casi un kilómetro de la planta) y La Farfana (a 150 metros) ganaron la primera batalla en la misma fecha y esta semana comenzarán la segunda en la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que integra —entre otros— Alejandro Madrid (famoso por ver la causa de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva).

Sin embargo, el fallo de la titular del Quinto Juzgado Civil de Santiago, María Soledad Jorquera, puso de relieve llamativos detalles desconocidos hasta ahora del proceso.

La presencia de Gescam como fiscalizador, elegido por la autoridad (a partir de una terna propuesta por la sanitaria y pagada por ella), se extiende por casi una década y según cercanos, aún sigue prestando servicios.

Al momento de sus declaraciones, en abril de 2009, Durán bajó el perfil a la relación con Aguas Andinas afirmando que solamente representaba un 5 % de sus ingresos y que era elegido por la autoridad.

En sus 20 informes entregados a Aguas Andinas en forma ininterrumpida y trimestral (desde diciembre de 2003 a noviembre de 2008), según la relación hecha por Jorquera, Gescam reconoce parcialmente los olores pero los relativiza de forma selectiva.

Reduce a un mínimo el número de reclamos, asegura que varios de ellos se explican por motivos no vinculados a La Farfana, habla de “notas de olor” y cuando reconoce olores, los adjudica a períodos en que también emanan hedores de basura, actividades agrícolas y fabricación de cecinas.

O también justifica los olores —normalmente en base a información que le entrega la propia empresa— por las “condiciones meteorológicas que favorecieron el evento, sin identificarse anormalidades en el funcionamiento de la planta”. Incluso, indica en otro caso de reclamos, que favoreció la propagación de olor el hecho que “el viento se dirigía en dirección de noreste a suroeste”.

El rol del presidente del Colegio Médico

Gescam no fue el único que abogó por Aguas Andinas. El actual presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, presentó en su momento un informe para medir el nivel de emanación de los gases generados en La Farfana. Aunque según el fallo de la jueza, no tuvo mucha importancia. El problema fue que el estudio de París, junto al doctor Juan Carlos Ríos, ambos del Cituc de la Pontificia Universidad Católica, se hizo en base a las muestras de gas entregadas por la propia Aguas Andinas y, según Ríos, no les consta que las muestras hayan sido extraídas de la planta.

Escudero cree que este detalle le quitó validez a la declaración y el voluminoso informe del líder de los doctores.

Otra afamada experta en el tema fue la empresa Ecosynergy. La compañía está ligada a Verónica González Gil actual directora de la Universidad La Araucana, segunda vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, consejera de Comunidad Mujer y directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza. También fue hasta 2009 decana de la facultad de ciencias administrativas y empresariales de la Universidad Mayor.

Aguas Andina se defiende

Aunque en Aguas Andinas no quisieron responder, cercanos afirman que hoy la planta funciona bien y que la decisión de llevar los lodos a Tiltil ha permitido minimizar el impacto y que, de hecho, hoy no existen reclamos contra la planta.

El alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, asegura que desde 2009 ya no se sienten los olores que antes percibían y por los cuales hicieron masivos reclamos a la compañía y las autoridades.

Escudero refuta esa tesis y asegura que los vecinos de La Farfana y Casas Viejas están mucho más cerca que los vecinos de Pudahuel y que siguen percibiendo los olores que les impiden vivir dignamente, además de estar imposibilitados de vender sus viviendas para dejar el lugar, pues nadie quiere vivir en un ambiente hediondo.

En su defensa ante el juzgado Aguas Andinas manifestó que “no construyó su Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por un afán puramente de lucro, ni mucho menos con el propósito o voluntad expresa de causar un daño moral o patrimonial a terceros, sino que fue construida para descontaminar y tratar efectivamente las aguas servidas de más del 60 % de los habitantes de la capital, mejorando no sólo las condiciones medioambientales del Gran Santiago, sino que además, poniendo término al flagelo que significaba para los vecinos de la planta el hecho de vivir en las cercanías del tristemente recordado y putrefacto Zanjón de la Aguada”.

Aun más, la compañía afirmó que “la acción deducida en estos autos (por la demandante) no responde a una preocupación legítima por el medio ambiente o a una afectación verdadera de la vida e integridad física y psíquica de los vecinos de la planta de La Farfana, sino que obedece y se explica en el oportunismo del apoderado de la contraria, quien vio en la planta de La Farfana, sus vecinos y nuestra representada un ‘nicho’ o fuente de negocio del cual lucrar ilegítimamente”.

En la misma línea, la defensa afirma que “el monto de la indemnización demandada (más de US$ 50 millones) resulta también absurdo, caprichoso y poco serio, desde que los 60 vecinos demandantes han solicitado la misma e idéntica indemnización, en circunstancias que resulta imposible que todos ellos hayan sufrido la misma aflicción, sufrimientos o reacción frente a los olores que supuestamente percibieron”.

La empresa advierte que dado el tamaño de la planta es normal que se generen olores, pero que la planta fue aprobada por distintas autoridades ambientales

Este jueves debieran comenzar a debatir ante la Corte los abogados de Aguas Andinas, José Manuel Concha y Arturo Vergara, del estudio Vergara, Labarca y Cía. El último de los juristas es reconocido en la plaza por su rol en la demanda de Telefónica contra el Estado Chileno por la fijación tarifaria de fines de los ’90.

Por los demandantes se presentan los abogados del estudio Ossa, Bulnes y Asociados, Rodrigo Escudero y Juan Pablo Bulnes, este último ex defensor del cura Fernando Karadima, acusado de abusos sexuales.

Los demandantes esperan que se eleve la indemnización, pues la jueza sólo consideró cinco años de perjuicio y no diez como creen ellos. Así, esperan que se eleve las UF 1.000 que se aplicaron como compensación y se acerque a las UF 10.000 que pidieron para los 64 demandantes, cinco de los cuales no fueron beneficiados en el fallo de primera instancia por considerarse que no acreditaron la residencia en el lugar.

La jueza también rechazó la solicitud de un par de vecinos que reclamaron una notoria pérdida de plusvalía de sus terrenos tras la llegada de La Farfana.

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