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¿Mesura o lucha contra la corrupción?

por 2 noviembre, 2002

El derecho a criticar y denunciar, por lo tanto, puede ser ejercido también en tono desafiante, áspero, injustificado, duro y subjetivo. Sobre todo cuando se trata de autoridades publicas que son criticadas por el desempeño de sus funciones.
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El Presidente Ricardo Lagos anunció ocho medias anticorrupción: las mas relevantes se relacionan con cambios en los contratos de honorarios y topes para los sueldos de ejecutivos de empresas publicas. También reitero la obligación que los funcionarios públicos declaren sus bienes.



El Presidente está molesto y preocupado por el tema de la corrupción. Tanto es así que por primera vez desde que asumió su mandato, personalmente dio cuenta pública de los resultados del consejo de gabinete que realizó el jueves pasado.



Me permito sugerir al Mandatario, respetuosamente, una medida adicional. No existe mejor forma de combatir la corrupción, el abuso de poder y la falta de transparencia en la función publica que fortalecer y proteger la libertad de expresión, opinión e información. Por lo anterior, propongo no incentivar ni promover la autocensura en las denuncias ciudadanas.



Cuando se afirma que las denuncias de coimas y corrupción deben ser "mesuradas, responsables, dignas, cuidadosas y respetuosas", se limita seriamente la libertad de opinión. En democracia los funcionarios públicos deben estar dispuestos a tolerar la crítica y el escrutinio de la ciudadanía. El derecho a criticar y denunciar, por lo tanto, puede ser ejercido también en tono desafiante, áspero, injustificado, duro y subjetivo. Sobre todo cuando se trata de autoridades publicas que son criticadas por el desempeño de sus funciones.



Diversos informes de organismos internacionales, incluidos varios emitidos por la OEA, señalan claramente que la tolerancia a las críticas, incluso a las que aparecen como "malintencionadas e injustas", es una de las obligaciones de un cargo publico bajo un sistema democrático. Los políticos de Chile han dado pocas muestras de aprecio a la importancia general de este principio.



Si el objetivo del gobierno y del Parlamento reside en alejar la corrupción del ámbito publico, no deberían desalentar e inhibir las denuncias de los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a expresarse. Es más, se deberían promover debates abiertos y vigorosos sobre el tema y avanzar decididamente en la derogación de los privilegios inconstitucionales que otorga la ley a ciertas autoridades frente a las denuncias que "ofenden y dañan" su imagen.



(*) Comité Pro Defensa Ciudadana



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