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La educación pública y medias verdades de la reforma tributaria

por 4 mayo, 2012

Poner la opción privada como mecanismo igualador de oportunidades no sólo implica una transferencia del deber del Estado a asegurar educación pública de calidad, sino que legitima una respuesta de mercado a un problema social.
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El ministro de Hacienda nos instó en entrevista televisiva a no olvidar que si bien la reforma tributaria que presentó el Gobierno contempla un descuento tributario por educación privada, el grueso de lo recaudado será destinado a la educación pública. ¿Contribuye este fomento de la educación privada a la igualdad en educación? Depende.

Desde una acepción restringida de igualdad podríamos decir que sí seremos más iguales, porque el acceso al recurso social básico de la educación se hará más efectivo al facilitar el acceso a la opción de formación pública o privada. Cada cual será un poco más libre de escoger dónde educar a sus hijos.

Sin embargo, si la igualdad es definida considerando el lugar que las personas ocupan en el mapa social —el punto de partida de las personas no es el mismo, por lo que la igualdad formal es sólo una declaración de buenas intenciones— el apoyo estatal a la elección individual de un privado tiene el efecto de profundizar las desigualdades en, al menos, dos formas.

Poner la opción privada como mecanismo igualador de oportunidades no sólo implica una transferencia del deber del Estado a asegurar educación pública de calidad, sino que legitima una respuesta de mercado a un problema social.

En primer lugar, la posibilidad de que familias con ingresos de hasta 1.4 millones mensuales descuenten impuestos por pagos a planteles de educación privados, significa la consolidación del apartheid en la educación, como manifestó el director de Educación 2020. El descuento de hasta $200 mil por estudiante incentiva que el esfuerzo familiar por dar la mejor educación posible a los hijos se oriente a acceder a los planteles privados que la ofrecen. Que para la gran mayoría de la población la educación pública sea la única opción, la transforma en destino.

Pero, tal vez más subrepticiamente, facilitar el acceso a la educación privada como una alternativa de equiparación de oportunidades, marca un rumbo involutivo en el sentido y alcance de la igualdad. La equivalencia de campos —público y privado— oscurece el hecho que la educación es un bien público. Poner la opción privada como mecanismo igualador de oportunidades no sólo implica una transferencia del deber del Estado a asegurar educación pública de calidad, sino que legitima una respuesta de mercado a un problema social. Es como paliar las grandes injusticias salariales en nuestro país garantizando políticas públicas que den descuentos en los créditos de consumo.

Como se ha puesto de manifiesto en las últimas demandas sociales, la acepción restringida del principio igualdad no es suficiente. Es casi de perogrullo decir que el malestar social está ligado a la constatación de distancias entre promesas de distribución justa y sus limitados alcances reales. No basta con tener el derecho a la educación como enunciado de igualdad formal, sino que debe hacerse efectivo, lo que sólo es posible atendiendo al desigual punto de partida de cada cual y asegurando que las trayectorias sean efectivamente modeladas por la elección y no por la herencia o contexto.

A pocos molesta que las condiciones de vida de A sean mejores que las de B si éstas se produjeron por una trayectoria educacional voluntariamente diferente. Pero la legitimidad de esta repartición depende de que las personas tengan igual chance de seguir el camino que elijan. ¿Es la reforma tributaria propuesta por el Gobierno un paso positivo en esa dirección? No. El gasto público en educación privada es un espaldarazo al logro por herencia. Al parecer, el significado de la igualdad continúa siendo declarativo y la educación, el destino.

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