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Golpe blanco al fiscal Gajardo: Ayala queda a cargo del Caso Penta

por 19 febrero, 2015

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Al interior de la Fiscalía de Alta Complejidad el ánimo ayer era de desconcierto. A través de un comunicado público, la Fiscalía Nacional informó que se reordenó la investigación del caso Penta, dirigiendo la totalidad de lo relacionado con Soquimich (SQM) –del empresario Julio Ponce Lerou– al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, y entregando el mando de todo el resto de la investigación al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, acotando así el poder de Carlos Gajardo en la indagatoria.

Hasta ahora, el fiscal adjunto de la causa era Gajardo, en su calidad de persecutor de delitos de alta complejidad. Él tomaba las decisiones clave, como a quién citar a declarar, dónde poner el foco de la investigación y hacia dónde dirigirla. Pero eso ahora cambió. En el comunicado de la Fiscalía, se indica que “(respecto a) los antecedentes vinculados al llamado caso Penta, estos pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, reduciendo así el mando de Gajardo, quien ahora solo será un colaborador.

Según fuentes internas del ente persecutor, la decisión no es casual. No es ningún secreto que la relación entre Ayala y Gajardo no es de las mejores. Se comenta que el Fiscal Oriente “no tenía control” sobre lo que hace el hombre que destapó el Caso Penta, y que Ayala hace rato buscaba contar con mayor injerencia en la causa que tiene en las cuerdas a la UDI y, desde hace pocos días, también a varias figuras de la Nueva Mayoría a partir de la arista SQM.

Desde ahora, todo lo relacionado con Penta quedará bajo el control exclusivo de Ayala, quien por años fue abogado de SQM, lo que calza con la decisión de desviar todo lo relacionado con la empresa de Ponce Lerou a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, debido a que Ayala se inhabilitó en lo concerniente a SQM. De hecho, esta es la causal que se invoca en el comunicado público de la entidad persecutora.

En la Fiscalía Nacional indican que, pese a que la decisión fue comunicada por la Fiscal Nacional subrogante, Solange Huerta, esta fue visada por el titular del cargo, Sabas Chahuán, y que al menos los altos cargos del Ministerio Público estaban informados.

Las mismas fuentes agregan que la decisión no solo se tomó para que el Fiscal Nacional tenga mayor control sobre la causa –pues por estatuto él es quien designa a los fiscales regionales y supervigila su actuar, pero no pude intervenir sobre las investigaciones de los fiscales adjuntos–, sino que otro factor que pesó fue la amplitud que alcanzó la indagatoria, y la necesidad de empoderar formalmente a la Fiscalía frente a las solicitudes que esta debe hacerle al Servicio de Impuestos Internos (SII), actor clave en la persecución penal de delitos tributarios.

Altas fuentes del Ministerio Público comentan que una causa en manos de un Fiscal Regional tiene más peso, y que eso les permitirá roncar más fuerte frente a otros organismos. No es menor el hecho de que hayan pasado más de tres meses desde que Gajardo mandara al SII los antecedentes que vinculan a SQM, CorpBanca, Alsacia y Ripley al uso de boletas falsas para financiar campañas políticas y que, en todo este tiempo, el organismo público no haya tomado cartas en el asunto, más allá de la denuncia contra la empresa de Ponce Lerou y que se limitó solo a la contabilidad de julio del 2009. Las mismas fuentes comentan que, sin embargo, Gajardo sí logró incautar toda la información contable de SQM desde 2009 y hasta 2014.

Para el ex presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, el anuncio de la Fiscalía Nacional significa que "le quitaron la investigación a Gajardo. Hay un artículo especial de la Ley Orgánica del Ministerio Público que permite al Fiscal Nacional designar a un Fiscal Regional para investigar una causa".

El ex fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos Violentos de la Zona Metropolitana Sur, se refiere al artículo 19 de la Ley 19.640, que señala que el "Fiscal Nacional podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, que un Fiscal Regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación".

Orthusteguy explica que en el "ciclo normal de una causa, ingresa al fiscal jefe –en este caso Gajardo– de la Fiscalía correspondiente, que distribuye las causas a los demás fiscales. Él decide si se la queda o la distribuye. En ningún caso el Fiscal Regional toca la causa, no tramita la causa", indica.

La astucia de Ayala

Desde el principio de la indagatoria, Ayala ha sido el jefe de Gajardo, pero varias fuentes coinciden en que no ha logrado controlarlo. Esas diferencias comenzaron a hacerse públicas cuando el 11 de diciembre del año pasado, y en medio del escándalo por la seguidilla de detalles que instalaron el Caso Penta como un escándalo de magnitudes, el primero señaló que “(eventuales aportes adicionales a campañas) pueden ser muy cuestionados, pero no constituyen delito (y) no tienen por qué ser investigados”, restando relevancia a la información que daba cuenta cómo a través de boletas falsas fueron financiadas campañas políticas, aunque luego él mismo se encargó de aclarar que los casos que sí son delitos deben sancionarse.

Entre los fiscales se reconoce que Ayala es “el más político” entre sus pares, que se mueve con sigilo, y que es vox pópuli su intención de llegar a la Fiscalía Nacional. El actual Fiscal Regional Metropolitano Oriente tiene vínculos con el mundo de la izquierda y los derechos humanos –formó parte de la Vicaría de la Solidaridad en tiempos de la dictadura–, y también ha sabido tejer redes con la derecha. Se comenta su cercanía con el senador de RN, Alberto Espina, y se ha reunido con la directiva de la UDI en medio del temporal Penta.

Las mismas fuentes comentan que Ayala ha sabido, asimismo, moverse para mantener su influencia y el de ahora sería un ejemplo de esa habilidad. Sacan a colación que los fiscales regionales pueden estar solo ocho años en sus cargos y no pueden ser reelegidos en el mismo lugar. En el caso de Ayala, se ha cambiado de zona antes de que venzan sus plazos: ingresó al Ministerio Público el año 2000, a cargo de la Región de Antofagasta, el 2007 se trasladó a la zona de Los Lagos y, el 2011, a la Metropolitana Oriente. A fines de este año, Sabas Chahuán dejará su cargo de Fiscal Nacional, y en la Corte Suprema –y luego la Presidenta Bachelet– deberán elegir una selección de nombres para presentarle al Senado, de entre quienes saldrá el nuevo fiscal que dirigirá al Ministerio Público por los próximos ocho años.

Factor Soquimich

El reordenamiento en la Fiscalía para afrontar la nueva etapa del Pentagate coincide con que, durante los últimos días, nombres vinculados a la Nueva Mayoría se han visto involucrados en el escándalo.

Según se supo, el fiscal Gajardo maneja una lista con 19 personas que habrían emitido boletas a SQM en julio del 2009, el único mes que fue posible indagar, luego que la denuncia del SII dejara fuera a los otros años contables de la empresa. A pesar de lo acotado de esa indagatoria, surgieron antecedentes. El hijo del diputado DC Roberto León, del mismo nombre, aparece entregando una boleta a la empresa de Ponce Lerou por $2.500.000, lo mismo que la asesora del senador del PS Fulvio Rossi, Mariela Molina, por $4.444.444, también en julio del 2009, aunque ella misma ha negado vinculación del senador con SQM.

Marcelo Rozas, militante DC y ex embajador, también se incluye en la lista con una boleta por $2.222.222, mismo monto facturado por su cónyuge, Michelle Reymond, además del hijo de ambos, Daniel Rozas, quien extendió otra boleta por $2.500.000. Otros nombres que aparecen en la indagatoria de la Fiscalía son dirigentes regionales de la Alianza.

La aparición de Soquimich en el escándalo fue a través de la fallida campaña senatorial del UDI Pablo Zalaquett. La sociedad Pekadocapital, vinculada a la campaña de Zalaquett, y Reactor Spa, que diseñó una estrategia digital para la postulación, facturaron a nombre de SQM, debido a órdenes dadas por Coca de Castro, la histórica jefa de gabinete del ex alcalde de Santiago, según contaron en la Fiscalía funcionarios de ambas firmas.

Debido a ello, Gajardo fijo su mirada en la empresa que es una de las principales productoras de litio en el mundo, y que es propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet. Un nombre que aparece como el vínculo entre SQM y la Nueva Mayoría es el dueño de Imaginacción, Enrique Correa, quien oficia como asesor personal de Ponce Lerou, a la vez que a través de su empresa de comunicación mantiene una aceitada red de información e influencia en el Congreso Nacional.

Con los últimos movimientos, Gajardo no solo deja de tener el control total del caso Penta, sino que queda fuera totalmente de la investigación relacionada con SQM, empresa que pone nerviosa a buena parte de la Nueva Mayoría. En los pasillos del Congreso y de las oficinas de los partidos oficialistas es vox pópuli que, a diferencia de Penta, Soquimich reparte dinero de forma transversal a todos los partidos del espectro político.

Según el comunicado difundido ayer por la Fiscalía, se resolvió reasignar la arista SQM debido a “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”. A cargo de esta parte del caso queda el Fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes.

Del fiscal Carlos Gajardo se ha dicho que es un hombre cuyo lema es “no temerles a los poderosos”, y algunos han asegurado que es “incontrolable para el poder”. Incluso, en la UDI comentan fuera de micrófono que les sorprendió su decisión de indagar los vínculos del diputado León con el caso, debido a que una de las hermanas de Gajardo está casada con Javier Muñoz, el alcalde DC de Curicó, un hombre que ellos identifican como de confianza de León.

Ayer no fue posible contactar al fiscal Gajardo, aunque varios en la Fiscalía Oriente comentaron acerca de su enojo con la decisión tomada, la que lo deja fuera del caso que explotó justo en el corazón de la incestuosa relación entre las  empresas y la política.

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