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¿No estábamos de acuerdo en resguardar el derecho a la educación?

por 28 junio, 2007

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La semana comenzó con la expulsión de siete estudiantes del Liceo Amunátegui y la "extrema condicionalidad" para 8 niños y niñas más que participaron en las movilizaciones estudiantiles iniciadas hace algunas semanas. Expulsiones que surgen como consecuencia de las recientes tomas de establecimientos, que exigen el fin a la municipalización, al sistema de subvenciones y al lucro en educación. Se trata de temas ya consensuados entre los expertos y que no han sido implementados eficientemente por el Gobierno.



La respuesta ante la movilización social ha sido drástica e inapelable: violentos desalojos en todos los establecimientos, reacción que evidencia una política de "desalojocracia" que proscribe el derecho de los jóvenes a manifestarse y movilizarse por lo que ellos crean pertinente.



La prensa ha mantenido silencio ante la autoritaria reacción del Gobierno y los municipios. Hoy la discusión sobre la Superintendencia y la Ley de Subvención Preferencial sirven de fachada al descontento que los estudiantes expresan en sus últimas movilizaciones, las cuales, aprovechando el velo de ignorancia que los consorcios periodísticos promueven, comienzan a ser quirúrgicamente desarticuladas en base a violentos desalojos y expulsiones.



Tenemos a más de 200 estudiantes afectados por expulsiones, cancelación de matrículas o amedrentamientos y hay muchos más que quedan en el anonimato. Los jóvenes que se movilizan por sus derechos no pueden ser "criminalizados". Eso no lo resiste ningún sistema que se precie de democrático. Hoy se requiere de una solución urgente a esta situación de vulneración de derechos.



La admiración que en distintos políticos despertó la movilización del año pasado debiese promover una actitud que corresponda a las pomposas declaraciones hechas a favor de los jóvenes movilizados. Hoy, ante la complicidad de las autoridades con las expulsiones, queda en evidencia que su discurso es sólo retórica y que el "Gobierno ciudadano" está lejos de concretarse.

Estos dirigentes, partiendo por la Presidenta, que durante la Dictadura vieron pisoteados de la forma más brutal su derecho a la participación, debiesen defender a los jóvenes que hoy están construyendo la democracia. La justa demanda pública, la deliberación, el derecho a manifestarse y a participar de la cosa pública, son partes esenciales de una democracia moderna. La movilización social es la expansión de la democracia y mientras las autoridades en conjunto con la ciudadanía no comprendan esto, será el Estado, servil a las clases dominantes, el que monopolizará el uso de la fuerza "desalojando" cualquier intento de crítica. Solidaricemos con los jóvenes sancionados, no perdamos nuestra capacidad de asombro, el derecho a la educación y la construcción de un país verdaderamente democrático se juegan en situaciones como éstas.



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Jesús Redondo y Rodrigo Cornejo. Observatorio de Políticas Educativas, Universidad de Chile

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