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Sin pies ni cabeza

por 12 mayo, 2012

Sin pies ni cabeza
La crítica al divisionismo soslaya otro aspecto de proyecciones aún mayores. Cualquiera sea el reconocimiento a las formas propias de asociatividad que se haya otorgado a las comunidades indígenas o las formas de organización que se les hayan impuesto, ninguna les ha transferido de modo efectivo formas de gobierno para ejercer soberanía sobre los territorios que, de modo residual, dejó la conquista y colonización del territorio mapuche.
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En un vespertino local se discutió la semana pasada acerca de las políticas indígenas en Chile. El trasfondo de esta discusión es el mismo que ha animado los doscientos años de historia que subyacen a la errática relación que el Estado chileno ha mantenido con el pueblo mapuche. Al declarar, en el siglo XIX, las tierras mapuche como fiscales, el Estado estableció sus prerrogativas sobre un vasto territorio que sólo en la imaginación de sus gobernantes les pertenecía. En adelante, lo que ha habido ha sido una represión sistemática, desde las incursiones de Saavedra en la Araucanía hasta los ataques a las escuelas de Ercilla, y usurpación de tierras, matizadas con algunos afanes proteccionistas de tanto en tanto.

Las políticas indígenas, inscritas en el lado B de la usurpación, han procurado destinar glosas del erario público para la satisfacción de ciertas necesidades básicas, la recuperación de algunos predios y la integración de los pueblos originarios al proyecto nacional. El modus operandi ha carecido, como es de esperar, de pies y cabeza: no ha habido representación efectiva del pueblo mapuche en la toma de decisiones que competen a su propia existencia, ni posibilidad alguna de formas de autogobierno o de gestión de sus propios recursos.

La crítica al divisionismo soslaya otro aspecto de proyecciones aún mayores. Cualquiera sea el reconocimiento a las formas propias de asociatividad que se haya otorgado a las comunidades indígena o las formas de organización que se les hayan impuesto, ninguna les ha transferido de modo efectivo formas de gobierno para ejercer soberanía sobre los territorios que, de modo residual, dejó la conquista y colonización del territorio mapuche.

El resultado es previsible. La institucionalidad pública opera como un centro de acopio a través del que se redistribuyen algunas prebendas intentando mantener clientelas que permitan, por una parte, asegurar escaños representativos para chilenos, y, por la otra, neutralizar eventuales conflictos que pudiesen suscitarse en el territorio indígena. El fracaso en ello invita a la ejecución del lado A de la relación, esto es, a la judicialización del conflicto y al empleo de la fuerza pública amparada por la aplicación de leyes de excepción.

La previsibilidad de este resultado se asocia a un cinismo inaudito en la expresión política que, en el concierto de la opinión pública chilena, asume la construcción del así llamado “problema indígena” o, como a otros sectores gusta llamar, la “cuestión mapuche”. Paso revista a dos afirmaciones que sostiene un grupo de senadores y diputados de la Araucanía (demás está decir que no hay ningún mapuche entre ellos). Se acusa, desde esa vertiente y entre múltiples querellas, a CONADI-Orígenes de no haber hecho nada en relación a los temas del agua y, además, de haber contribuido al divisionismo de las comunidades indígenas.

No es mi afán defender a la Concertación ni mucho menos a CONADI-Orígenes. Hace más de un decenio, cuando recién se lanzó ese programa, expresé públicamente críticas que no difieren mucho de las enunciadas por este grupo de representantes chilenos de la región de la Araucanía. Sin embargo, no parece en modo alguno legítimo levantar acusaciones de este tipo que no se hagan parte de la integralidad del problema y, más aún, desde sectores que sistemáticamente han sido parte —y lo siguen siendo— de la compleja situación a que el Estado chileno ha condenado a sus pueblos originarios.

La contradicción se hace evidente si se considera el tema de las aguas. Hace no mucho que las comunidades indígenas descubrieron que los esteros y ríos que siempre fueron considerados como parte de su territorio – pues de hecho lo eran - habían sido secretamente concesionados a terceros, cuestión ocurrida hacía más de una década y de la que los parlamentarios, en su momento, estuvieron perfectamente informados. El mercado especulativo de concesiones, en el marco de la privatización del agua, deja poco espacio para que las comunidades puedan reclamar derechos que hoy pertenecen a otros. Pareciera que legislar respecto de la nacionalización del agua fuese una política más razonable que llevar camiones aljibe a las comunidades mapuche.

De modo análogo, y también en relación a los cuerpos de agua, la trayectoria de los conflictos generados en los territorios del sur de Chile, indefectiblemente están asociados a la expansión forestal y a la generación hidroeléctrica, ambos procesos comandados por empresas que no han trepidado en usar todos los tipos de subsidios y beneficios fiscales que, vía parlamento, el Estado chileno les ha asegurado. Frente al caudal de recursos y fe pública que han beneficiado a tales empresas, la inversión en el mundo mapuche no es sino una migaja.

Se reclama por el divisionismo inducido en las comunidades indígenas por la vía de formas de organización distintas de las tradicionales. Indudablemente que la generación de juntas de vecinos, comunidades y asociaciones indígenas mucho ha tenido de clientelismo y una buena dosis de repartija (como también tuvo el “otorgamiento” de tierras a través de mercedes y títulos de comisario en la radicación). Condenable es que esa haya sido la tónica que el Estado privilegie en su relación con el pueblo mapuche. La crítica es justa pero soslaya dos aspectos cuya magnitud y trascendencia en todo superan los clientelismo de cada época. Las divisiones más profundas que atraviesan las comunidades mapuche son inducidas por empresas que procuran lealtades locales para la aprobación de sus proyectos mediante la compra de conciencias. Sean “endesinos” o lo que sean, las comunidades se saben enfrentadas hacia su interior por la profunda división que las empresas han introducido en ellas, a vista y paciencia de autoridades públicas —de este y de los gobiernos anteriores— amparadas en la convicción de que no les corresponde intervenir, “porque se trata de conflictos entre privados”.

La crítica al divisionismo soslaya otro aspecto de proyecciones aún mayores. Cualquiera sea el reconocimiento a las formas propias de asociatividad que se haya otorgado a las comunidades indígena o las formas de organización que se les hayan impuesto, ninguna les ha transferido de modo efectivo formas de gobierno para ejercer soberanía sobre los territorios que, de modo residual, dejó la conquista y colonización del territorio mapuche.

Sin pies ni cabeza es difícil avanzar. Entremedio, a nivel de la burocracia pública puesta a disposición de los políticos de turno, todo es posible, todo es criticable y todo es ambiguo. Habrá quienes agradezcan dádivas y quienes reconozcan progresos, otros denunciarán mezquindades y falencias, pero nadie en definitiva habrá asegurado representación política ni formas de autogobierno necesarias para una vinculación madura entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

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