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¿Chile forma mercenarios?

por 28 septiembre, 2005

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La indiferencia mostrada por la Cancillería y el ministerio de Defensa ante el hecho de un grupo de chilenos expulsados por el gobierno de Honduras bajo la acusación de ser mercenarios, resulta preocupante. Porque el tema está referido a un aspecto de mucha sensibilidad para el control del uso de la fuerza de manera legal en el ámbito internacional, y porque Chile, a través de múltiples declaraciones y acciones, ha expresado una decidida vocación de multilateralismo, la cual puede ser desmentida por omisiones o actitudes poco claras como la que se describe.



En el escenario internacional actual, existe un acelerado cambio de posiciones y conductas en las relaciones entre los Estados y de estos con la institucionalidad internacional, hasta el punto de generarse un ambiente de retraimiento sobre los intereses nacionales de cada uno, y de una extrema estratificación de ellos, que hizo fracasar hace poco el intento de reforma del sistema de Naciones Unidas. Parte importante de ese proceso tiene que ver con el uso legítimo y legal de la fuerza en el medio internacional.



Entre los instrumentos que la comunidad internacional ha generado en este último ámbito está la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de mercenarios de Naciones Unidas, aprobada, tras muchas dificultades, en diciembre de 1989 y que entró en vigor el año 2001.



En los últimos años, innumerables organizaciones internacionales, especialmente de derechos humanos, han insistido ante la ONU que se especifique el concepto de mercenario, de acuerdo a las nuevas realidades internacionales. Principalmente para permitir el control de las llamadas "empresas de servicios militares" o "corporaciones de la guerra", que son aquellas que en los conflictos o intervenciones armadas le permiten a las grandes potencias externalizar funciones operativas militares, para eludir responsabilidades directas tanto frente a sus ciudadanos, como a la comunidad internacional.



Ellas realizan no solo actividades estáticas en las zonas en conflicto, que comprenden cuidado de instalaciones, apoyo armado a equipos técnicos en terreno o seguridad personal, sino otras que se mantienen ocultas o secretas como instrucción, patrullaje, control de caminos, inteligencia o logística de combate, además de acciones de comando.



Empresas como Military Profesional Resources Incorporated, MPRI, operó abiertamente en las limpiezas étnicas organizadas por Croacia en plena guerra de los Balcanes; Executives Outcomes, con sede central en Sudáfrica y luego en Londres y operaciones en Colombia, Sierra Leona, Nigeria, Congo, Bosnia, y en 1998 bombardeó con napalm un pueblo en el Congo matando a 500 civiles; y DYNCORP, una empresa estrechamente vinculada al Pentágono, de donde proviene más del 98% de su facturación anual que alcanza los dos mil millones de dólares, ha tenido enfrentamientos directos con la guerrilla colombiana.



El grupo de casi doscientas personas contratadas por la intermediaria Your Solutions para viajar a Irak como personal de seguridad, se suma al medio millar de personas ya incorporadas en el sistema de reclutamiento de estas compañías desde el año pasado, y son en su totalidad policías o militares en retiro. Es decir, fueron formadas en el sistema nacional de nuestras fuerzas de orden y seguridad, y la actualización que reciben en Honduras o cualquier otro lugar, es la típica que permite la recepción de instrucciones y la asignación de destinos según las características de cada cual.



No es un tema menor que ex militares formados por el Estado chileno pasen a integrar guardias internacionales privadas, sirvan a otro país y desarrollen acciones que impliquen que ciudadanos chilenos contravienen valores o conductas sostenidas por nuestro país en el plano internacional.



Por otra parte, como ex militares o policías chilenos, estos nuevos mercenarios están afectos a la previsión de nuestro sistema legal para las Fuerzas Armadas y de orden y, en caso de una lesión mayor de ellos, es indudable que con dinero de todos los chilenos habría que afrontar las secuelas graves que pudiera dejar un combate.



Las empresas y los enganchadores aducen que ellos no son combatientes. Pero todo el mundo sabe que ello es un eufemismo, pues es exactamente en las posiciones estáticas donde actualmente se corre más peligro y existe más roce de combate o se violan más los derechos humanos, debido a que esos lugares (cuarteles, cárceles y lugares de reclusión, pozos petrolíferos, vías de acceso, etc.) se eligen como blancos de la actividad terrorista, o viven de manera extrema la tensión de un estado de guerra o de conmoción post bélica.



Por lo tanto, si el tema es preocupante para la comunidad internacional, si la actividad de las empresas de servicios militares están en la franja roja de la seguridad internacional, si existe una Convención Internacional que reprime las prácticas mercenarias, si Chile se ha transformado en un proveedor permanente de personal ex militar a dichas empresas y por otra parte no ha suscrito la mencionada Convención, si el Presidente ha declarado que Chile aboga por el multilateralismo responsable y una estricta legalidad internacional, por lo menos se espera un gesto de preocupación frente a lo ocurrido en Honduras, y no la actitud prescindente de señalar que ese era un tema entre privados, derivado de un contrato laboral entre ciudadanos chilenos y una empresa de negocios cualquiera.



La actitud del gobierno de Honduras de decretar su expulsión, perfectamente acorde con la política de mantener una transparencia internacional total en esta materia, obligaría a que nuestro país también tome cartas en el asunto, y desarrolle acciones tendientes a evitar que personal de nuestras Fuerzas Armadas, en cualquier condición que sea, se emplee como mercenario al servicio de empresas o potencias extranjeras.



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Santiago Escobar S. es abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa

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