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La Moneda obliga a Dávalos a hacer declaración de intereses e intenta aplacar polémica por el “nueragate”

por 10 febrero, 2015

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Fue la mejor salida que encontró por ahora La Moneda para intentar aplacar la polémica que desató el criticado crédito de 6.500 millones de pesos que el Banco de Chile otorgó a fines del 2013 a la empresa Caval, cuyo 50% pertenece a Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. El anuncio de la decisión de que el primogénito de la Mandataria, Sebastián Dávalos, realice una declaración de patrimonio fue la carta que se jugó La Moneda este lunes como señal pública de transparencia, respecto de un hecho que no tiene ribetes de ilegal, pero que políticamente transgrede los valores de la meritocracia y la equidad que promulga la administración bacheletista y que toca el mismo y sensible punto del Caso Penta: la relación dinero-política tras bambalinas.

En la reunión de este lunes en la mañana entre el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el vocero (s) de Gobierno, José Antonio Gómez, y el director (s) de la SECOM, Carlos Correa, fueron analizadas en detalle la estrategia y medidas que se adoptarían para enfrentar el “nueragate”. A la cita fue incorporada la jefa de gabinete de Dávalos, Erika Silva. El asunto arruinó el exitoso verano político del Gobierno, marcado por el contexto de la grave crisis que atraviesa la UDI por el Caso Penta y la aprobación de los proyectos emblemáticos del oficialismo en el Congreso.

Fue después de esa cita que, en el marco de la vocería en Palacio, el ministro Gómez anunció que “como existe de parte del señor Dávalos y de parte del Gobierno la necesidad de transmitir a los chilenos la absoluta transparencia, el señor Dávalos va a hacer su declaración de intereses. Por lo tanto, se va a clarificar hasta ese nivel”.

Si bien públicamente en La Moneda aseguraron que la decisión la tomó Dávalos de forma voluntaria, sin presiones de ningún tipo, como una señal pública de que no hay ilícitos en este caso, altas fuentes de Palacio recalcaron a El Mostrador que la medida de hacer la declaración de patrimonio se tomó a puertas cerradas, por las autoridades que están en funciones en estos días en La Moneda, con el argumento de que permitía amortiguar el negativo impacto político de la situación privilegiada con que hizo negocios el matrimonio Dávalos-Compagnon.  Además, comentaron que la decisión se le notificó al hijo de la Mandataria a través de su jefa de gabinete.

En cualquiera de ambos casos, consta que, desde el momento en que estalló este viernes 6 de febrero la polémica por las gestiones de la empresa Caval en pos de acceder al millonario crédito para adquirir terrenos en Machalí –según consignó revista Qué Pasa–, en el Gobierno se argumentó que, a diferencia del resto de los funcionarios de la administración bacheletista, Dávalos no estaba legalmente obligado a realizar dicha declaración de patrimonio, dado que su cargo de Director Sociocultural de la Presidencia lo ejerce ad honórem.

La derecha y sectores del oficialismo públicamente pidieron ese gesto el fin de semana de parte del hijo de la Mandataria, sin obtener respuesta.

La decisión se adoptó un día después que el propio Banco de Chile, a través de un comunicado oficial este domingo, revelara que en la cita del 6 de noviembre con el vicepresidente y dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, estuvo presente también Dávalos, por entonces gerente de la empresa, encuentro que se llevó a cabo en plena campaña presidencial del 2013, solo once días antes de la primera vuelta presidencial.

La vocería de Gómez se concentró en poner el acento en la ausencia de ilícitos en los negocios de la empresa Caval y le bajó el perfil al uso de la condición privilegiada de Dávalos y Compagnon por ser familia directa de Bachelet. “No existe en este proceso ninguna acción de tráfico de influencias (…) no porque sea el hijo de la Presidenta va a estar inhibido, antes de haber entrado al Gobierno, de tener una empresa o trabajar en el ámbito privado. Eso no está prohibido, eso es absolutamente legítimo”, remarcó.

El ministro Gómez, además, hizo hincapié en que en este episodio “no hay ningún recurso fiscal involucrado. Está un banco privado, que ha decidido entregarle recursos a una sociedad y esa sociedad, según el propio banco, contaba con las garantías suficientes para recibir el crédito. Adicionalmente el banco ha señalado que tiene todos los antecedentes la Superintendencia (de bancos). Por lo tanto, esto es totalmente transparente (…) la operación es completamente regular, fue una transacción entre privados. Es bien distinto al Caso Penta", concluyó.

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