El pasado 28 de abril, PriceWaterhouseCoopers acudió a la justicia civil, presentando una demanda contra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). ¿La razón? Intentar revertir la última sanción formulada por el regulador como parte del caso La Polar.
En la última sanción a la auditora, lo que fue oficializado el 25 de febrero de este año, la SVS aplicó una sanción doble: 2.000 UF a PwC y 1.500 UF al socio de dicha empresa, Luis Alejandro Joignant, por infracción al Reglamento y la Ley de Sociedades Anónimas en el marco del denominado caso La Polar. La génesis de este levantamiento de cargos se produjo a raíz de una serie de falencias detectadas en la compañía cuando auditó los estados financieros de la empresa de retail correspondientes a 2009.
En el recurso de 59 páginas, PwC sostiene que particularmente en esta arista, la sanción es improcedente “no sólo porque jamás se inició una investigación administrativa contra el emisor y principal beneficiado con el fraude: Empresas La Polar, sino también porque, a diferencia de lo que sucedió con los otros sancionados en el primer proceso, sólo respecto de PwC y de don Luis Alejandro Joignant se efectuó una segunda investigación por los mismos hechos”, sostiene el recurso.
El primer proceso administrativo contra la auditora finalizó el 9 de marzo de 2012, con una multa para la empresa (8.000 UF) y a su socio (6.000 UF), por cargos formulados en 2011.
En su nuevo escrito, PwC sostiene que la SVS superó los límites para imponer la multa y de paso habría violado el principio de juzgar a un mismo ente dos veces por el mismo delito (non bis in idem).
“La SVS, después de concluida su investigación del caso La Polar y habiendo aplicado más de 24 sanciones, decidió iniciar una investigación en contra de PwC y de su socio, acerca de los mismos hechos, pero haciéndola parecer, formalmente, como distinta, con la excusa de que ahora se analizarían los trabajos de la auditoría realizados en años anteriores”, manifiesta PwC.
CUESTIÓN DE PLAZOS
Otro argumento que es puesto sobre la mesa por el estudio de Pablo Rodríguez Grez, que asesora a la auditora, es que la Súper de Valores habría infringido el principio de celeridad en el proceso administrativo, ya que la SVS ya estaba en conocimiento de los hechos que constituyeron la primera investigación, “dilatando la instrucción de un nuevo procedimiento en más de dos años y abriéndolo una vez que había terminado la investigación original”.
En el recurso, PwC reconoce la gravedad que reviste el caso gatillado por las repactaciones unilaterales, y añade que ahora se puede dimensionar el accionar de los ex ejecutivos de La Polar en relación a la entrega de información falsa al mercado, incluyendo a su auditora.
“La Polar fue víctima de un engaño urdido por la alta administración (…) tergiversando y disimulando los estados financieros de la compañía y los antecedentes que les respaldaban, e impidió que el auditor externo pudiera emitir su opinión sobre antecedentes fidedignos”, asegura PwC.
