Justo cuando la temporada de juntas anuales de accionistas está partiendo, CIPER hace un extenso reportaje que explica la poca transparencia del proceso que las AFP utilizan para elegir a los directores encargados de velar por las pensiones de casi 10 millones de chilenos.
El reportaje explica que los fondos son el motor de la economía. "Las mayores empresas del país se alimentan de esos fondos a través de las inversiones que hacen las AFP. Son los directores que ellas eligen quienes deben velar por que esa inversión rente, aumentando la jubilación de sus 9,5 millones de afiliados. Pero los vacíos y omisiones que impregnan el proceso permiten que las AFP premien con importantes cargos y millonarios sueldos a quienes han sido sancionados por su rol en el fraude de La Polar, en la colusión de las farmacias o que hoy son investigados por lucrar con la Educación Superior".
Ciper ilustra el proceso con el caso de María Gracia Cariola Cubillos. A ella le bastaron seis meses en el directorio de la multitienda La Polar (noviembre 2010-abril 2011), para resultar involucrada en la investigación que realizó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tras el millonario fraude que realizó la empresa a través de masivas repactaciones unilaterales de deudas, engañando a miles de accionistas.
Finalmente el Ministerio Público desistió de continuar investigándola en enero de 2014, junto a otros 20 ex ejecutivos y directores de la multitienda, ya que no se pudo determinar su participación en los delitos. Sin embargo, de acuerdo a la SVS, la abogada sí tuvo responsabilidad administrativa. En marzo de 2012, y tras considerar los descargos de Cariola, la SVS cerró la investigación y la multó con 400 UF (unos $9,4 millones). Pese a esos antecedentes, en abril de 2013, las AFP decidieron en bloque designar a María Gracia Cariola para que asumiera la representación de los fondos de pensiones de todos los chilenos en el directorio de Salfacorp por un nuevo período (es directora desde 2011).
El reportaje explica como el fraude en La Polar afectó gravemente a las AFP. Casi un cuarto del patrimonio bursátil de la empresa (24,74%) provenía de las inversiones de las AFP con los dineros que los trabajadores aportan mensualmente por ley para su jubilación. En mayo de 2011, cuando estalló el escándalo, las AFP tenían más de US$ 700 millones invertidos en la multitienda. Por eso, cuando el precio de la acción se desplomó, también lo hizo la rentabilidad de los fondos de pensiones, afectando a millones de chilenos que cotizan en el sistema previsional. Al 31 de mayo de 2011, la acción de La Polar se transaba a $2.501. Cinco meses después, su valor apenas bordeaba los $90. Han pasado casi tres años y la pérdida total para el sistema de pensiones aún no ha sido calculada.
Ciper dice que el de Cariola es sólo uno de los 60 nombres que figuran en la lista de directores que las AFP han seleccionado durante los últimos tres años para que representen sus intereses en las empresas donde invierten los fondos previsionales de los trabajadores. Rol clave si se considera que la inversión total del sistema en acciones de sociedades anónimas que participan en el mercado de valores representa el 8,9% de todos los fondos previsionales. Si bien la proporción es mucho menor respecto a las inversiones en el extranjero (41,7%), la cifra global sigue siendo enorme: son más de US$ 13.886 millones los que las AFP han inyectado a las principales empresas chilenas. En otras palabras, la inversión de las AFP es uno de los principales combustibles de los que se alimenta la economía nacional.
Según el reportaje, muy pocas son las restricciones legales para ser representante de las AFP en los directorios de las empresas. La Ley de Sociedades Anónimas establece que para ser director de una compañía que participa en el mercado de valores basta con ser mayor de edad y no haber sido declarado reo o tener condena por algún delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos, o por delitos de quiebra culpable o fraudulenta.
Parlamentarios, ministros de Estado, subsecretarios o jefes de servicio, así como los funcionarios de la SVS, corredores de Bolsa y agentes de valores también tienen prohibido formar parte del directorio de una sociedad anónima abierta. Ciper explica que las AFP también cuentan con restricciones especiales al momento de votar por sus representantes, como la imposibilidad de votar quienes estén entre los accionistas mayoritarios de una empresa, cuyos votos les permitan elegir a la mayoría del directorio. Tampoco a personas que estén relacionadas a ellos.
Pero la norma nada dice sobre sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan el mercado de valores, por lo que cualquier persona que haya sido sancionada por la SVS está habilitada para representar los ahorros previsionales de los chilenos. Fue por eso, dice Ciper, María Gracia Cariola no tuvo impedimentos para ser electa por las AFP en Salfacorp.
Ciper también cuenta el caso de Pablo Lamarca Claro, quien ocupó el cargo de director independiente en Norte Grande (una de las sociedades cascada que controlan SQM), desde julio de 2012 hasta que falleció en un accidente de tránsito justo un año después.
Las AFP lo eligieron para velar por los fondos de pensiones en la empresa que controla Julio Ponce Lerou a pesar de que la SVS lo había multado a fines de 2009 por su rol como director en otra empresa a la que llegó con el apoyo de las administradoras de los fondos de pensiones: Farmacias Ahumada (FASA). Lamarca fue miembro de ese directorio precisamente durante el período en que la farmacéutica se coludió con Cruz Verde y Salcobrand –noviembre de 2007 a marzo de 2008– para aumentar el precio de 222 medicamentos. Por su rol en ese “inadecuado procedimiento”, la SVS lo multó con 300 UF.
El reportaje explica que para que nombres como los de Cariola y Lamarca puedan ser postulados por las AFP, obligatoriamente deben estar enrolados en el Registro de Directores de la Superintendencia de Pensiones, una lista de acceso público que apareció por primera vez en octubre de 2008 y que forma parte de las modificaciones que incluyó la Reforma Previsional aprobada ese mismo año. Allí, revela CIPER, figuran todos los que han solicitado su inclusión a la superintendencia y han sido aceptados para aspirar a ser postulados por las AFP a un directorio donde tienen participación accionaria. Al 27 de marzo de 2014, la nómina incluye 302 personas, entre los que se encuentran: el ex ministro de Hacienda de Eduardo Frei, Eduardo Aninat (DC); el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans, el ex superintendente de bancos, Ernesto Livacic (DC); y el primer ministro de Energía de Sebastián Piñera, Ricardo Raineri Bernain (RN). El ex ministro de Economía y ex senador Pablo Longueira Montes (UDI), también figura en la lista. Fue uno de los últimos en registrarse junto al economista y ex director de Codelco, Juan Villarzú Rhode (DC).
En la práctica, dice la nota, haber ocupado algún alto cargo en la estructura pública se ha convertido en un activo que les ha permitido a ex autoridades de todos los sectores saltar desde lo público a lo privado.
Ciper dice que el motivo del creciente interés por aparecer en esa lista es simple: además del prestigio que otorga ser director de una gran empresa, la remuneración es muy buena. Si se consideran las dietas y comisiones que cada empresa le pagó ese año a cada uno de ellos, la suma da por resultado más de $2.478 millones.
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