Para evitar una discusión valórica al interior de la Alianza, el gobierno optó por una campaña tibia, excesivamente cuidadosa, que no va a la raíz del problema. Se destinaron 340 millones de pesos y se creó un comité interministerial, con autoridades que más que diseñar comunicacionalmente la campaña, estuvieron ahí para poner los frenos conservadores.