Apostó a una línea comunicacional más dura y abierta tras destapar investigación contra Insunza
Con una postura abiertamente más dura que la cultivada en los últimos meses por el Ministerio Público, y dispuesto a hablar de todo, el fiscal jefe de la Zona Oriente, Manuel Guerra, no solo destapó el inicio de la investigación por cohecho, negociación incompatible y posibles delitos tributarios en contra del ex ministro Jorge Insunza (PPD), sino que también pidió al mundo político «dejar que el Ministerio Público haga su trabajo», ya que la Fiscalía no tendría ningún «sesgo político».
«Es una decisión nuestra», señaló el fiscal jefe de la Zona Oriente, Manuel Guerra, al ser consultado por si la apertura de la investigación por cohecho, negociación incompatible y posibles delitos tributarios en contra del ex ministro Jorge Insunza (PPD) responde a las presiones de Chile Vamos, quienes han denunciado sesgo político desde el Ministerio Público.
En su segunda entrevista del día, dada a CNN Chile –el fiscal entregó abiertamente la información, pero en exclusiva a dicho medio esta mañana– señaló que «había una información de antigua data de que el ex ministro Insunza había realizado asesorías a mineras mientras era parlamentario» y agregó que, tras tener «noción de conocer el domicilio de estas empresas» y, además, avanzar en otras investigaciones, se pudo abrir esta nueva arista en las indagatorias por platas políticas, que será llevada adelante por los fiscales Carlos Gajardo y Juan Pablo Norambuena.
Siguiendo la dura línea de la mañana, Guerra no escatimó en responder que, como Ministerio Público, «nos pareció que este era el momento propicio, no lo hacemos porque el señor Insunza sea de la Nueva Mayoría», y añadió que «el parlamentario representa una zona en la que tiene presencia Antofagasta Minerals, allí tiene inversiones la familia Luksic», mineras a las que habría asesorado el ex ministro, por lo tanto, «es necesario dilucidar si la asesoría efectivamente se realizó, es más, era parte de la Comisión de Minería de la Cámara, hasta en algún momento la presidió».
El fiscal explicó que Insunza dijo que tiene «una voluntad en orden de facilitar la información solicitada por la Fiscalía» y, asimismo, el persecutor afirmó que «no quiero descartar ninguna diligencia». Respecto a un posible llamado a declarar, indicó que aún es «muy pronto para aclarar esa diligencia».
Pero sus declaraciones no quedaron allí y ahondó en su línea de apertura del Ministerio Público. Al ser consultado por el trato que se tendría con Codelco, el fiscal advirtió que se pedirá la información necesaria y que se espera «una línea de coherencia de lo dicho por parte de distintas personas del mundo político. Nadie entendería que no hubiese una línea de colaboración de una empresa donde su único propietario es el Estado» y remató con que la Ley de Royalty Minero es «un elemento digno de estudio de parte de la Fiscalía».
El fiscal jefe de la Zona Oriente también tuvo tiempo para hablar sobre el caso Penta y aseguró –a nombre del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado– que «existe una posibilidad importante de llegar a un juicio oral», ya que «no hay bases para llegar a un juicio abreviado. No estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado si ellos no asumen el cohecho».
Además, Guerra respondió abiertamente a aquellos que han denunciado que la Fiscalía ha actuado con «sesgo político»: «Hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, si el día de mañana aparecen personeros de la Nueva Mayoría o cercanos al Gobiernon se les investigará de igual forma», sentenció. Y agregó que «sería más útil contar con querellas del SII», para ampliar las investigaciones.
Por otra parte, el fiscal se refirió a la falta de penalización para los delitos de cohecho y, además, a los proyectos de reforma que tratan sobre el tema. «La ley establece para el cohecho penas similares que para quien vende CDs en la calle», declaró. Y además, indicó que «no le encuentro una razón razonable» a la baja penalización de dicho delito.
Respecto a la colusión, aseguró que «lo ideal es que en todo delito la titularidad la debe tener el Ministerio Público y no un organismo que dependa del Gobierno de turno (…) cuando eso no ocurre, se crea un manto de sospecha», expresó el fiscal Guerra.
