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Ley penal juvenil: ¿Se enfrenta el problema o su consecuencia?

por 8 junio, 2007

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Referirse a un marco regulatorio que fija la responsabilidad penal de adolescentes y jóvenes no es un acto fácil. Ello, porque interpela por una parte, al resguardo del bien común y seguridad de la población y, por otra a la responsabilidad que al Estado y a la sociedad en su conjunto nos cabe en la protección y garantía de los derechos consagrados en la Convención sobre derechos del Niño, específicamente en el artículo 37 (en materia de responsabilidad penal).



Sobre este segundo aspecto es necesario debatir ampliamente buscando los canales que permitan abordar una política pública dirigida a jóvenes, como un acto de restitución de la deuda histórica que con los jóvenes Chile tiene.



En efecto, nos hemos acostumbrado a ver a los jóvenes como apáticos, delincuentes y drogadictos. Esta es al menos la cara más mediática y recurrente. Se ha vuelto menos común conocer de jóvenes que, viviendo en situaciones complejas y de alta marginalidad social, trabajan anónima y silenciosamente por mejorar el entorno y la calidad de vida de sus pares y del resto de la comunidad.



Ahora bien, no es que con esto se quiera restar relevancia a la gravedad del hecho que haya un número importante de jóvenes que delinquen. Se trata más bien de buscar las causas de estos hechos y encontrar soluciones de largo alcance que sean efectivas.



Cuando un adolescente tiene un arma, es reconocido por otros y forma parte de un grupo de referencia, siente que tiene poder. Si además, es protegido y logra acceder a bienes de consumo considerados socialmente como "necesarios para la juventud", la alternativa delictual se vuelve entonces más atractiva que la opción por estar inserto socialmente. Es que a nuestro juicio y en nuestra experiencia, cuando los jóvenes no tienen espacios de expresión, apoyo y reconocimiento por parte de la sociedad en su conjunto, el límite entre llevar una vida en el marco de la ley o fuera de ella se hace cada vez más difuso.



Es claro que no es aceptable que un joven se encuentre inserto en un medio delictual. La pregunta entonces es ¿qué le ofrece la sociedad como alternativa? Creemos que esta es la pregunta que no ha tenido respuesta, y en su lugar, se plantean mecanismos de control y represión al problema y no alternativas al desarrollo en plenitud de los jóvenes.



La reciente Ley de Responsabilidad Penal Juvenil es un claro ejemplo de ello. El Estado ha decidido abordar con mucha fuerza el "problema" de la delincuencia juvenil, quedando aún pendiente concebir al joven como sujeto de derechos. En la mencionada Ley se tipifican los delitos y las penas, considerándose incluso aceptable el encarcelamiento como única medida para penas que superen los 5 años (artículo 23, nÅŸ1), vulnerándose el artículo 37 (letra b) de la Convención sobre los Derechos del Niño que indica que
Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;



Por otra parte, nada indica que la experiencia carcelaria sea beneficiosa para la reinserción social de los jóvenes. En efecto, especialistas en el tema han indicado que "las respuestas privativas de libertad producen en los adolescentes altos costos subjetivos, difíciles de revertir. En ese medio, el adolescente aprende a desarrollar vínculos superficiales y manipulativos con su medio. Por otra parte, la experiencia carcelaria, provoca una pérdida de la noción espacio temporal, que para los adolescentes implica la vivencia continua del aquí y el ahora, deteriorando gravemente la capacidad de desarrollar aspectos cognitivos relacionados con la proyección vital, el establecimiento de metas y el análisis de consecuencias de las propias acciones en un sentido vital más amplio" (Corporación Opción).



En otras palabras, la amenaza como la aplicación de privación de libertad produce en los jóvenes más problemas que los que pretenden solucionar. Los jóvenes no deben ser sancionados de la misma forma que los adultos, desarraigándolos de su entorno social, familiar y comunitario.



El dilema a nuestro juicio es de enfoque. Si la mirada se centra en el problema, entonces estaremos en condiciones de abordar la protección de derechos de los jóvenes, reconociéndolos como sujetos en desarrollo y estableciendo los mecanismos que los hagan parte visible de la sociedad; por el contrario, si la mirada se centra en la consecuencias del problema de la marginalidad social que viven los jóvenes, entonces se establecerán medidas de control y represión y en el mejor de los casos programas de reinserción social que aborden solo los síntomas del problema (consumo de drogas, delincuencia, deserción escolar).



Desde el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación - PIIE, trabajamos por visibilizar a los jóvenes como sujetos de derechos, como actores sociales, convocando a los organismos de Estado, Públicos y privados para su reconocimiento y apoyo integral. Por ello podemos decir que a través de la iniciativa MOMIC (Modelo Metodológico Intersectorial Comunitario), 180 jóvenes de Cerro Navia, La Pintana y Pudahuel han podido encontrar un espacio de expresión, participación y creatividad que les ha permitido proyectar su desarrollo más allá de los límites de la marginalidad.







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Marcela Tchimino. Investigadora Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE). Coordinadora del Modelo Metodológico Intersectorial Comunitario (MOMIC)

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