A pesar de la gran felicidad de saber a los mineros con vida, sigue generando escozor el efecto causado por ciertas declaraciones reconociendo presiones sobre el accionar fiscalizador: molestia en algunos y gran sorpresa en otros, si bien lo dicho es absolutamente veraz y de amplio conocimiento público.

Todo ente regulatorio o fiscalizador recibe presiones y toma conocimiento de intereses, muchas veces en pugna, desde los diferentes sectores afectados. Lo importante, es que ellas no lo desvíen nunca de las responsabilidades que le asigna la ley ni a perder de vista la importancia de los bienes jurídicos que se deben proteger. Al menos, la Dirección del Trabajo durante varios años se caracterizó por ese sello, lo que es totalmente comprobable y bastante conocido.

Mayor es la extrañeza, cuando hoy se habla con gran soltura de la necesidad de regular el lobby político, como parte del quehacer de un Estado democrático; si bien, antes de legislar sobre este tema sería de máximo interés conocer la opinión de la ciudadanía.

Lo anterior sorprende aún más, cuando lo que sí debiera  preocuparnos son otros temas ineludibles, de ser cierto aquello que queremos construir una sociedad más justa, igualitaria y buena para todos. He aquí sólo algunas de muchas interrogantes.

¿Cómo es posible que un país con los grados de crecimiento económico alcanzados no protejamos mejor la vida en el trabajo? Los avances logrados en los últimos años, varios de ellos relevantes, no impiden que las cifras oficiales, sin capturar totalmente la realidad debido a un lamentable subregistro, sigan siendo escalofriantes. Durante el 2009 se registraron 443 accidentes fatales en los lugares de trabajo; en igual período, los registros -sólo de las mutualidades de empleadores-  arrojaron 191.685 accidentes de trabajo, incluyendo los de trayecto. En el período de enero a marzo del 2010, las vidas perdidas en iguales circunstancias ya ascendían a 155 personas. Los homicidios durante el 2009, producto de los logros en seguridad pública, alcanzaron la siempre triste cifra de 285 personas; sólo las víctimas fatales con ocasión del terremoto y tsunami de febrero pasado, son similares a las laborales en sólo un año. ¿Qué nos pasa como sociedad si hechos tan lamentables, salvo cuando se nos presentan en forma tan impactante, nos dejan impávidos? Pareciera ser que sólo las grandes catástrofes logran conmovernos.

Aunque no guste, los problemas en seguridad e higiene en el trabajo son constatables en todos los sectores productivos, cualesquiera sea su dinamismo o el  tamaño de la empresa. Estudios muestran que la gran Minería, a pesar de la alta tecnologización de sus procesos, con sus explotaciones en altura, jornadas excepcionales (por la ubicación de los yacimientos), ambientes contaminantes, colaciones en máquina, externalización de riesgos a través de la subcontratación y del suministro de trabajo en iguales o similares actividades que los trabajadores propios,  doblajes de turnos, etc., también genera riesgos evitables a la salud y vida de los trabajadores.

El crecimiento y expansión de la salmonicultura, con o sin virus ISA, se sustenta en la vida de los buzos mariscadores que laboran en los centros de cultivo, con altísima cantidad de trabajadores muertos (58, en menos de tres años) y en condiciones de trabajo lamentables en la industria: funciones repetitivas, en permanente humedad, sin contar la gran precariedad contractual, los bajísimos sueldos y las extenuantes jornadas.  Ello, con sus particularidades, se reproduce en la agro-industria, con el agravante del conocido fenómeno de los plaguicidas y pesticidas, el trabajo infantil, etc.; así como,  en otros sectores de actividad.

La pérdida de vidas, todas valiosas y evitables, sí debieran indignarnos; al igual que la poca valoración que se le otorga a las condiciones de trabajo, la discriminación laboral, la libertad sindical y los derechos laborales en general; a lo menos, saquemos lecciones provechosas de experiencias tan lamentables como la de los mineros de Atacama.