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Judicialización de planes de Isapres le ha costado US$45 mills. al sistema en seis años

por 6 noviembre, 2012

Judicialización de planes de Isapres le ha costado US$45 mills. al sistema en seis años
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A US$45 millones ($22.530 millones) asciende el costo que ha tenido para la industria de Isapres la judicialización de los planes de salud en los últimos seis años, opción que han utilizado algunos cotizantes del sistema para frenar las alzas en los precios de sus coberturas.

Según un estudio de Altura Management -sobre un total de ochenta y seis mil recursos de protección desde 2007-, el monto total incluye el pago de las costas de los juicios, que suman $11.584 millones y que el Tribunal obliga a la Isapre a desembolsar en aquellos fallos desfavorables. Estos dineros se utilizan para financiar los honorarios de los abogados que defienden a los cotizantes, quienes finalmente no pagan por este servicio.

La cifra total también incluye los honorarios de los abogados de las Isapres ($7.832 millones) y el ahorro para la persona que ha recurrido ante el Tribunal, y que se traduce en $3.114 millones que las Isapres no reciben por el alza del valor del plan.

El análisis muestra que las costas de los juicios superan en siete veces el beneficio de congelar el precio base del plan de salud de un porcentaje de cotizantes que no supera el 3% y quienes han ahorrado, en promedio, $36.196 al año.

Los US$ 45 millones equivalen además a un millón de honorarios de consultas médicas, 120 mil días camas y 600 mil exámenes de imagenología, destaca la directora ejecutiva de la consultora, Victoria Beaumont, quien presentará hoy el estudio en el 18° Encuentro Nacional de la Salud 2012

El problema, dice la experta, es que este mayor costo es traspasado en precio al resto de los usuarios de las Isapres que siguen cotizando, transformándose en "un espacio de ineficiencia del sistema y en fuente de inequidad que debería ser antecedente suficiente para buscar solución legislativa urgente", sostiene la experta.

Waldo Albornoz, director de Ganasalud -entidad que asesora a personas ante Tribunales-, recuerda que los costos por judicialización provienen de no más del 3% del total de cotizantes del sistema, que llega a 1,4 millones.

Es decir, que si el 97% del resto de los cotizantes que no reclama (1,3 millones) y paga un promedio de $25 mil anuales en alza de precio, las Isapres recuperan en un año cerca de $33 mil millones, mucho más del costo que ha generado la judicialización en los últimos seis años.

"Sin duda hay un costo, pero mal podría pasar la Isapre al afiliado los costos por un alza de precios que no es legítima. Hay más de 20 mil fallos que dicen que estas alzas no corresponden", afirma Albornoz.

De ahí el crecimiento exponencial de las recurrencias de afiliados a Tribunales, que pasaron de unos 700 en 2007 a 45 mil este año.

Y seguirán creciendo, según la abogada Elizabeth Fredes, mientras las Isapres no sean claras en explicar el alza de los planes, que es la principal causa por la que los Tribunales fallan a favor de los cotizantes.

El presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, señala que la solución está en una legislación que aclare todos estos problemas, ya que "por un lado hay una ley que te ordena informar, pero por otro lado la Corte dice que no hay explicación suficiente para las alzas".

"Lo cierto es que el alza de las prestaciones y los costos de salud es real y si no se hace algo, el sistema puede colapsar", indicó.

La solución para frenar los fallos

El superintendente de Salud, Luis Romero, confía en que las judicializaciones bajen con el Plan Garantizado de Salud (PGS), que crea el "IPC de la Salud" y una banda de alzas posibles de precios. Así, "las alzas futuras tendrán un parámetro técnico y confiable y dentro de una ley, y todos los actores de la industria y los Tribunales deberían considerarlo en sus decisiones".

Hernán Doren no es tan optimista y afirma que el proyecto, tal cual está hoy, "es una catástrofe". "Los derechos adquiridos de los afiliados por sus planes actuales se pueden ver amenazados con el PGS y ya hay abogados que dicen que irán a cortes internacionales para defenderlos", sostiene. Victoria Beaumont propone avanzar en el IPC de la salud, entregar a través del INE variables cuantificables, que reconozcan el costo de la salud privada, y hacer una tabla única de factores, fijada por ley.

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