Obstaculizó el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionadora de esta Superintendencia”. Esa era la afirmación que el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, estaba esperando para aplicar las primeras formalizaciones penales del denominado “caso cascadas”. Y esa fue la afirmación que el 22 de diciembre de 2014 le hizo llegar la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) al persecutor, en el marco de un peritaje que el Ministerio Público le encargó.
El informe de la SVS era una pieza clave del puzzle que estaba armando Morales sobre una eventual falsificación de cuatro actas de directorio del 29 de marzo de 2011 y 20 de abril del mismo año, de las sociedades cascadas Oro Blanco y Pampa Calichera. Lo anterior, como parte de una arista derivada de la investigación principal que lleva Morales sobre el caso, y que tiene que ver con las operaciones por las que multó la SVS en su sanción administrativa.
Según acusó el fiscal, Aldo Motta, gerente general de las sociedades cascadas Pampa Calichera y Norte Grande y ex gerente de Oro Blanco; junto a Claudia Morales, secretaria de actas de las sociedades cascadas, entregó “información maliciosamente falsa al mercado” al manipular dichas actas. Lo anterior, supuso José Morales en su tesis de investigación previa a la formalización, habría obstaculizado el trabajo que la SVS llevó adelante del caso cascadas y por el cual cursó multas por US$ 164 millones a los involucrados. Entre ellos, Julio Ponce (US$ 70 millones), y el mismo Motta, quien recibió una sanción de US$ 24,4 millones.
El persecutor necesitaba de ese informe de la SVS para afirmar su tesis y realizar, el pasado 20 de enero, las primeras formalizaciones penales por infracciones al artículo 59 letra A de la Ley del Mercado de Valores, que implican una probable pena de entre 41 días y 10 años para los dos involucrados.
“Funcional a Ponce”
Firmado por el Fiscal de Valores, José Gaspar, en sus 18 páginas el informe de la SVS no se refiere al actuar de Claudia Morales, para quien el fiscal no solicitó medidas cautelares en su formalización penal, ni la SVS multó en su investigación administrativa. Pero sí al de Aldo Motta, para quien el persecutor logró arraigo nacional.
Según dice Gaspar en su peritaje, Motta le entregó a la SVS el 21 de agosto de 2012 actas de Oro Blanco y Pampa Calichera del 29 de marzo de 2011 y no del 28 de marzo del mismo año. El fiscal Morales, en su investigación previa y luego de una incautación en las oficinas de la auditora PwC, que trabaja con todas las sociedades cascadas y la minera no metálica SQM, dio sólo con actas del 28 de marzo. Se trata de los llamados “borradores” de las actas del 29 de marzo, como los ha calificado la defensa de Motta, que encabeza el abogado Julián López, y que nunca llegaron a manos de la SVS. Lo mismo sucedió con las actas cuestionadas del 20 de abril de 2011.
El cuestionamiento en las supuestas actas falsas, tiene que ver con la ausencia de información sobre una operación bursátil entre Pampa Calichera y Oro Blanco. Las que recibió la SVS, sí contienen esa información y, de hecho, el regulador multó por ellas en la llamada arista “Linzor” de la investigación administrativa. Pese a ello, en su propia investigación José Morales consideró que la eventual manipulación de dichas actas habría perjudicado de todas formas la labor de la SVS.
Y así lo reconoció el regulador en su peritaje, al señalar que la entrega de las actas del 29 de marzo “obstaculizó el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionatoria de esta Superintendencia”. Ello, según explicó la SVS, porque la llevó a la conclusión de que tal operación (Linzor) habría sido aprobada por tres directores, distintos del Sr. Julio Ponce Lerou, lo cual resultó ser un elemento importante para, en un principio, no desarrollar una investigación contra los directores de Oro Blanco y Pampa Calichera (…) y descartar que tales operaciones tenían el carácter de concertadas”.
Asimismo, el regulador dijo en su informe que “las actas recibidas por este Servicio fueron funcionales a las defensas de los señores Ponce y Motta”. Lo anterior, en función de un supuesto desconocimiento que habría planteado la defensa de Ponce sobre la operación, en el marco de la investigación que llevó adelante la SVS en su momento. Sin embargo, la firma de Ponce aparece, según el informe, en todas las actas, salvo en las del 28 de marzo de Pampa Calichera.
El peritaje, sin embargo, no hace referencia al sumario interno y reservado que inició la SVS por la pérdida de actas que se detectó en medio de la solicitud del informe por parte del fiscal Morales. De hecho, en la audiencia de formalización penal, la defensa de Motta planteó dudas sobre ese tema y también sobre la solidez de la conclusión de la SVS en su peritaje. Esto, según la defensa, porque si bien la SVS dice que se “obstaculizó” su trabajo, de todas formas multó por las operaciones cuestionadas, las cuales sí fueron informadas en las actas del 29 de marzo de 2011 que se le entregaron.
Fuente: La Tercera
