El magistrado, que también enfrenta causas por su empeño en investigar los crímenes del franquismo y por supuestamente haber cobrado por realizar conferencias en Nueva York, perdió su condición de juez de instrucción de la Audiencia Nacional, por haber ordenado escuchas a los imputados en un caso de corrupción.
El Tribunal Supremo español condenó este jueves al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchar las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en un caso de corrupción, informaron fuentes jurídicas.
Garzón, quien cobró celebridad en 1998 por emitir una orden de extradición contra Augusto Pinochet que mantuvo al ex dictador más de un año bajo arresto domiciliario en Londres, fue juzgado por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado dichas escuchas, en un proceso en el que la acusación la ejercieron los abogados de los cabecillas de la presunta red corrupta.
La sentencia del alto tribunal, que se aprobó por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón, supone la “perdida definitiva” de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque estaba suspendido de sus funciones desde 2010.
El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.
El magistrado está imputado en otras dos causas en España, una por tratar de investigar los crímenes del franquismo -que ya está vista para sentencia- y otra por unos cobros que supuestamente recibió por unas conferencias en Nueva York.
Sobre este último caso, en el que arriesga otra condena de 20 años de inhabilitación, el juez recibió el domingo último el respaldo de un editorial del diario The New York Times, que consideró que estaba siendo perseguido por “desafiar la ley de Amnistía promulgada en 1977 para facilitar la transición a la democracia”.
Asimismo, sostuvo que la acusación no se sustenta porque “en virtud del derecho internacional, no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad y desapariciones no resueltas que constituyen un delito continuado”.
